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EN EL PAÍS

Buscan reducir brecha digital con 10 mil becas 

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El otorgamiento de 10 mil becas para reducir la brecha digital y formar líderes tecnológicos fue anunciado ayer, en el Palacio Nacional de la Cultura, por autoridades de Gobierno.

La iniciativa será presentada a jóvenes y adultos con información clave que pueda ser útil en sus estudios o trabajo, indicó  William Cameros, cuarto viceministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, del Ministerio de Gobernación (Mingob).

El proyecto está respaldado por las carteras de Trabajo y Previsión Social, de Economía y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como por el Consejo Nacional de la Juventud, Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, las secretarías nacionales de Ciencia y Tecnología, contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas y de Bienestar Social, además de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y las empresas Garbo Imagen y Edutek.

Herbert Rubio, titular de la SIT, sostuvo que el país se encuentra en la etapa de superación tecnológica y todos los caminos se inician con la educación, y esta iniciativa debe ser aprovechada por los becarios. Los interesados pueden contactar al correo electrónico [email protected].

Gustavo Villagrán Fotógrafo: Jorge Ordoñez
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Mingob y CGC impulsan mejoras en transparencia

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El Ministerio de Gobernación (Mingob), a cargo de Francisco Jiménez, y la Contraloría General de Cuentas (CGC), representada por Frank Helmuth Bode, suscribieron ayer un convenio que busca robustecer el control interno y asegurar la transparencia en el uso de recursos en la cartera del Interior.

Esta colaboración refuerza los mecanismos de supervisión y auditoría, lo que garantizará el cumplimiento de normas administrativas y financieras, y prevendrá actos de corrupción.

Luis Carrillo Fotógrafo: Danilo Ramírez
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EN EL PAÍS

Zamora lleva 800 días en prisión 

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Han pasado 800 días desde que el periodista Jose Rubén Zamora fue encarcelado y sigue sin juicio ni condena, denunciaron sus familiares.

“Exigimos se respete el principio de inocencia y su liberación inmediata”, afirmó ayer José Carlos Zamora, hijo del comunicador.

Zamora Marroquín fue capturado el 29 de julio de 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, cinco días después de lanzar críticas al entonces mandatario con señalamientos de corrupción.

En aquella nota, un editorial en su medio elPeriódico (desaparecido), el periodista catalogó a Giammattei y a Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno, como La Fábula del Ogro y el Principito que lo quería todo.

Giammattei y Martínez tienen una sanción de Estados Unidos por corruptela, aunque ambos han negado las acusaciones en su contra.

Zamora, de 66 años, fue acusado de lavado de dinero en un caso y en otros dos por obstrucción a la Justicia, aunque sin condena en ninguno de los procesos legales en su contra.

Por el caso de lavado de dinero, se llevó a cabo un debate oral y público en su contra, pero el procedimiento judicial fue anulado por una sala de Apelaciones debido a irregularidades.

Al periodista le otorgaron en agosto pasado arresto domiciliario por uno de los casos, pero permanece en prisión preventiva por otros dos, pese a que organismos internacionales y locales catalogan como espurias las acusaciones en su contra.

Redacción DCA Fotógrafo: Danilo Ramírez
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EN EL PAÍS

Confirman injerencia del MP en elecciones

Por tercer año consecutivo, la CIDH incluye a Guatemala en su informe sobre derechos humanos

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Una persecución judicial intensa y la criminalización de actores que defienden la democracia por parte del Ministerio Público (MP) revela el informe 2023, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por tercer año consecutivo incluyó a Guatemala en su análisis sobre la situación de las  garantías fundamentales.

La CIDH documentó que esta situación se venía agravando desde 2021 y que para el año pasado el deterioro del Estado de derecho se agudizó. Según el documento, el MP intervino en el proceso electoral, cuando Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganaron la Presidencia y Vicepresidencia, a pesar de que la Constitución faculta solo al Tribunal Supremo Electoral para tales acciones.

“El ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales quedó de manifiesto durante las elecciones generales de 2023, por injerencias del Ministerio Público, seriamente cuestionadas en los ámbitos nacional e internacional, que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando y contrariando el Estado de derecho, colocando en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”, según el informe.

Similitudes

La CIDH habla en su reporte de la situación de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua e incluye a Guatemala ante los graves retrocesos (que hubo) en la lucha contra la impunidad y la corrupción, debido a los ataques e injerencias contra la independencia de aquellos órganos que destacaron por su trabajo independiente e imparcial, como Cortes, fiscalías y jueces independientes.

Por su parte, el MP rechazó los señalamientos y dijo en su cuenta oficial de X que “sus pronunciamientos no solo evidencian desconocimiento y sesgo, ya que la Fiscalía está obligada a investigar todas las denuncias, por lo que no hacerlo o sugerir que no se haga representa impunidad y vulnera gravemente los derechos de las víctimas que presentan las quejas”.

La Fiscalía, al mando de Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por 42 estados que le han prohibido ingresar en sus territorios por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción, inició investigaciones en 2023 contra el partido Movimiento Semilla, que llevó al presidente Arévalo al poder. También, allanó y secuestró documentos electorales, incluidas boletas de votaciones, e inició procesos contra trabajadores y autoridades electorales buscando anular las elecciones.

El deterioro de la situación se agudizó, indicó la CIDH, con el fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en 2019, un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años investigó cuerpos de seguridad paralelos dentro del Estado. Sostuvo que la criminalización y hostigamiento a operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas se debió a la intromisión del MP en funciones de otros organismos.

Redacción DCA Fotógrafo: Archivo
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