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EDITORIALES

Alcanzada la meta de 188 días efectivos

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Con los primeros aires fríos de fin de año llegan las vacaciones escolares, tras terminar el año lectivo para los establecimientos estatales, que alcanzó los 188 días de clases. Esto marca, en el calendario de 2018, una gran meta en la agenda de Educación, pues anteriormente nunca se habían superado los 185 días.

Haciendo el recuento de la agenda escolar del gobierno actual, este es uno de los tantos logros alcanzados. Otro fue conseguir el financiamiento interno para el pago de la refacción de los escolares de preprimaria y primaria de todo el país, luego de que el Presupuesto 2018 no fuera aprobado por el Congreso, y por lo cual se tuvo que trabajar con el mismo de 2017.

El Congreso ya había autorizado la Ley de Alimentación Escolar por medio del Decreto 16-2017, que ordena que cada alumno debe recibir una refacción nutritiva que tenga un costo de Q 3, y que deja claro que el gobierno debe “garantizar que en la escuela, el niño y el adolescente tengan el acceso oportuno a la cantidad de alimento que sea necesaria para su desarrollo saludable, tomando en consideración que están expuestos a condiciones socioeconómicas y ambientales desfavorables”.

El Ministerio de Finanzas se encargó de encontrar los recursos necesarios para cumplir con este mandato, y los desembolsos fueron entregados a tiempo a las Organizaciones de Padres de Familia, que son las encargadas de administrar los recursos que da el Ministerio de Educación y preparar los alimentos para sus hijos.

De acuerdo con las autoridades de Educación, es vital cumplir los días efectivos de clases marcados, porque de ello depende completar los programas educativos que están contenidos en el Currículo Nacional Base, que es una forma de garantizar la formación de niños y jóvenes.

Para el próximo año, las metas de la cartera de Educación son más ambiciosas, pues en su presupuesto planteado tiene contemplada la gratuidad de mayor cantidad de alumnos para ampliar la cobertura educativa en el país, remozar escuelas dañadas y construir nuevas, dignificar a los maestros con mejores prestaciones laborales, aumentar a Q 4 el costo de cada refacción escolar y alcanzar los 190 días efectivos de clases. Felicitaciones por el logro alcanzado.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Estado respalda a familias más pobres

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El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera se comprometió, desde su campaña electoral, a focalizar recursos hacia familias que sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, producto del abandono al que han sido sometidas durante décadas.

Hoy, el Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a cargo de Abelardo Pinto, tiene claridad en la implementación de programas sociales. Uno de estos es el subsidio económico (Bolsa Social), que comenzará a entregarse en los próximos meses. La ayuda no será al azar; se utilizarán investigaciones técnicas para llegar a los núcleos familiares que verdaderamente necesitan un subsidio para sobrevivir.

También, el número de beneficiarios se duplicará de 25 mil a 50 mil, incluyendo a jefes de familia de las áreas urbana y rural. Se cuenta con 150 millones de quetzales, según las autoridades, recursos ya incluidos dentro del presupuesto vigente del Estado.

Lo importante, según lo describe el titular del Mides, es que se priorizará a familias con niños menores de 5 años. El Gobierno se respaldará en el Registro Social de Hogares y, a la vez, para hacerlo transparente, se abrirá el Registro Único de Beneficiarios. Por medio de este portal, cualquier ciudadano podrá verificar quiénes recibirán la ayuda.

De acuerdo con el diseño del programa, se han identificado 114 municipios donde residen las personas adultas y niños con los más altos niveles de pobreza y pobreza extrema.

Pero la política social de la actual administración no se limita a la entrega de un alivio económico. También tiene en agenda otro tipo de mecanismos como la reparación de miles de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas para habitarlas.

Se les reemplazarán los pisos de tierra por cemento. Esta iniciativa es parte de la estrategia Mano a Mano, la cual se compone de nueve dimensiones o programas. Adicionalmente, se entregará a estas familias filtros de agua (Ecofiltros) y estufas mejoradas o ahorradoras de leña. Para la subvención, se estudian las vías adecuadas y seguras.

Editor DCA
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La propuesta de modernizar el AILA tiene sus explicaciones

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La decisión del Gobierno de impulsar una alianza público-privada para rescatar el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) generó aplausos entre empresarios y prestadores de servicios, aunque también ha provocado confusiones y malinterpretaciones que es preciso aclarar, para poner las cosas en su sitio.

Lo más importante es que modernizar la terminal aérea implica un proceso serio y amplio que requerirá de tres fases, las cuales dio a conocer el Organismo Ejecutivo. La primera, a cargo del Ministerio de Comunicacione, Infraestructura y Vivienda (Micivi) tiene que ver con la atención, de manera inmediata, de reparaciones en la estructura física y la compra de equipo.

El segundo paso, cuya fecha de comienzo es difícil definir, es convocar a una “licitación pública, transparente y sin corrupción”, con el fin de otorgar las operaciones del AILA a una empresa internacional experta en la materia.

Para concluir, se ampliará y se va a aumentar la capacidad del servicio, con el objetivo de construir un aeropuerto que responda a las demandas actuales y futuras. Es en este punto cuando se acudirá a la alianza público-privada, cuyo modelo aún no está definido; sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo ha expresado que puede ser mediante capital mixto que, además, permita la posibilidad de que los ciudadanos compren algunas acciones.

Adicionalmente, conviene hacer las siguientes anotaciones. Uno, la aprobación de la unión entre el Estado y empresarios requerirá el aval del Congreso de la República. Dos, el desarrollo de la idea puede llevar hasta cinco años. Tres, el Gobierno no piensa privatizar el AILA, como se ha dicho de manera errónea o malintencionada.

En fin, está claro que Guatemala afronta un reto que, bien ejecutado, contribuirá en su despegue económico y social, fuera de reafirmarle al mundo que el Estado es capaz de llevar a cabo megaproyectos que anteponen el interés general y la decencia, que también generen empleo y bienestar colectivo.

Editor DCA
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EDITORIALES

El país requiere un Estado más humano, sensato y solidario

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El llamado es oportuno y sensato. Aunque pareciera innecesario, siempre es bueno recordarle a las autoridades de los distintos organismos del Estado que el país ha suscrito tratados internacionales en los que ha asumido el compromiso de posponer los desalojos, en caso existan condiciones humanitarias que deben priorizarse, como ocurre en estos días, cuando la nación vive momentos difíciles ante las inclemencias del tiempo.

La batalla por la tenencia de la tierra ha sido una problemática complicada, porque implica el respeto de los derechos fundamentales de obligada aplicación. Sin embargo, las civilizaciones con democracias avanzadas han encontrado en el Estado de derecho el mecanismo ideal para solventar las diferencias.
Lamentablemente, en Guatemala se perdió la independencia judicial y tenemos un sistema cooptado por las mafias, que dejó de ser imparcial y se convirtió en un instrumento de politiqueros que buscan generar enfrentamientos e ingobernabilidad.

Desde esa óptica conviene analizar la denuncia planteada por Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), una organización cuya base la integran agricultores, indígenas y dirigentes del sector popular. Según Pascual, en 2024 se han realizado 15 desalojos y existen otras dos órdenes emitidas por tribunales que tienen competencia.

Dados los antecedentes en el trabajo de algunos jueces y magistrados, que han liberado a exfuncionarios que saquearon el erario, y a la postura asumida por el Ministerio Público (MP), que cierra los ojos ante las denuncias de corruptela, no es impropio pensar que estos mismos togados y fiscales cierren filas en procura de crear enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y las familias afectadas.

De esa cuenta, conviene exhortar a la prudencia y a recordar que somos un pueblo más maduro, que a fuerza de golpes ha conocido su historia, que sabe identificar a quienes quieren dañar y a los que buscan el desarrollo integral e inclusivo.

Editor DCA
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