Parte II
El desmantelamiento de la Dirección General de Caminos (DGC), ocurrido a finales de los años noventa, desató un engranaje que administraciones pasadas aprovecharon para que los sobornos y extorsiones se convirtieran en el modelo de negocios en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), lo cual se evidencia con investigaciones penales y procesos abiertos (algunos ya cerrados por el sistema de justicia) en los tribunales.
La desmonopolización, cimentada y expandida durante la administración del presidente Álvaro Arzú (1996-2000), que gradualmente se convirtió en una pérdida de capacidades de la DGC, creó una deuda que, años después, sería la base de un sistema que permitió el saqueo del erario.
En la primera entrega de esta investigación periodística, publicada ayer, se destacó que durante el mandato de Arzú se concretó el proceso de desmantelamiento de las capacidades del Estado para construir y mantener la infraestructura vial.
La desincorporación de entidades públicas, que inició con Ramiro de León Carpio (1993-1996), se resumió en siete disposiciones legales que abrieron la puerta a falta de regulación, contratos y saqueo institucional en la inversión pública de carreteras.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), formuló que el problema con este control de la red vial fue “cómo se utilizó la contratación privada para propiciar actos” reñidos con la ley.
Sandoval, quien hoy vive en el exilio tras la persecución emprendida por el MP, amplió que, posterior a que el Estado se debilitara en sus capacidades, con la concesión de caminos y carreteras, este acumuló compromisos financieros con las empresas que se hicieron cargo de la reparación o construcción de vías.
“Fue realmente una cooptación o una captura institucional que se acreditó en diversos niveles de autoridades”. Julio Flores Comisionado contra la Corrupción
“Lo que pudimos verificar en la investigación es que, a partir de 2008, el Estado empieza a retrasarse en los pagos; entonces, las constructoras, para sobrevivir, exigían cobros multimillonarios”, señaló.
La deuda, según detalló Sandoval, fue utilizada por ministros de Comunicaciones de gobiernos anteriores, quienes “insertaron estructuras criminales en la cartera para exigir sobornos a cambio de realizar los desembolsos”.
Precisó que a este mecanismo de coacción utilizado por funcionarios de aquella época se le denominó deuda de arrastre.
El caso más evidente de la referida modalidad es Construcción y Corrupción que, según el informe presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el 14 de julio de 2017, identificó sobornos, empresas de cartón y lavado de activos.
Según la Cicig, esta estructura de corrupción habría sido liderada por el excandidato presidencial y titular del CIV Alejandro Sinibaldi. Abraham Girón, su abogado defensor, argumentó que a su patrocinado se le procesó penalmente por ser, en ese entonces, ministro de Estado y con pretensiones presidenciales.
“Los señalamientos surgen por un interés sociopolítico. La información no fue corroborada ni verificada y, por eso, cuando se profundiza en los detalles de lo procesal estos se caen”, remarcó.
En ese sentido, aseguró que en 2024 el caso tuvo una resolución de sobreseimiento a favor de Sinibaldi, lo cual, afirmó, “genera un efecto como si fuera sentencia de carácter absolutorio”.
La versión de la Cicig
Sandoval, quien lideró dichas investigaciones, recordó que, en ese entonces, se “identificaron empresas de cartón que simulaban servicios y registraban sumas millonarias”.
“Las facturaciones las ejecutaban para justificar las anomalías que recibían en el ministerio. De acuerdo con lo que documentamos y tuvimos a la vista, la mayor parte de esos sobornos pagados era a cambio de que el CIV liberara la deuda de arrastre”, reiteró el exfiscal.
Anotó que el término “deuda de arrastre” refiere a la mora del Estado originada por contratos con constructoras que, según investigaciones de la Cicig, permiten financiar campañas políticas.
Especificó que las indagaciones demostraron que las empresas de cartón cumplían con el papel de “ventanilla especial”, donde los constructores depositaban esa exigencia y, posterior a ello, se cancelaba o se adjudicaban nuevos proyectos. “Este esquema paralelo era el que movía las decisiones sobre cómo y a quién les pagaba el CIV. Las compañías que no entraban en el esquema quedaban en una real desventaja frente aquellas que habían entregado cantidades millonarias para asegurar los desembolsos”, anotó la Cicig en el informe del 14 de julio de 2017.
“Las facturaciones las ejecutaban para justificar sobornos que recibían en el CIV. De acuerdo con lo que documentamos, la mayor parte de esos pagos era a cambio de que el CIV liberara la deuda de arrastre”. Juan Francisco Sandoval Exjefe de la FECI
Ocultar el dinero
El exjefe de la FECI también manifestó que en los pagos de los contratistas a autoridades de la cartera se detectaron modalidades distintas a las empresas de cartón. Detalló que una de las formas era vía offshore (operaciones, activos o empresas ubicadas en jurisdicciones diferente al país de origen para aprovechar beneficios fiscales o de confidencialidad), en la cual se transfería el dinero a cuentas en el extranjero para no dejar rastro en Guatemala.
“En el caso de Sinibaldi, en una segunda fase, logramos establecer como Solel Boneh y SBI International Holdings (misma empresa) pagaba a sociedades offshore la deuda de arrastre”, precisó.
Al ser consultada sobre los señalamientos, la empresa respondió: “Agradecemos la buena voluntad del diario de comunicarse con nosotros, pero mejor nos vamos a abstener de emitir cualquier tipo de comentario. Lo que se tuvo que haber probado en su momento, se probó”.
Otra investigación de la Cicig, publicada el 14 de agosto de 2018, refiere: “Las transacciones se justificaron con la simulación de contratos de asesoría y de préstamos con las entidades Calatraba OIL & Energy Corporation, representada por Delfo Cepollina y Lenneberg Investment Corporation, representada por Juan Arturo Jegerlehner, utilizadas por Alejandro Sinibaldi Aparicio para la recepción de las coimas en cuentas bancarias en Panamá”.
En el caso Odebrecht, en el que se le adjudicó a la referida firma la rehabilitación y ampliación de la ruta CA-2 Occidente, la Cicig identificó que entidades fuera de plaza se usaron para efectuar concesiones de servicios que no fueron prestados, con el fin de transferir los desembolsos.
Los beneficiarios de las cuentas, añade la investigación de la Cicig, habrían sido personas vinculadas a Sinibaldi, Carlos Batres y Manuel Baldizón. Saúl Zenteno, abogado defensor de este último, argumentó que su patrocinado, en ese momento, “no ejercía ninguna función pública”, por lo que, agregó, “no tenía la posibilidad de incidir en el Congreso para que se aprobara la posibilidad de un contrato con Odebrecht”.
Zenteno añadió: “No se pudo evidenciar que él (Baldizón) formara parte de una estructura criminal”. En 2024, la jueza Abelina Cruz Toscano absolvió al expresidenciable del proceso.
En las indagaciones de la Cicig trascendió que otra modalidad de erogaciones ilícitas fue por medio del financiamiento electoral. “Sinibaldi pedía que el dinero lo aplicaran a financiar la campaña o algún partido político. Además, otra forma era invertirlo en la adquisición de bienes”, resumió Sandoval, al tiempo que advirtió otro mecanismo: el efectivo que, subrayó, “es muy difícil de localizar”.
En ese sentido, hizo alusión al descubrimiento de 22 maletas con 122 millones de quetzales. En esta situación se involucró a José Luis Benito, ministro de Comunicaciones en la gestión de Jimmy Morales (2016-2020), luego de un allanamiento en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en 2020.
“Él (Benito) declaró en su momento que, debido a que se habían descubierto los esquemas financieros utilizados, optaron por la modalidad antigua: el efectivo, para no dejar evidencias”, contó Sandoval.
El letrado defensor de Benito, Jonathan Villatoro, negó las declaraciones. Además, actualizó que su patrocinado aceptó cargos en 2024 y está pendiente que lo remitan a un juzgado de Ejecución.
El origen
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opinó que tras la creación de fideicomisos como el Fondo Vial y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) en 1996 y 1997 (durante el gobierno de Arzú), respectivamente, estos se convirtieron en atajos con el argumento de agilizar la ejecución presupuestaria.
“Ello permitió que personas que no son funcionarios públicos tomaran decisiones y firmaran contratos y no eran cuentadantes y tampoco estaban sujetas a la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos”, anotó Barrientos.
Explicó que luego de ejecutar el fideicomiso, los negocios no quedaban sujetos a los controles de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que “ese es el origen de la corrupción. Un atajo que se quiso hacer con el argumento de agilizar la ejecución”.
Hizo ver que, posterior a la creación de fideicomisos, surgieron sectores emergentes de contratistas viales que se convirtieron en “estamentos del poder político local, alcaldes, diputados, gobernadores y financistas de campañas, con quienes algunos exempleados de Caminos comenzaron a asociarse”.
“Ese es el origen de la corrupción (creación de fideicomisos): un atajo que se quiso hacer con el argumento de agilizar la ejecución de obras”. Ricardo Barrientos Director ejecutivo del Icefi
A decir de Barrientos, estos hechos se intensificaron en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). “En ese entonces se da, por primera vez, la mezcla de campañas electorales locales y los contratos de obra pública”, refrendó.
Se intentó contactar por llamada y se consultó la postura por mensaje al expresidente por el partido Frente Republicano Guatemalteco, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Corrupción sistemática
El director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, recordó que al saqueo de fondos que se encontró en el Ministerio de Comunicaciones se le denominó “sistemático”.
“Hacemos referencia porque fue realmente una cooptación o una captura institucional que se acreditó en diversos niveles de autoridades”, puntualizó.
Señaló que los casos más comunes que han detectado refieren pagos hechos por el Estado de obras que no se realizaron. En tal sentido, resaltó que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha reforzado las medidas de prevención y ha creado la Oficina de Asuntos de Probidad en el CIV, en la cual se presentan denuncias.
“Se están implementando controles respecto a adquisiciones de baja cuantía y compra directa, así como en las bases de contratación y cotización”, finalizó.
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