¿Cómo fortalecernos?

El tema de discapacidad ha sido abordado por el Estado de Guatemala desde 1975.

Una de las interrogantes que plantea el listado de cuestiones para el examen de país, que Guatemala atenderá el 22 y 23 de agosto en Ginebra, Suiza, respecto del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se refiere a las acciones del Estado para el fortalecimiento del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conadi), esfuerzo en el que se han realizado importantes acciones, pero no son suficientes para afirmar que el país cuenta con una institucionalidad fortalecida.

Para quienes se constituyen fácilmente en detractores de Gobiernos y dirigencias de grupos minoritarios y afirman que en el país no se hace nada, que no se da cumplimiento a compromisos que el Estado asume en la ratificación de convenios y tratados internacionales, sobre temas específicos, pero hay otros que reconocen y valoran los pasos dados, aunque estos resulten mínimos en relación a la magnitud de las necesidades.

En lo que se refiere a los asuntos de discapacidad, es importante indicar que se ha abordado el tema por parte del Estado, tras la Declaración Universal de los Derechos de los Impedidos en 1975, con programas y servicios ejecutados desde la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, así como los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, Salud Pública y Educación, instituciones que conformaron la Comisión Nacional de los Impedidos  (Conasi). Con la inclusión de representantes del movimiento nacional de personas con discapacidad en estas instancias, se empezaron a fortalecer las diferentes acciones, dando lugar, entre otros, a la aprobación del Decreto 135-96, la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, instrumento que constituye la ley orgánica del Conadi, institución considerada de buenas prácticas, por propiciar la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil junto a delegados del sector público, en la toma de decisiones.

Cuando el Conadi dio inicio con su actividad en 1997, no contaba con ningún recurso financiero, por lo que sus dirigentes debieron realizar innumerables gestiones para obtenerlo del Estado, mismo que se fue incrementando gradualmente hasta llegar a 13 millones de quetzales en 2016 y a 14.5 millones para el 2017, cantidad que seguirá siendo insuficiente para atender y satisfacer las demandas y necesidades de la población con discapacidad del país.

De acuerdo con los techos presupuestarios publicados por el Ministerio de Finanzas Públicas, que deberán observar todas las entidades del Estado para su planificación y ejecución del próximo ejercicio fiscal, el Conadi en los siguientes 5 años contará anualmente con un incremento de 500 mil quetzales en su presupuesto, llegando al 2021 a 16.5 millones, por lo que la interrogante de la ONU sobre el fortalecimiento del Conadi, indudablemente incluirá esta respuesta.