NACIONALES
Califican de ilegal resolución de juez
De acuerdo con la ley, no es posible suspender de nuevo al Movimiento Semilla.
A pocos días de vencerse un año de la suspención del Movimiento Semilla (11 de julio), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó la ampliación del plazo, lo cual fue concedido de inmediato por el juez Fredy Orellana; sin embargo, Samuel Perez, diputado electo por ese partido, enfatizó que no hay ningún sustento legal para ello.
Orellana autorizó y sumado a ello se ordenó la inmovilización de las cuentas de la organización política.
“No se puede prorrogar una medida de este tipo más de un año, de acuerdo con la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta medida es completamente ilegal y fuera de lugar porque no tiene ninguna base en ninguna normativa”, afirmó Pérez.
El parlamentario no descartó interponer una serie de recursos legales para revertir dicha decisión. Con la nueva suspensión del partido político, los lesgisladores aún no puede recuperar derechos como presidir o integrar la Junta Directiva del Congreso, ingresar a sesiones de jefes de bloque y presidir comisiones de trabajo legislativas.
“Es un hecho preocupante porque son medidas supuestamente excepcionales; incluso, entiendo que la propia Ley Contra la Delincuencia Organizada lo prevé para una sola vez. Lo que demuestra es que el único interés de la fiscalía y de la judicatura es entorpecer el funcionamiento del partido de gobierno”, indicó Edgar Ortiz, abogado y experto en derecho constitucional.
También, señaló que Semilla tendrá que apelar la decisión judicial y que “tienen bastantes recursos al alcance” para dicho fin. Asimismo, Luis Cáceres, también de dicha agrupación, comentó que “ese ese es un golpe a la democracia que han intentado dar estos personajes, quienes han llevado a una situación muy complicada al país. Ellos representan a algunos intereses inescrupulosos”, indicó.
Artículo 84
El artículo 84 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada indica: “En los casos en que se debe solicitar la autorización o convalidación de las medidas precautorias, el fiscal deberá presentar solicitud fundamentando la necesidad de la medida, acompañando copia de los elementos de convicción que la justifiquen para el éxito de la investigación.
El fiscal debe indicar el término de duración de la medida solicitada y las especificaciones necesarias para concretarlas; en ningún caso la medida podrá exceder del plazo de un año”.
Extender por 45 días el plazo para el ingreso de solicitudes de interesados en recibir los beneficios del programa de Desarrollo Integral es el objetivo de la reforma aprobada ayer por el Congreso a la normativa que da vida a ese proyecto.
De acuerdo con la modificación, el nuevo plazo empieza a correr “a partir del día siguiente de la vigencia del decreto” y ordena al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que “realice una nueva fase de recepción” de peticiones.
Los favorecidos con el programa reciben un estipendio de 1 mil quetzales, durante 36 meses.
“Veníamos luchando para que se diera una prórroga para todos los veteranos que no se inscribieron, porque no les dio tiempo, y que son más de 60 mil. Los que ya estamos inscritos, que somos 44 mil 100, ya llevamos 13 pagos”, afirmó Carlos Ajcalón, presidente de la Asociación Militar Unidos por la Dignidad.
Laura Marroquín, diputada del Movimiento Semilla, aseguró que la “ley necesitaba mayor discusión. No debió aprobarse de forma precipitada porque tiene muchos vacíos”.
En el cambio también se autorizó ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a favor del Mides, “hasta por el monto necesario para financiar este año los compromisos autorizados” por dicha Ley, “sumando los adicionales que resulten de la implementación del presente decreto”,
según la norma.
Fecha para interpelación
Por otro lado, el Congreso también fijó fecha para que se inicie la interpelación de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso. En ese sentido, el pleno decidió que el juicio político comience el 8 de agosto.
En el primer semestre de 2024 se contabilizan 45 mil 823 retornados, en su mayoría procedentes de Estados Unidos. Esta cifra representa un incremento del 24 por ciento en comparación con el mismo período de 2023, cuando se registraron 37 mil 11, con una diferencia de 8 mil 812 más, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
La citada entidad informó que del total de deportados este año, 35 mil 235 provenían de EE. UU. y 2 mil 877 desde México, todos vía aérea. Asimismo, por medio del Centro de Recepción de Retornados, ubicado en Tecún Umán, San Marcos, han ingresado 7 mil 711 connacionales, por tierra.
El IGM destacó que en el recinto de recepción vía área, en la capital, se ha facilitado atención por parte de diferentes instituciones a los connacionales que regresan al país.
Entre los espacios que se ofrecen están sala de lactancia y áreas lúdicas para niños y adolescentes.
También, cuentan con clínicas de asistencia primaria en salud, llamadas telefónicas y cuidado psicosocial. Autoridades del instituto reafirmaron su compromiso de continuar el trabajo para proteger la migración de guatemaltecos.
Úrsula Roldán, directora del Instituto en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), considera que el aumento en las deportaciones puede deberse a que hay un interés muy fuerte de Estados Unidos por disminuir los problemas en sus fronteras.
Foto: PNC
Las acciones para prevenir hechos delictivos que pandilleros ordenan desde las cárceles continuaron ayer por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP), informaron esas dependencias.
Las tareas se realizaron por medio de requisas, una de las cuales tuvo lugar en la Granja Modelo de Rehabilitación, Canadá, Escuintla. En el recinto fueron localizados cables de fibra óptica, teléfonos celulares, cargadores para estos aparatos, auriculares y cuchillos, de acuerdo con el reporte de la PNC.
Asimismo, en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, Suchitepéquez, los agentes policiales y guardias penitenciarios hallaron objetos punzocortantes y videojuegos.
Las requisas tienen como objetivo atacar las estructuras criminales que operan en las prisiones, convertidas por los delincuentes en centros de llamadas para extorsionar a empresarios del transporte y comerciantes, han explicado funcionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob).
