La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), Waleska Sterkel, manifestó que es fundamental que la nación actualice su legislación relacionada con el lavado de dinero y supervisión del sistema financiero a fin de cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Recordó que tanto la Embajada de Estados Unidos como el Departamento de Estado han enfatizado la importancia de adoptar estas buenas prácticas internacionales que generen confianza.
“No aprobar la iniciativa 6593 podría ocasionar que el país caiga en listas grises. Guatemala ya lo estuvo con anterioridad, estar en ellas implica perder el grado de inversión y retroceder en el desarrollo económico”, afirmó Sterkel.Entre las repercusiones, destacó que los bancos tendrían que implementar procesos mucho más complejos para transacciones diarias, se dificultarían las operaciones de comercio internacional y envío o recepción de remesas, incluso podría haber un cierre de sucursales remesadoras y se perderían las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo al ahuyentar la inversión.
Para analizar el impacto de la improbación, AmCham organizó el espacio denominado Lavado de dinero en Guatemala: Contexto actual, etapas y casos de estructuración, en el cual dos consultores resaltaron que, a finales de abril, la Superintendencia de Bancos (SIB) identificó Q2 mil 751.5 millones acumulados en denuncias de blanqueado de capitales. Esto representa un incremento de Q1 mil 045.0 millones respecto al mismo período del año anterior.
José Ignacio Fernández, integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera de Morgan Stanley, Tampa, Florida, y socio fundador y director de Axis Compliance Group, explicó que este aumento refleja un fortalecimiento de las acciones preventivas. Según el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, de la SIB, entre 2020 y 2024 las denuncias por supuesto delito de lavado crecieron 48 %.
Resultados estarán en 18 meses
Guillermo Alejandro Hernández, asesor del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), explicó que todos los países son evaluados con la misma metodología, pero no se esperan exactamente los mismos resultados, pues ello depende de los riesgos que afrontan.
El proceso de la quinta evaluación mutua abarca distintas etapas: visita de alto nivel, capacitación al país, provision de información de riesgo y contexto, cumplimiento técnico y efectividad; redacción de un primer borrador de anexo, definición del alcance de la supervisión in situ, la visita, redacción del borrador de informe de evaluación mutua, reunión cara a cara con la nacion analizada, entre otros. El comienzo de la evaluación será en febrero de 2027 y la discusión y aprobación de los resultados de lo que se ha hecho en los últimos cinco años, con datos hasta finales de este año, se tendrán en julio de 2028.
“El enfoque basado en riesgo es la piedra angular de todo el proceso de evaluación y que se espera que hayan implementado todos los sistemas antilavado activos y congelación virtual”, señaló.
“Es de suma importancia que la comunidad vea cuáles son los riesgos que tiene el país para ver que creen que eran las acciones y las medidas que se han implementado”, agregó.
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