NACIONALES
Afinan estrategia antinarcótica 2025
Autoridades regionales sostienen encuentro en el que anuncian la Operación Diamante X.
Foto: cortesía Mingob
Autoridades de seguridad de Centroamérica, México, Colombia y El Caribe se reunieron la semana pasada en el país para planificar la Operación Regional Diamante X, una estrategia conjunta contra el narcotráfico prevista para implementarse en 2025, la cual contará con el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y busca reforzar la cooperación en la región.
En el encuentro, presidido por Werner Ovalle, viceministro Antinarcóticos, del Ministerio de Gobernación (Mingob), se destacó la importancia de estos espacios para la mayor coordinación de los
esfuerzos realizados.
“Entre más comunicación policial tengamos, vamos a tener un mundo más seguro”, afirmó Ovalle, al subrayar la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación y acción simultánea contra las organizaciones criminales.
Acciones efectivas
La reunión también sirvió para evaluar los resultados de la operación previa, Diamante IX, que según Walter Lazo, jefe de la Oficina Regional de la Interpol, logró significativas incautaciones de droga y la erradicación de plantaciones ilícitas en varios países.
Lazo reiteró su convicción de que estos operativos han salvado innumerables vidas al impedir otro tipo de delitos, aunque reconoció que el camino por delante es largo y desafiante. “Estoy seguro de que a través del esfuerzo conjunto y coordinado se logrará llevar el combate del tráfico de drogas a nuevos niveles de eficacia”, indicó.
Entre el 1 de enero y el 11 de junio, Guatemala reportó el decomiso de drogas, bienes, dinero en efectivo, armamento y la erradicación de plantaciones ilícitas por un valor superior a los 1.18 millardos de quetzales; además, se inutilizaron 7.88 toneladas métricas de precursores químicos empleados para la fabricación de estupefacientes, se detuvo a 559 personas, incluyendo siete con fines de extradición, y se destruyeron seis pistas clandestinas de aterrizaje y dos narcolaboratorios.
En lo que va de la época lluviosa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que se han generado daños en 6 mil 548 viviendas, en 31 escuelas y nueve puentes, así como el fallecimiento de 10 personas.
Entre el lunes y ayer se contabilizaron 41 incidentes en toda la república, entre deslaves y otro tipo de eventos; en total, desde la primera quincena de junio van 810 emergencias que han dejado 506 personas
albergadas.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó ayer que los municipios de Chuarrancho, San Raymundo, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y Chinautla, en el departamento de Guatemala, presentan un 30 por ciento de saturación del suelo, lo que podría provocar deslizamientos, derrumbes o socavamiento de terrenos.
Las autoridades reiteraron el llamado a tomar las medidas de precaución pertinentes como evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas a pie o en vehículo, mantener la mochila de
las 72 horas y estar en apresto a las instrucciones que den las autoridades.
“Los desalojos que efectúa el Ministerio Público (MP), ordenados por jueces que son parte del pacto de corruptos, buscan un enfrentamiento entre campesinos y el gobierno de Bernardo Arévalo, pero no lo lograrán”, afirmó Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).
Recordó que “esos problemas tienen años y lo raro es que durante el tiempo de Alejandro
Giammattei se evitaron para no crearle desgaste, y ahora que hay un Gobierno progresista que está abriendo espacios a los sectores más desposeídos en menos de cinco meses se han producido cerca de 15 desalojos ilegales y hay 10 más en espera”, indicó.
De igual forma, el Frente Campesino Iximulew rechazó, en un comunicado de prensa, los desahucios y exigió a los organismos de derechos humanos a asumir su compromiso de “velar por el bien común y defender a las familias amenazadas por las oligarquías del agro”.
Además, Pascual urgió a tomar acciones en torno a los problemas que atraviesa el país como “consecuencia de la cooptación de la institucionalidad del Estado, sobre la que tienen el control las mafias
que impiden el desarrollo socioeconómico de la población”.
Pascual advirtió que los jueces son los responsables de la crisis humanitaria que se deriva de estas expulsiones que violan el artículo 67 de la Constitución de la República, el cual establece que las tierras de comunidades indígenas gozarán de protección especial del Estado.
Con la revocatoria de las medidas sustitutivas que beneficiaban al periodista Jose Rubén Zamora, en el primer caso judicial en su contra por lavado de dinero, la Sala Segunda de Apelaciones del ramo Penal anuló la libertad condicional que había sido otorgada, informó ayer el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
15 de mayo le otorgaron las medidas sustitutivas.
A través de un video colgado en las redes sociales se hizo saber sobre la notificación en la que se revocó el citado beneficio al fundador del diario elPeriódico, a solicitud de la FECI, porque “la medida sustitutiva no era apropiada para la gravedad del caso”.
No ha salido
El pasado 15 de mayo, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal otorgó la alternativa a Zamora, la cual consistía en arresto domiciliar, obligación de presentar su huella digital en el sistema biométrico en el MP, arraigo, prohibición de comunicarse con los coimputados y concurrir a lugares citados en la acusación y el pago de una caución económica de 30 mil quetzales.
Sin embargo, el comunicador permanecía en prisión, ya que enfrenta un segundo proceso en su contra, el cual no ha sido resuelto. Ayer, se dictaminó que deberá continuar en la cárcel de Mariscal Zavala.
