EDITORIALES
Condiciones para la inversión son cada vez más óptimas
El encuentro que tuvo el presidente Bernardo Arévalo con representantes de la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (Ascabi) le permitirá a la comunidad internacional validar los cambios democráticos y los esfuerzos por transparentar las instituciones públicas que Guatemala impulsa desde el 14 de enero pasado a la fecha.
En el intercambio, que convocó a las naciones que aglutinan el 40 por ciento de las exportaciones, el 65 de las importaciones y el 37 de la inversión extranjera, el mandatario detalló los avances de las políticas públicas que buscan facilitar el comercio con el mundo.
En este sentido, resultó importante su visión de que el Estado debe concentrarse en simplificar la venida de capitales mediante el fortalecimiento del Estado de derecho y la certeza jurídica, condiciones que generan confianza entre los empresarios y los organismos de cooperación.
Los llamados a invertir que ha hecho el binomio que integran Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera en diferentes espacios no han caído en saco roto. De hecho, en mayo recién pasado, Walmart comunicó que en los próximos cinco años traerá 700 millones de dólares, que permitirán crear 3 mil 500 empleos directos. Ayer, el Presidente anunció que en breve abrirá en el país la planta de almacenamiento y distribución de gas más grande de Latinoamérica, la cual dejará beneficios sociales y económicos incalculables.
Esta semana, Arévalo también informó que mediante un esfuerzo público-privado, en julio se empezará a construir la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, que implicará ejecutar 140 millones de dólares, algo más de 1 mil millones de quetzales.
Desde siempre, Guatemala es reconocida por su riqueza natural, así como por el esfuerzo y emprendimiento de sus ciudadanos, fortalezas que habían sido opacadas por la desvergüenza de sus anteriores autoridades, que fueron marginadas como interlocutores válidos del país. Hoy, el mundo percibe y ve un pueblo unido, que tiene un único fin: el desarrollo y la prosperidad integral e inclusiva.
Además de dejar en trapos de cucaracha la infraestructura vial y crear una estructura que saqueó al país, los anteriores gobiernos, aunque especialmente los tres últimos, ignoraron compromisos morales que asumió el Estado, razón por la cual es indispensable que estos comiencen a saldarse a favor de las víctimas a quienes se les han violentado sus garantías más elementales.
Concretamente, en los pasados 12 años (períodos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei), Guatemala no solo ha incumplido 17 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sino que acumuló otros 292 procesos que, de no esclarecerse, implicarían más castigos y sanciones internacionales para el país.
Asumir la responsabilidad de afrentas e injusticias es también una cuestión de honor y empatía, sobre todo cuando gobernantes y gobernados están conscientes de que, en casos como el actual, la justicia ha estado sometida a grupos fácticos y mafiosos, que necesitan la complicidad de fiscales y jueces para esconder sus fechorías y enriquecimientos desorbitados.
El primer paso para corregir las desatenciones pasa por crear una estrategia que le permita a la nación retribuir los daños. De esa cuenta, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) definió un mecanismo que incluye reparaciones monetarias y simbólicas y también el ofrecimiento de disculpas públicas como las ya realizadas por el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, en Palacio Nacional de la Cultura y en Washigton, D.C, capital de Estados Unidos, a las familias de dos niñas a las que se les segó la vida y a quienes nunca se les hizo justicia.
El camino para acatar estas obligaciones será complicado, sobre todo porque la renuencia de los gobiernos pasados evitó que se crearan las partidas presupuestarias que faciliten contar con los recursos que requieren las acciones para compensar a los afectados. Sin embargo, ya es tiempo de que se retribuya a las víctimas o a sus familiares, aunque el crimen haya sido cometido en otros tiempos y por personas a las que ha protegido el sistema.
El Informe sobre Paridad de Género 2024, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), reconoce los esfuerzos de la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera de reducir una brecha que causa vergüenza propia y ajena.
La manera en que se conformó el Gabinete de Ministros fue la primera muestra de la visión participativa e inclusiva de las nuevas autoridades. A este primer paso le siguieron nombramientos de féminas en viceministerios, subsecretarías y direcciones del Organismo Ejecutivo y, más recientemente, las designaciones de gobernadoras departamentales.
Si bien es cierto que involucrar a mujeres en entidades estatales que se encargan de definir y llevar a cabo políticas públicas es un acto de convicción de Arévalo y Herrera, no se puede ocultar que desde hace muchos años el mundo viene avanzando en ese sentido, aunque la
ceguera de nuestras anteriores autoridades evitó que se percataran de ello.
En Latinoamérica, 13 ciudadanas han sido electas para dirigir los destinos de sus naciones, ocho de ellas en lo que va de este siglo. Adicionalmente, el pasado 2 de junio, el pueblo de México eligió a su primera mandataria de la historia, en una muestra de que el mundo empieza a dejar atrás los prejuicios que impedían que damas competentes aspiraran a cargos de relevancia en los distintos ámbitos sociales.
De hecho, en 67 años de existencia, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la cúpula empresarial de Guatemala,
designó a una presidenta, cargo que recayó en Carmen María Torrebiarte.
Es evidente que el mundo cambia y Guatemala también, y aunque falta mucho para alcanzar el equilibrio justo y necesario en las esferas de poder, es esperanzador que la llegada de la segunda vicemandataria del país, alguien que a diferencia de su antecesora, demuestra que con preparación, honradez y trabajo podrá abrirle espacios a miles de sus congéneres que empiezan a creer que los compatriotas dejaron de pensar que los pantalones y las corbatas hacen la diferencia intelectual y moral que demandan los pueblos.
La descripción que hace el presidente Bernardo Arévalo sobre los lujos que tenían los reos en el Centro de Alta Seguridad Canadá, El Infiernito, no termina de asombrar, pese a historias similares que la prensa ha contado en los últimos 20 años sobre los beneficios que se han recetado los convictos, quienes, se supone, han contado con la complicidad de funcionarios y agentes.
De acuerdo con el mandatario, en El Infiernito los detenidos, en su mayoría integrantes del Barrio 18, instalaron un sistema de fibra óptica que les facilitaba acceso a internet y a transmisiones televisivas. Además, disponían de piscina y habían ordenado construir y reconstruir espacios que habitaban. En ese mismo punto, cuando el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomó el control, el 2 de junio pasado, se descubrieron jaulas con diversa clase de animales exóticos, además de escondites donde guardaban dinero y armas.
Hoy, esta administración tiene la responsabilidad de retomar el dominio del Sistema Penitenciario (SP), compromiso que por ineptitud, temor o corruptela las anteriores autoridades evadieron. El pueblo demanda que los penales dejen de ser hoteles cinco estrellas o centros que permiten planificar extorsiones, secuestros o asesinatos.
La tarea es compleja y llevará tiempo, pero lo importante es que ya se inició y no tiene marcha atrás. De hecho, el jefe de Estado estima que en algunas semanas la nueva prisión reciba a delincuentes altamente peligrosos, quienes tendrán los controles pertinentes a la calidad de sus crímenes y que priorice la protección de los custodios y sus familias.
Por lo menos desde 2001, la prensa registra noticias que dimensionan el fracaso en la construcción de un SP que permita reincorporar socialmente a los condenados. Fugas masivas peliculescas, jolgorios y vidas a cuerpo de rey caracterizan un sistema que está en deuda con los electores, del cual depende buena parte de la tranquilidad de los ciudadanos decentes y trabajadores, que conforman la inmensa mayoría de guatemaltecos.
De esa cuenta, cerrar las cárceles convertidas en hoteles cinco estrellas es el comienzo de un proceso llamado a terminar con los privilegios y la impunidad reinantes.
