ECONÓMICAS
Crisis amenaza la inversión en obras
Las crisis políticas en Venezuela y Brasil han dejado a la deriva 2 proyectos, valorados en US $7 mil 600 millones (Q58 mil 596 millones) para: la construcción de una refinería y una central hidroeléctrica en Nicaragua.
Las crisis políticas en Venezuela y Brasil han dejado a la deriva 2 proyectos, valorados en US $7 mil 600 millones (Q58 mil 596 millones) para: la construcción de una refinería y una central hidroeléctrica en Nicaragua.
Las obras consisten en un complejo petroquímico que construiría Venezuela a un costo de US $6 mil 500 millones (Q50 mil 115 millones) y en una central hidroeléctrica de US $1 mil 100 millones (Q8 mil 481 millones), que se financiarían con recursos brasileños.
Ambos son parte de cinco megaobras que el presidente Daniel Ortega ha impulsado y que deberían haber concluido, o al menos ser visibles; este año, en que el mandatario se postula para una segunda reelección en los comicios de noviembre.
La idea era que sirvieran de proyectos insignia en apoyo a la continuidad del gobernante Ortega en el poder, dijo el exdiplomático y experto en derecho internacional, Roger Guevara.
El impacto
Según el Gobierno, las 2 obras podían generar 6 mil 500 puestos de trabajo directos y 18 mil 500 indirectos, y aliviar así el problema del desempleo, que afecta a no menos del 30 por ciento de la población económicamente activa.
Pero la recesión que golpea a Venezuela y Brasil, en medio de escándalos políticos y de corrupción, más los retrasos que han tenido ambas obras, han dejado los planes de Managua sin rumbo claro.
De acuerdo con Ortega, existe voluntad de continuar con estos proyectos que representan la mitad del Producto Interno Bruto del país.
Pero sus críticos, como el economista Edmundo Jarquín, creen que el Gobierno está jugando a la lotería esperando sacarse el premio mayor.
En detalle
La hidroeléctrica Tumarín, que se pretende construir sobre el río Grande, en el Caribe Sur, con capacidad para generar 253 megavatios, está a cargo del consorcio Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua, constituido en un 45 por ciento por la estatal brasileña Eletrobas, igual porcentaje por la empresa Queiroz Galvão y 10 por ciento por el Estado nicaragüense.
La obra fue aprobada por una ley que otorgó a los brasileños la construcción y operación de la planta por 39 años, concediéndoles privilegios fiscales, sin ninguna garantía en caso de incumplimiento.
La iniciativa tiene financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el Banco Centroamericano de Integración Económica y los socios.
Implicaciones
“Entiendo que el grupo inversor tuvo problemas para reunir el capital y después Queiroz fue salpicada por escándalos de corrupción en Brasil; manifestó Mario Arana, exministro de Economía.
Para Jarquín, la inversión siempre estuvo sobreestimada y los escándalos de corrupción en Brasil terminaron de sepultarlo.
La Refinería
En 2007, cuando el presidente Daniel Ortega retornó al poder, el entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez, colocó en Nicaragua la primera piedra para la construcción de la refinería, El Supremo Sueño de Bolívar y una petroquímica.
El complejo, valorado en US $6 mil 500 millones (Q50 mil 115 millones), está a cargo de la empresa Albanisa, en la que Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) tiene el 51 por ciento, y Petróleos de Nicaragua, el 49 por ciento.
La planta produciría 150 mil barriles de crudo al día, 4 veces la demanda nacional y la mitad del consumo diario de Centroamérica.
“Se iba a financiar con las ganancias del dinero del petróleo que Nicaragua obtiene de Venezuela, como parte de un arreglo preferencial y un aporte de PVDSA”, explicó Roger Guevara, exembajador en Caracas y experto en derecho internacional.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó el tercer foro de vivienda, un encuentro para abordar el déficit habitacional en Latinoamérica, que reunió a autoridades de Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Argentina.
En un panel sobre la materia, la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, Tatiana Gallego, dijo que “América Latina y el Caribe tienen un rezago de casas dinámico, que desde el BID calculamos que afecta al 45 por ciento de la población”. Esta cifra es más importante desde un punto de vista cualitativo que cuantitativo, señaló.
“Estimamos que un 95 por ciento, más o menos del total, es de calidad y, además, muy urbano, porque más del 80 por ciento de la población vive en ciudades”.
Erick Hernán Rosales, viceministro de urbanismo del país, lo cifró en un 69 por ciento, mientras que la viceministra de República Dominicana, Vivian Reyes, lo elevó al 70 por ciento y mencionó la difícil burocracia como otro impedimento en la reducción de la falta de residencias.
El Comité de Usuario de Datos Abiertos fue relanzado ayer por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), como un espacio de diálogo social con participación de centros de pensamiento, universidades y medios de comunicación, que utilizan la información que la cartera ofrece.
Esta instancia ya fue establecida legalmente y la idea es que comiencen a activar conversaciones para mejorar la oferta que tienen en datos abiertos. Uno de sus objetivos será que en este semestre se haga un rediseño y actualización del portal, a partir de esa retroalimentación.
Carlos Augusto Melgar, viceministro de Finanzas Públicas, explicó que la oferta de datos del ministerio es variada, pero, principalmente se concentra en presupuesto y ejecución. También hay muchas solicitudes de proyectos de inversión y en contrataciones públicas.
Jorge Lavarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), vio como positivo el retomar este espacio, que se había dejado de convocar a la sociedad civil y destacó que la idea que les manifestaron es tomarles en cuenta sus opiniones y mejorar la auditoria social.
“Algunas de las recomendaciones que se hicieron fueron las que iban en la línea de generar información en espacios que hoy no se incluyen, como las metas físicas y objetivos que se planifican y sobre todo tener una mayor vinculación entre los datos financieros y los resultados”, agregó el académico.
Una de las obligaciones que tiene la cartera es optimizar la disponibilidad de datos en los ámbitos fiscales, para que cualquier persona pueda conocerla, así como organizaciones
sociales, centros de investigación y periodísticas tengan fuentes fidedignas.
ECONÓMICAS
Restaurantes se quejan por alzas
Verduras, lácteos, carnes y frutas son más caras, aseguran los empresarios.
El sector de restaurantes de tenedor, que aporta alrededor de 4.5 por ciento al producto interno bruto, reconoció ayer que no pasa por su mejor momento. Estos negocios se han visto afectados por los incrementos de los insumos que componen sus platos de comida. Al menos, así lo afirmó ayer Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes.
Están molestos por las alzas en vegetales, carnes, lácteos y verduras. Algunos productos
han subido entre un 40 y 50 por ciento. La culpa, dice el empresario, está en los costos del
transporte.
Según Az, el gremio dialoga con la cadena productiva, a fin de ver cómo evitar mayores alzas de sus ingredientes básicos, y no caer en crisis.
Escasez de empleados
Los empresarios manifiestan que, al igual que el sector construcción, en la industria restaurantera también hay déficit de trabajadores. Les cuesta encontrar personal, pues este año ha habido más migración hacia Estados Unidos.
Para suplir el faltante de colaboradores, han hecho alianzas con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para reclutar obreros especializados en esta rama productiva. “Ahora debemos ser más ingeniosos, no podemos trasladarles el costo a los consumidores porque dejarían de llegar. Aún no hay cierres, estamos resistiendo e innovando, pero de mantenerse así, pueden elevarse los costos de ir a comer fuera de casa”, concluyó el presidente de la Gremial.
