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EDITORIALES

Bosques y reactivación económica

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Desde hace 24 años, se han impulsado acciones de manera conjunta entre el Gobierno de la República y las municipalidades del país, a fin de reparar el paisaje forestal en todo el territorio nacional y conservar los bosques vírgenes. 

En la tarea también están involucradas las comunidades que, desde su ámbito, se encargan de proteger la riqueza natural, por medio de actividades amigables con el medioambiente.

Las iniciativas han permitido disminuir la deforestación en el país pues, en vez de que haya talas, se ha incentivado la siembra de árboles y el manejo racional de los existentes.

Toda buena acción tiene su recompensa. Por ello, el Gobierno, por medio del Instituto Nacional de Bosques (Inab), mantiene activos los incentivos forestales que se entregan a las comunidades como aporte por la conservación del paisaje forestal.

En ese sentido, las autoridades del Inab informaron esta semana que, en lo que va del año, se han entregado Q340.5 millones, en el marco del Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Pimpet) y del Programa de Incentivos Forestales (Probosque). 

Recientemente también se realizó el sexto pago del programa Pimpet y el tercero de Probosque. Con dichos aportes se incentivó el establecimiento, mantenimiento y manejo sostenible de 9438 proyectos, los cuales equivalen a más de 50 mil hectáreas de bosque. 

Los estipendios han inyectado a la economía local Q109 797 728, beneficiando directamente a 19 778 familias, generando alrededor de 1 191 215 jornales de trabajo en el área rural.

Podemos decir, entonces, que los incentivos forestales no solamente ayudan a proteger los bosques, sino que contribuyen a la reactivación económica del país, que se ha visto afectado por la pandemia del Covid-19.

Es oportuno resaltar el esfuerzo y la dedicación que las comunidades, las municipalidades y las instituciones del Gobierno han realizado, desde hace más de dos décadas, para recuperar las áreas deforestadas y conservar el paisaje verde con el que cuenta el país.

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Cuidado, no es una batalla personal, es un asunto de país

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En redes sociales, la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP) lleva perdida su obstinación de permanecer en el cargo. Luego que el Gobierno solicitara que se le retire el antejuicio, los guatemaltecos se pronunciaron y dejaron clara su posición en torno a la necesidad de que Consuelo Porras salga.

El clima de rechazo que genera la funcionaria no es nuevo, aunque sí más intenso. Tampoco es un asunto interno, dadas las posiciones fijadas por Estados y organismos internacionales, que no solo cuestionan su idoneidad sino que, peor aún, su compromiso de impulsar la probidad y combatir el enriquecimiento ilícito.

Si bien el proceso de antejuicio iniciado por la administración que lideran Bernardo Arévalo y Karin Herrera es un gran paso en el compromiso de limpiar las dependencias gubernamentales, también es cierto que el camino a seguir será complicado, por los apoyos políticos y empresariales, abiertos y solapados, que tiene la aludida.

De esa cuenta, Guatemala enfrentará una batalla decisiva a favor de imponer la decencia en la nación. Dicha contienda también desenmascarará a quienes, del diente al labio, abogan por imponer un verdadero Estado de derecho y someter la impunidad que ha reinado en el mal uso de los impuestos. Pero cuidado, no se trata de un duelo personal entre el binomio presidencial y Porras; es una misión que marcará el presente y futuro del país.

Los nuevos aires que se respiran en el Congreso de la República permiten pensar que los representantes del pueblo escucharán las demandas de los ciudadanos, quienes, casi al unísono, exigen el retiro de una persona que inspira poca confianza y credibilidad.

Finalmente, conviene recordar que nadie es superior a la ley, y que la negativa de la Fiscal General de atender el llamado laboral que le hizo el jefe de Estado debe ser evaluada y de ser pertinente, castigada, como ocurre en una democracia donde las instituciones funcionan como debe ser.

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Está dicho: el Gobierno y el pueblo no toleran la corrupción

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Los mafiosos están avisados: el ente colegiado que se encargará de identificar y evitar el saqueo de fondos públicos quedó instalado. La lucha que desde el primer día de gestión iniciaron el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera para devolver la decencia en las instituciones públicas se fortaleció ayer, cuando se instaló la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).

Los objetivos están claramente definidos e identificados, lo cual evitará las improvisaciones. Lo cierto es que, como manifestó el propio gobernante, el Organismo Ejecutivo avanza en el cumplimiento del propósito de los guatemaltecos de depurar las instituciones y “librarse de las ataduras que han impedido el desarrollo y mantenido a nuestros hermanos en condiciones de pobreza”.

Aunque a las autoridades les ha sido difícil cuantificar los despojos, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, afirmó recientemente que los ofrecimientos rondan el 30 por ciento del valor de la obra, en especial, cuando se trata de carreteras y puentes o construcciones de
escuelas, hospitales o infraestructura productiva.

La CNC, ente que trabajará con autonomía, será dirigida por Santiago Palomo Vila, profesional graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, donde recibió el premio del Decano, por Liderazgo comunitario. Junto a él hay otros seis funcionarios, quienes tendrán asesoría de un consejo conformado por seis líderes de la sociedad civil organizada, academia, pueblos indígenas y sector privado.

Los citados asumen la enorme responsabilidad de devolverle al Gobierno su verdadera razón (procurar el bienestar social), pero conviene decir que no estarán solos, que tras ellos hay 18 millones de compatriotas que están hartos de la obscena deshonestidad de quienes han robado a manos llenas, ante la indiferencia de los órganos llamados a velar por la probidad.

“El Gobierno y el pueblo no toleran la corrupción”, resaltó Arévalo, como un hasta aquí al
desenfreno de los criminales de cuello blanco y conciencia negra.

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Un desarrollo que no pasó de la primera persona

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En gramática se entiende que cuando se habla en primera persona se hace referencia a quien emite el mensaje. De esa cuenta usamos pronombres como yo, en singular, y nosotros o nosotras, en plural. Esa forma de expresarse y conducirse la ha asumido la clase política guatemalteca, en compadrazgo con empresarios y contratistas, al momento de distribuir los fondos públicos.

“Yo reparto”, “nosotros cobramos”, son las expresiones que condicionan la adjudicación de contratos. Este malvado mecanismo, que se ha fortalecido ante la complicidad de los órganos encargados de la persecución y el castigo penal, es el causante de la doliente pobreza que impera en la nación y el enriquecimiento desmesurado de quienes, literalmente, llegaron endeudados a los cargos públicos y salieron con el dinero suficiente para mantener a dos o tres generaciones.

La reflexión viene a propósito de lo que se expuso ayer en el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). En dicho encuentro se recordó que, en los últimos 30 años, el Estado destinó 45 mil millones de quetzales a los consejos departamentales de desarrollo (Codedes), sin que ello haya implicado mejoras en las poblaciones.

Ante tales desmanes, el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, definió los cuatro ejes que marcarán el camino a seguir por el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo al momento de invertir los recursos asignados.

La nueva apuesta incluye programas que apoyen la seguridad alimentaria, el desarrollo rural integral, el diálogo que permita crear convergencias y el impulso de la ruta para el buen vivir (la construcción de carreteras rurales).

Además, la instrucción de los mandatarios es que esta revitalización de las funciones de los Codedes también facilite renovar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, que han desaparecido de las funciones públicas.

En fin, estamos frente a un nuevo mecanismo social que tiene como objetivo obviar la primera persona y centrarse en el “tú, usted, vos o vosotros” como elementos gramaticales que marquen nuestro pensar, pero, sobre todo, nuestro accionar.

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