En los últimos años, el Estado guatemalteco desatendió las reparaciones y resarcimientos de víctimas, los cuales han sido ordenados por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que incluye un componente económico y otro no monetario. Además, eludió acuerdos de solución amistosa a los que se había comprometido.

Reducir esa presa de incumplimientos y evitar que siga creciendo es lo que busca una estrategia que abarca de 2024 a 2028 conocida y aprobada en la primera reunión ordinaria de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), realizada a principios de junio pasado, en la que participaron el presidente Bernardo Arévalo y varios ministros.

El plan busca restituir los derechos conculcados, reconocer a las víctimas y dignificarlas, restablecer condiciones políticas para la reconciliación, evitar gastos derivados del retraso en pagos comprometidos y facilitar la transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de dichas obligaciones.

Ante la “Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado no ha cumplido con el pago que hoy asciende a, aproximadamente, 205 millones de quetzales por diferentes expedientes, que suman más de 17”, afirmó Osvaldo Samayoa, director ejecutivo de la Copadeh.

De momento, las autoridades no cuentan con ese dinero, pero existe la voluntad de buscar los recursos económicos y programar pagos durante los cuatro años siguientes. Por ahora, se informó, se ha empezado a cumplir con otros mecanismos de reparación ordenadas por entidades regionales de Derechos Humanos.

Voluntad política

En este contexto, el 8 de marzo el mandatario Arévalo presidió un acto de disculpas públicas a la familia de Claudina Isabel Velásquez Paiz, asesinada el 13 de agosto de 2005.

El gobernante reconoció la responsabilidad del Estado de incumplir con la protección de la vida e integridad de las mujeres y reiteró el compromiso de consolidar las garantías de no repetición.

Dieciocho días después, el Presidente pidió perdón en Washington, Estados Unidos, a la familia de María Isabel Véliz Franco, quien fue asesinada cuando tenía 15 años.

La menor desapareció el 16 de diciembre del 2001 y un día después la madre lo denunció, pero se encontró con la indiferencia y los procedimientos lentos del sistema, los cuales establecían que debía esperar entre 24 y 72 horas para oficializar la queja. El cuerpo sin vida de Véliz Franco fue encontrado el 18 de ese mes, en Mixco.

“Han reducido las compensaciones económicas para resarcir de otras maneras; por ejemplo, pedidas de disculpas públicas, construcción de monumentos o trabajar, psicológicamente, en comunidades donde ha desaparecido alguien. Todos esos eventos son parte de un programa que dignifica a las víctimas y deben integrar el plan a desarrollarse, no solamente lo monetario”, remarcó Samayoa.

La apuesta

Actualmente, están en proceso 292 casos que han sido denunciados ante el Sistema Interamericano por violaciones a los derechos humanos, pero no han llegado a la Corte IDH y, por lo tanto, aún no hay sentencias.

De esa cuenta, el Estado apuesta por negociar y tener una solución amistosa. “Damos prioridad (a ese mecanismo), a fin de evitar que el Estado siga siendo condenado internacionalmente, pero es más importante que las víctimas accedan, de manera pronta, a un proceso de asistencia. Esta vía siempre lleva un componente económico, pero puede ser menor al que la Corte podría imponernos”, destaca el entrevistado.

Los casos sin sentencia incluyen asesinatos en donde la justicia fue retardada, desaparecidos durante el conflicto armado, reconocimientos de derechos de pueblos indígenas y negligencia en investigaciones penales, entre otros.

Samayoa detalló que se definieron dos líneas de acción: “La primera, con la que hemos empezado, es con aquellos casos donde ya había algún adelanto de diálogo de solución amistosa, que quedó en el olvido. El otro criterio es el acercamiento de las propias víctimas”, para ver cómo marcha su expediente.

Existe una tercera vía, que se está construyendo, que es definir qué denuncias sí se pueden cumplir de manera pronta y proponerle a las víctimas soluciones amistosas. “Construimos la metodología para hacerlo bien, que no parezca que excluimos, sino que estamos, con criterios objetivos, haciendo las
selecciones”, remarcó el funcionario.

Mejorar rendición de cuentas

De acuerdo con el entrevistado, se impulsarán acciones para transparentar los pagos y facilitar la auditoría social. Uno de ellos es la creación de un renglón presupuestario, en el manual técnico del Ministerio de Finanzas Públicas, donde se identifiquen los arreglos sobre garantías y paz.

El otro es añadir, en la Política Nacional de Derechos Humanos que se está redactando, la creación de un clasificador presupuestario para este fin. Este último debe pasar por el Congreso de la República y el otro no, pues depende de la voluntad política del Gobierno, explicó.

Valoran disposición

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), calificó de positivo el deseo de la actual administración de cumplir con las condenas internacionales ignoradas en los últimos 12 años.
Señaló que “los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei nunca respetaron esas obligaciones que tiene el Estado, fundamentalmente, porque se alinearon con grupos que han promovido la impunidad en el país”.

También, consideró que “es un reto grande puesto que el rezago abarca tres períodos gubernamentales”. Ese desacato, opinó, le cierra espacios al país y citó, por ejemplo, que profesionales del derecho difícilmente pueden optar a puestos importantes en organismos extranjeros.

Rosalina Tuyuc, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), indicó que resarcir y reparar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos es una necesidad, pero, sobre todo, una responsabilidad del Estado.

“Durante mucho tiempo se esperó que se honren los compromisos que se han adquirido y se espera que en este Gobierno sea más comprometido” con las sentencias, agregó.

Remarcó que, lamentablemente, mientras no se deje de vulnerar los derechos de los guatemaltecos, más abusos se van a seguir conociendo. “Si hay voluntad, se van a detener los flagelos”, subrayó Tuyuc.

Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), comentó que se otorgaron medidas cautelares que él gestionó a favor de cuatro comunidades, que fueron desalojadas en Izabal, Baja Verapaz y Petén. Sin embargo, no se han cumplido.

“Con las dos gestiones anteriores no se hizo prácticamente nada; es más, intentaron quitarlas. Valoramos mucho la voluntad del actual Presidente de la República y esperamos que esta situación se cumpla de inmediato por la urgencia que tienen las comunidades vulneradas”, acotó Juracán.

“Se fortalecen los procesos democráticos”

¿Por qué es importante cumplir estas sentencias?

Porque reconcilian.

¿Tienen identificados los recursos económicos?

Tradicionalmente, lo que ha hecho el Estado de Guatemala es nutrirse de la falta de ejecución que se tiene a fin de año, que se va al Fondo Común o lo que los ministerios trasladan para el cumplimiento.

¿Los 205 millones de quetzales son obligatorios?

Esos están sentenciados, todavía no tenemos el monto económico para repararlo, pero los estamos buscando, por supuesto.

¿Cómo ve que las administraciones anteriores dejaron de hacer los reconocimientos económicos y no económicos?

Es una cuestión intencional orientada a propósitos de impunidad, pero también a olvidar un pasado reciente que no nos debería polarizar, sino reconciliarnos.

¿Tienen pensado tomar el dinero de lo que no se ejecuta y de lo que trasladan los ministerios?

Si se puede, sí. También, hemos pedido una ampliación de presupuesto para la Comisión, para poder resarcir.