NACIONALES
Adquieren equipo para hemodiálisis
Pacientes con enfermedades renales de Jalapa recibirán mejores tratamientos.
Fotos: Cortesía MSPAS
Cientos de enfermos renales serán beneficiados con las nuevas máquinas de hemodiálisis que adquirió recientemente el Hospital Nacional de Jalapa Nicolasa Cruz. Este equipo fue gestionado en marzo de 2023 y servirá para atender a enfermos provenientes de diferentes regiones de Jalapa.
Según estadísticas de ese centro, solo en esa localidad existen más de 300 personas registradas con problemas renales; sin embargo, también acuden en busca de ayuda residentes de los departamentos aledaños.
“Cuando los vecinos vienen, les hacemos exámenes clínicos y de laboratorios; y si el paciente reúne los criterios para tratamiento, pasa a la máquina y se le practica la hemodiálisis. El hospital hará hemodiálisis a quienes inician con la enfermedad renal o en casos de emergencia, en los que hay que estabilizar para salvaguardar su vida.
Sin embargo, la curación a largo plazo continuará a cargo de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc)”, indicó la doctora Michelle Mills Pérez, directora ejecutiva del mencionado nosocomio. La profesional explicó que estos aparatos son independientes a la Unaerc y que su funcionamiento estará a cargo del hospital.
“La aludida unidad hará un procedimiento que se conoce como Diálisis Peritoneal, que es diferente, aunque también es para el enfermo renal crónico. Es otro tipo de proceso. Los dos se soportan, no todos las personas pueden estar en uno u otro tratamiento, la idea es poder ofrecer ambos a los pacientes”, agregó la médica.
De acuerdo con la profesional, los trabajos de instalación serán realizados durante diciembre de 2023, para garantizar que llenen todas las condiciones de agua y esterilidad que requiere el uso de estas máquinas.
“Si todo va en los planes, posiblemente en las primeras semanas de enero se darían las primeras revisiones, pues ya contamos con el personal capacitado para ponerlas a funcionar”, detalló la galeno del centro asistencial. Con estas acciones, el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cumple con el compromiso de llevar más y mejores servicios a toda la población.
• Con información del MSPAS
Dos denuncias por posibles ilegalidades en la gestión de 1 mil 300 millones de quetzales fueron interpuestas contra exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
“Presentamos nuevos señalamientos por irregularidades y corrupción relacionados con el Decreto 21-2022 y la construcción de escuelas Bicentenario”, informaron Jairo Flores, Orlando Blanco y José Chic, al entregar la documentación en Gestión Penal de tribunales.
Chic indicó que, en el caso de las “escuelas de lego”, se trata de contrataciones por al menos 500 millones de quetzales, los cuales, de ser bien invertidos, pudieron beneficiar a la educación del país.
En relación con el citado decreto, son aproximadamente 814 millones de quetzales mal ejecutados, lo que representaría hoy contar con una mejor red vial, con más de 100 kilómetros de carretera. La cifra representa el presupuesto anual del Hospital General San Juan de Dios, agregó el parlamentario.
Flores explicó que, en primera instancia, se denunció el caso que incluye proyectos por el gasto señalados, los cuales fueron adjudicados anómalamente en diferentes unidades de la cartera.
La acción penal alcanza al exministro Javier Maldonado; Erick Sánchez, ex viceministro de Infraestructura y Vivienda; Mario Gustavo Alemán, exdirector de Covial; Yidja Girón Gutiérrez, exdirectora del Fondo Social de Solidaridad, y Gabriel Jo Lau, exdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, entre otros.
Los supuestos delitos son fraude, concusión, falsedad ideológica, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de estafa, incumplimiento de deberes, peculado y asociación ilícita.
Blanco explicó que la segunda denuncia se refiere al proyecto de escuelas Bicentenario, el cual habría sido ideado para malversar recursos del Estado, aprovechándose de la necesidad de la población de contar con centros educativos.
Redcción, EFE
Un enjuiciamiento justo pidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Claudia González, abogada y defensora de los derechos humanos, así como exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que realizó en la desaparecida Comisión.
Según Dujarric, António Guterres, titular del citado foro mundial, reconoce “la importante labor de esa Comisión y su personal a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.
Irrespetaron términos
Guterres recordó que, según los términos pactados entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, el personal de la desaparecida institución debía quedar protegido contra los abusos, represalias e intimidaciones por el ejercicio de su labor.
González espera ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta en 2017 sobre el proceder de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) pidió también a las autoridades guatemaltecas que garanticen el derecho a un juicio imparcial, con respeto al debido proceso para la exmandataria de la CICIG y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes del ente internacional desaparecido, defensores de derechos humanos y periodistas.
Foto: MP
Como resultado de una serie de allanamientos en tiendas, negocios y tortillerías de la capital, las autoridades rescataron a nueve menores, quienes fueron sacados de la explotación laboral; además, capturaron a cuatro personas por el citado delito.
Las acciones las efectuaron la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), y la Unidad contra la Explotación Laboral, del Ministerio Público (MP).
Entre los detenidos, según el reporte de las autoridades, figuran Ana Xaper, en la colonia El Progreso, zona 11 capitalina, mientras que en la Landívar, zona 7, fueron aprehendidos Paula Ordóñez y Noé García.
Xaper y Ordóñez son señaladas por el delito de trata de personas, mientras que a García se le atribuye el uso de menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.
Los pequeños quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que seguirá los procesos y cuidado de los infantes hasta que se solvente el asunto.
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