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CSJ se declara en sesión permanente
Selección del presidente deberá realizarse a más tardar el viernes y podrán considerarse nuevos candidatos
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se declararon en sesión permanente, tal como lo ordenó la resolución del domingo de la Corte de Constitucionalidad (CC), con el fin de elegir a su presidente en un máximo de cinco días, lo que debe concretarse antes de las 20:00 horas del próximo viernes.
Esto, luego de que la máxima Corte ordenara la medida debido a impasse en el Pleno, que no ha logrado el mínimo de votos necesarios para designar al titular del Organismo Judicial (OJ) para el período 2024-2025.
La resolución de la CC responde a una solicitud de amparo otorgada al diputado Bequer Chocooj, en la cual se denuncia el incumplimiento en la selección de la autoridad de este poder del Estado.
La CC estableció que el presidente interino y vocal I, Carlos Rodimiro Lucero Paz, debía convocar en un plazo de 24 horas desde la notificación de la resolución. El principal punto debe ser la elección del presidente, y le advierte que cualquier incumplimiento podría ocasionar sanciones penales, e incluso la destitución de los involucrados.
“De no alcanzarse consenso en las propuestas actuales, podrán proponer otros postulantes para abrir nuevas opciones”, reza el fallo. Esta decisión permite incluir a otros togados, luego de que no se llegara a un acuerdo en las sugerencias de Lucero Paz y Carlos Contreras Valenzuela, quienes han sido votados sin reunir el apoyo necesario de nueve de los 13 titulares.
El experto en derecho constitucional, Édgar Ortiz, compartió en sus redes sociales que la CC busca corregir la percepción, sostenida por Lucero Paz, de que una presidencia interina bastaría para asegurar la
estabilidad del OJ.
“Una elección formal de un presidente de la CSJ es indispensable para cumplir con el mandato constitucional” y asegurar la validez del organismo, afirmó Ortiz, quien consideró que la decisión de la máxima Corte es coherente con el principio de continuidad en la administración de justicia.
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El parlamentario José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), expresó que la falta de acuerdo dentro de la Suprema afecta la legitimidad del órgano judicial.
“Es lamentable que la CC tenga que intervenir y ordenar una elección que debió haberse llevado a cabo por consenso interno. Esta situación refleja la falta de compromiso para alcanzar un acuerdo”, afirmó Chic.
AGN
El presidente Bernardo Arévalo realizó una gira de trabajo en Uspantán, Quiché, donde firmó una agenda de desarrollo integral entre las autoridades ancestrales del Consejo del pueblo Uspanteko y el gobierno de Guatemala.
Esta agenda busca poner énfasis en las necesidades del pueblo Uspanteko y poner en marcha planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo.
“Esta agenda no son expresiones de buena voluntad, son compromisos concretos, son objetivos de desarrollo, son metas para que las instituciones públicas trabajen junto a las autoridades y pueblo de Uspantán”, aseguró el presidente Arévalo.
Agenda de trabajo con Uspantán
La agenda incluye puntos sobre economía e infraestructura comunitaria, que incluye la reactivación económica comunitaria y los trabajos para mejorar y elevar de categoría el hospital de Uspantán.
Incluye, en ese aspecto, trabajar para una servicio de salud integral, poniendo atención en promover la dignificación de las comadronas.
Además, se busca velar por la educación, a través de becas y tecnología para escuelas.
La agenda de trabajo también hace un apartado especial por los derechos de los pueblos indígenas, atendiendo los problemas de conflictividad, acceso a energía eléctrica, pero también un análisis histórico para proteger los lugares sagrados y arqueológicos del pueblo Uspanteko.
EFE
La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en un caso por irregularidades en obras viales.
El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
El tribunal de alzada compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió hoy «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.
La expresidenta, que no estuvo presente en los tribunales, publicó este pasado martes un extenso comunicado en el que anticipó un fallo en su contra y denunció un intento de «proscripción» en su contra.
Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» es lograr su ihabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.
Además, denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron hoy su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).
Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó hoy el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados.
Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Baez -seis años de prisión-, el exsecretario de Obras Públicas José López -seis años- y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti -seis años-, entre otros.
Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.
EFE
El presidente Bernardo Arévalo de León, señaló que el “sistema de impunidad busca sobrevivir” y señaló principales retos para combatir la corrupción durante su primer año de Gobierno.
El mandatario guatemalteco afirmó que “el cáncer de la corrupción” no puede ser “erradicado” con facilidad porque dentro del Estado sigue existiendo “un sistema de impunidad que busca sobrevivir”.La declaración de Arévalo de León se dio durante la celebración del Congreso Internacional de Innovación, Coordinación y Participación Ciudadana, organizado por el sector privado, en un evento en el que también participó el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley.
“La principal de las trabas es el acoso permanente del Ministerio Público (Fiscalía)”, señaló el presidente, en referencia a las múltiples denuncias y procesos penales que existen en su contra y en contra de sus funcionarios.
“Desde que tomamos posesión en enero hasta el día de hoy cada gaveta que abrimos y cada archivo que leemos nos cuenta una historia de codicia, manipulación, descuido y descaro”, en referencia a las prácticas de sus antecesores.
Arévalo de León responsabilizó al Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) de “aprovechar” la pandemia de la COVID-19 para enriquecerse, así como de haber permitido otras estructuras de corrupción en instituciones públicas.
El presidente aseguró que el objetivo de su Administración es dejar antes de su salida, en 2028, “las bases de un sistema nacional anticorrupción” que permita limpiar los procesos de contratación en el sector público.
En 2023, Arévalo de León ganó las elecciones de forma sorpresiva, tras superar a los candidatos tradicionales que encabezaban las encuestas y de camino a su investidura enfrentó intentos judiciales de la Fiscalía por evitar su llegada al poder.
Entre enero y noviembre del presente año, el Gobierno guatemalteco ha interpuesto alrededor de 60 denuncias por actos de corrupción y anomalías en contratación de personal y construcción de obras de las administraciones anteriores.
