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Cinco detenidos por lavado de dinero mediante compra de autos
Cinco personas, entre ellas cuatro mujeres, fueron capturadas hoy por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público por el delito de lavado de dinero, mediante un fraude en la compra de vehículos.
Las capturas se registraron durante allanamientos en Guatemala, Jalapa y San Marcos, por una investigación que estableció la compra de vehículos en pagos fraccionados en un mismo día o día continuos, incluso en algunos casos en pocos minutos entre una y otra operación, por medio de transacciones bancarias.
El Ministerio Público explicó en un comunicado que la pesquisa que originó las detenciones se realizó por una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, el 4 de septiembre de 2018.
La denuncia, precisó, dio cuenta de la adquisición de vehículos mediante pagos estructurados en efectivo, sin que las personas tuvieran un perfil económico o legal para su compra, y carecer de una actividad comercial.
Los pagos se hicieron en operaciones fraccionadas sin superar los US $10 mil o su equivalente en quetzales, para evitar los controles de antilavado de dinero, y los vehículos fueron comprados entre el 27 de julio de 2015 y el 16 de septiembre de 2016.
Una de las capturadas, Alma Yesenia Aguilar Reyes, compró un automotor modelo 2016 por un monto de Q207 mil 900, mientras que Madian Aguilar Suruy, 2 modelo 2017, con precios de Q228 mil 900 y Q127 mil 350, respectivamente.
La fiscalía añadió que Marta Luz Flores Yoc adquirió un vehículo modelo por un monto de Q378 mil 955, Rosa Nelly Lorenzana Pérez, uno por Q182 mil, y Rolando Alberto López Portillo adquirió uno por Q335 mil 868.
El Ministerio Público aseguró que durante la investigación se estableció que los vehículos fueron adquiridos, en un 93 por ciento, en pagos en efectivo, aunque no detalló de dónde procedía el dinero.
*Con información de EFE.
AGN
El presidente Bernardo Arévalo realizó una gira de trabajo en Uspantán, Quiché, donde firmó una agenda de desarrollo integral entre las autoridades ancestrales del Consejo del pueblo Uspanteko y el gobierno de Guatemala.
Esta agenda busca poner énfasis en las necesidades del pueblo Uspanteko y poner en marcha planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo.
“Esta agenda no son expresiones de buena voluntad, son compromisos concretos, son objetivos de desarrollo, son metas para que las instituciones públicas trabajen junto a las autoridades y pueblo de Uspantán”, aseguró el presidente Arévalo.
Agenda de trabajo con Uspantán
La agenda incluye puntos sobre economía e infraestructura comunitaria, que incluye la reactivación económica comunitaria y los trabajos para mejorar y elevar de categoría el hospital de Uspantán.
Incluye, en ese aspecto, trabajar para una servicio de salud integral, poniendo atención en promover la dignificación de las comadronas.
Además, se busca velar por la educación, a través de becas y tecnología para escuelas.
La agenda de trabajo también hace un apartado especial por los derechos de los pueblos indígenas, atendiendo los problemas de conflictividad, acceso a energía eléctrica, pero también un análisis histórico para proteger los lugares sagrados y arqueológicos del pueblo Uspanteko.
EFE
La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en un caso por irregularidades en obras viales.
El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
El tribunal de alzada compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió hoy «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.
La expresidenta, que no estuvo presente en los tribunales, publicó este pasado martes un extenso comunicado en el que anticipó un fallo en su contra y denunció un intento de «proscripción» en su contra.
Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» es lograr su ihabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.
Además, denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron hoy su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).
Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó hoy el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados.
Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Baez -seis años de prisión-, el exsecretario de Obras Públicas José López -seis años- y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti -seis años-, entre otros.
Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.
EFE
El presidente Bernardo Arévalo de León, señaló que el “sistema de impunidad busca sobrevivir” y señaló principales retos para combatir la corrupción durante su primer año de Gobierno.
El mandatario guatemalteco afirmó que “el cáncer de la corrupción” no puede ser “erradicado” con facilidad porque dentro del Estado sigue existiendo “un sistema de impunidad que busca sobrevivir”.La declaración de Arévalo de León se dio durante la celebración del Congreso Internacional de Innovación, Coordinación y Participación Ciudadana, organizado por el sector privado, en un evento en el que también participó el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley.
“La principal de las trabas es el acoso permanente del Ministerio Público (Fiscalía)”, señaló el presidente, en referencia a las múltiples denuncias y procesos penales que existen en su contra y en contra de sus funcionarios.
“Desde que tomamos posesión en enero hasta el día de hoy cada gaveta que abrimos y cada archivo que leemos nos cuenta una historia de codicia, manipulación, descuido y descaro”, en referencia a las prácticas de sus antecesores.
Arévalo de León responsabilizó al Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) de “aprovechar” la pandemia de la COVID-19 para enriquecerse, así como de haber permitido otras estructuras de corrupción en instituciones públicas.
El presidente aseguró que el objetivo de su Administración es dejar antes de su salida, en 2028, “las bases de un sistema nacional anticorrupción” que permita limpiar los procesos de contratación en el sector público.
En 2023, Arévalo de León ganó las elecciones de forma sorpresiva, tras superar a los candidatos tradicionales que encabezaban las encuestas y de camino a su investidura enfrentó intentos judiciales de la Fiscalía por evitar su llegada al poder.
Entre enero y noviembre del presente año, el Gobierno guatemalteco ha interpuesto alrededor de 60 denuncias por actos de corrupción y anomalías en contratación de personal y construcción de obras de las administraciones anteriores.
