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EDITORIALES

Batalla permanente contra el narcotráfico

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En cumplimiento a la tarea de servir y proteger a los guatemaltecos, las fuerzas del orden siguen firmes en la lucha contra el crimen organizado. En ese sentido, este año continúan los esfuerzos por combatir al narcotráfico.

Los controles se han redoblado, con el objetivo de evitar que nuestro territorio siga siendo paso de drogas que, según estudios, en su mayoría provienen de Sudamérica con destino a los países del norte del continente.

Asimismo, el Gobierno, por medio del Ministerio de Gobernación (Mingob), ha intensificado el trabajo de búsqueda, localización y erradicación de plantaciones de droga como amapola, marihuana y coca. En esa línea de acción, el Mingob ha redoblado este año los esfuerzos para contrarrestar las acciones ilícitas mencionadas.

Según la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1 al 31 de enero pasado se contabilizaron Q476 006 962 en decomiso de droga, erradicación de plantaciones ilícitas e incautación de bienes y dinero.

Durante el citado período, se erradicaron 1.15 millones de arbustos de coca y 552 597 matas de marihuana. También se incautaron 517 kilos de cocaína, 14.83 kilos de metanfetamina y 1.15 kilos de crack. A esta lista se añade la confiscación de 204 libras de marihuana y 32 onzas de semillas de la aludida planta.

En relación con bienes ilícitos, se logró el decomiso de 26 vehículos, 30 armas de fuego, 1893 municiones, 41 tolvas y 21 granadas. Asimismo, se destruyó un narcolaboratorio en la aldea Caquitul, Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz.

Además, se reporta la captura de 88 personas vinculadas con el narcotráfico y 4 detenidas con fines de extradición por sus nexos con el crimen organizado transnacional. Igualmente, se destruyeron 19.54 toneladas de sustancias y precursores químicos.

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EDITORIALES

Guatemala se aleja del “pantano de la corrupción”

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En la rendición de cuentas que ofreció a los guatemaltecos, en el marco de los primeros cien días de gobierno, el presidente Bernardo Arévalo reflexionó en torno a los retos y desafíos que se enfrentan, en su camino para construir un país próspero, justo y equitativo.

Paralelamente a los logros alcanzados, el mandatario refirió los obstáculos que él y la vicegobernante Karin Herrera afrontan para desarticular las estructuras políticas que saquearon el erario en detrimento de la salud, educación y seguridad de los connacionales.

Cuando aludió a la lucha contra las mafias de cuello blanco y conciencia negra que lideraron las administraciones anteriores, el jefe de Estado dejó una perla literaria: el Organismo
Ejecutivo va en “dirección a tierra firme, lejos del pantano de la corrupción”.

Como muestra de esos adelantos, Arévalo ejemplificó con las 34 denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP), que incluyen las anomalías en la compra de las vacunas Sputnik, los trabajos en el Aeropuerto Internacional La Aurora y las dudas en las escuelas Bicentenario, de cuyos procesos no se conocen adelantos.

Tal vez fue por esa sensación de complicidad que los compatriotas y la comunidad internacional observan, el Presidente insistirá en el retiro, por la vía legal, de Consuelo Porras, a quien considera “una amenaza para la democracia”.

El llamado a la conciencia también lo realizó al sistema de justicia, a fin de garantizar la independencia de esas instituciones, llamadas a investigar y sancionar a los delincuentes que han sangrado al pueblo. De esa cuenta, demandó que las “autoridades no callen ni finjan ceguera de forma cínica y cómplice ante los hechos evidentes” de las bandas que han asaltado los recursos públicos.

Además de eliminar más de 1 mil 300 plazas injustificadas, sacar de circulación 39 estructuras criminales y hacer que el Ejército nombrara a la primera comandanta, el dignatario presumió que el nombre de Guatemala volvió a figurar en el mundo, pero con honor y dignidad, calidades perdidas por las atrocidades de expresidentes y exfuncionarios corruptos e impresentables.

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EDITORIALES

Gobierno establece las reglas para una gestión proba y eficiente

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Con la aprobación del Código de Ética del Organismo Ejecutivo, que cobró vigencia ayer, el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera definieron las normas de conducta que regirán a funcionarios y contratistas que prestan servicios a las instituciones que conforman este poder del Estado.

Algunas de las disposiciones que destacan son las relativas a la creación de una estructura organizativa técnica, en cada dependencia del Gobierno, que se encargue del impulso y cumplimiento de la citada normativa, así como los criterios que se tomarán en cuenta para la asignación de cargos. En este sentido, se precisa que debe prevalecer la idoneidad, capacidad, honradez y méritos de los candidatos.

Las anteriores condiciones van en consonancia con el compromiso de los gobernantes de rescatar las instituciones, lo que implica la contratación de personal que cumpla con las calidades técnicas y académicas para ejercer con decencia y pericia la función pública.

Otros aspectos de trascendencia corresponden a las 15 obligaciones éticas y sus responsabilidades señaladas en dicho instrumento, entre las que resaltan los pedidos para que los servidores y funcionarios actúen con mayor diligencia, puntualidad y que muestren buena conducta frente a terceros.

Se especifica que los recursos públicos se deben destinar, exclusivamente, para el correcto ejercicio del cargo y advierte que no se tolerará la participación de empleados gubernamentales en actividades electorales, algo usual en los comicios.

Además, conviene citar el siguiente mandato. “Facilitar el acceso a la información sobre actos, procedimientos, pronunciamientos y resoluciones” de los entes llamados a respetar el código, lo que permitirá construir un Ejecutivo transparente, que rinda cuentas.

Finalmente, las personas que tienen relación laboral o contractual con el Gobierno deberán comprometerse a honrar las obligaciones y principios determinados, los cuales pretenden
fomentar la decencia y la lucha contra la corruptela en las dependencias del Ejecutivo.

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COLUMNAS

Ejecutivo es aprobado en sus primeros 100 días de gestión

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Mañana se cumplen 100 días desde el arranque de la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, la cual ­—pese a que ha sido saboteada por quienes durante décadas se han beneficiado de la impunidad y el latrocinio— es esperanzadora.

Expertos y ciudadanos comunes consultados por Diario de Centro América en su mayoría aprueban la gestión y resaltan las acciones encaminadas especialmente en el combate a la corrupción, reactivar la economía y en materia de seguridad ciudadana.

Las personas consultadas entienden que es un tiempo relativamente corto para hablar de cambios profundos. Sin embargo, resaltan que se han visto acciones tendentes a tratar de sanear la administración pública y con ello sentar las bases para que no se repitan desmanes y saqueos, tal y como ocurrió en gobiernos anteriores.

En el área de transparencia, los expertos destacan las diversas denuncias planteadas por actos de corrupción, así como el hecho de que al mandatario no le haya temblado la mano para destituir a la exministra de Ambiente, quien habría hecho mal uso de los recursos de la cartera.

Por otra parte, en el ámbito económico existe un buen panorama, según empresarios de la construcción y de la industria exportadora, quienes entienden que en la actualidad hay más confianza para la inversión nacional y extranjera.

Mientras tanto, en materia de seguridad ciudadana, sobresale lo  impulsado en el combate a la delincuencia común y organizada, así como los golpes al narcotráfico y las constantes requisas practicadas en diferentes centros penitenciarios, con el propósito de combatir los hechos delictivos que se gestan desde la prisión. Además, resalta la creación de un grupo dedicado a contrarrestar las extorsiones.

Otras áreas analizadas fueron Salud y Educación, Relaciones Internacionales, Inclusión Social, así como la relación con otras entidades estatales.

Apenas es el inicio, pero la percepción ciudadana es que se está yendo por el camino correcto, la senda que lleve al país a respirar vientos de democracia, transparencia y rendición de cuentas, de hacer buen uso de los recursos públicos en beneficio de las grandes mayorías.

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