EN EL PAÍS
La discusión estratégica del erario
La Alianza para el Gobierno Abierto -AGA- es una iniciativa multilateral inspirada en el movimiento del mismo nombre, que surgió en Inglaterra en los años 70, la cual busca una transformación en el modelo de la gestión y planificación de la política pública.
De esa cuenta, se impulsan aspectos como la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía para combatir la opacidad de los actos de la administración estatal.
La AGA es una plataforma fundada en 2011, a la cual se pueden adherir los gobiernos que impulsan la apertura de la discusión de los temas relevantes del país y la planificación de las medidas para atenderlos.
Guatemala se sumó en 2012, y a la fecha ha suscrito 3 planes de acción que contienen los compromisos básicos para alcanzar las metas propuestas en temas de lucha contra la corrupción.
Los primeros dos ejercicios se llevaron a cabo durante el gobierno anterior, el cual concluyó de forma abrupta después de que trascendieran la manera en que las autoridades de ese entonces conformaron redes para despojar al Estado de recursos económicos.
Ello indica que a pesar de estar suscrito a un compromiso moral, los viejos modelos de gestión continuaban dominando las estructuras de poder, corrompiendo a funcionarios de todo nivel, bajo la indiferencia y aceptación de la colectividad social que, hasta cierto punto, veía la corrupción como algo normal en nuestro sistema político.
A partir de las masivas manifestaciones de rechazo, la sociedad guatemalteca sabe que no debe dar marcha atrás en las demandas de claridad en los actos públicos. Las estructuras estatales también reconocen que debe existir una transformación total en la administración de los bienes de la ciudadanía, principalmente de sus impuestos.
Por ello, el presidente Jimmy Morales llamó a romper los paradigmas que han hecho que el país no desarrolle sus potencialidades, durante la primera reunión de las discusiones del Presupuesto Abierto y Presupuesto Multianual 2018-2022, lo cual da cumplimiento a los compromisos en materia de asuntos fiscales, financieros y tributarios del tercer Plan de Acción del AGA suscrito por este gobierno.
Segundo ejercicio
Por segundo año consecutivo, ministros y secretarios de Estado, sociedad civil, académicos y diplomáticos, discuten las necesidades de ingresos y egresos del Estado para 2018, tal como se hizo el año pasado para construir la base del plan de gastos que nos rige en este período.
Del 22 de mayo al 8 de junio, todas las instituciones del Estado presentan una proyección de las acciones que priorizará para el próximo año, con una planificación coordinada de la prestación de servicios y un cálculo de gastos para llevarlas a cabo, con lo cual se da la oportunidad al público de conocer los planteamientos de los diferentes funcionarios para cerrar las brechas sociales.
Aunque el programa puede y tiene que ser optimizado para que sus objetivos se puedan cumplir de forma efectiva, su puesta en marcha ha generado que los guatemaltecos se empoderen a través del ejercicio de su derecho a informarse y a expresarse, y se incentiva la participación, pues permite a la sociedad civil interesada en políticas sectoriales participar e incidir en el debate.
El primer taller “nos dejó la enseñanza de que cuando existe voluntad, vocación de servicio y buena fe para obrar, los libros de las instituciones se abren al escrutinio de la población; los aportes técnicos y sustentados para mejorar el desempeño de los ministros son bienvenidos”, expresó el mandatario, para acentuar los principios que persigue el AGA, y agregó que lo más importante es que se “crea ciudadanía, se dignifica la gestión del funcionario y permite la medición de resultados sobre el desempeño gubernamental”.
Asimismo, es importante destacar que en una acción inédita en la historia del país se hace el esfuerzo de formular un presupuesto para 5 años, con lo cual se da una perspectiva estratégica para que se establezcan medidas sostenidas que trasciendan a los gobiernos y den respuestas definitivas a los grandes problemas nacionales.
Proyecciones
Para hacer previsiones apegadas a la realidad macroeconómica, el Ministerio de Finanzas dio a conocer las proyecciones que sirvieron como base para la construcción del Presupuesto Multianual.
Según el Banco de Guatemala, el Producto Interno Bruto (PIB) crecería de 2018 a 2022 entre 4 y 4.8 por ciento, y la carga tributaria llegaría a un 11.3 por ciento.
Asimismo, el Presupuesto podría subir para el siguiente ciclo en no menos de Q6 mil 96 millones, y si se cumplen las tendencias de recaudación y en el PIB, para 2022 sería de unos Q9 mil 5 millones.
Solicitudes y prioridades
Las prioridades del Ministerio de Educación estarán enfocadas en ampliar la cobertura y calidad y atender los niveles educativos rezagados, para lo cual estima la necesidad de un incremento de Q16 mil 891.6 millones. Mientras, en el Presupuesto Multianual se incluyen la matrícula del sector oficial, ampliación de la cobertura y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Acompañamiento Pedagógico con un presupuesto de Q489 millones 760 mil 171 para 2022.
Por su parte, la cartera de Desarrollo Social prevé el seguimiento de los programas como el de Comedores, Bolsa de Alimentos, Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos, Salud y Educación, Jóvenes Protagonistas, Becas de Educación y Empleo. Para completar sus objetivos de mediano y largo plazo, requiere de Q2 mil millones 716 mil.
Mientras tanto, la cartera del Interior busca un alza de Q1 mil millones para 2018 y de Q7 mil millones para 2022.
Con esos recursos se dará seguimiento y se vigorizarán las áreas de seguridad a las personas, prevención de la violencia, el robustecimiento de la Policía Nacional Civil con la ampliación y mejoramiento de su infraestructura y equipamiento, así como el combate al narcotráfico, servicios de custodia y rehabilitación de privados de libertad, y la transformación progresiva del Sistema Penitenciario.
Entre otras instituciones, el Ministerio Público solicitó un aumento de Q775.7 millones y el Organismo Judicial Q660 millones. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación requirió, para avanzar en la lucha contra la desnutrición y apoyar en la agricultura doméstica, un presupuesto de Q2 mil 456.2 millones, y unos Q2,756.8 millones para 2022.
El Ministerio de la Defensa destacó que ha tenido un papel importante el Tren de Desarrollo, y espera alcanzar un techo de Q2 mil 667 millones.
El despacho de Salud planteó un requerimiento de Q1 mil 105 millones, para lograr un total de Q8 mil 800 millones con los cuales se dinamizará la red de servicios en todo el territorio, lo cual incluye contratación de personal, remozamiento y construcción de puntos asistenciales y la inversión para el funcionamiento.
Participación activa
El Gobierno ha emprendido este esfuerzo para que todas las personas e instituciones puedan ser testigos y opinar sobre los planes y propuestas programáticas, y solo espera que el pueblo haga su parte para no quedar al margen de la discusión y que el país cuente con un Presupuesto lo más consensuado posible.
En los portales www.minfin.gob.gt o a www.presupuestoabierto.gt se encuentran alojadas las presentaciones de cada una de las instituciones que ya han participado, y el cronograma de las entidades restantes para que los interesados puedan asistir de forma presencial y hacer valer su ciudadanía.
EFE
Un grupo de representantes de los pueblos indígenas de Guatemala pidió este martes a los diputados del Congreso no elegir candidatos con señalamientos de corrupción, durante la elección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia y las salas de Apelaciones.
Las autoridades indígenas pidieron a los congresistas “no elegir a aspirantes vinculados a casos de corrupción” o que “hayan emitido sentencias violatorias a derechos humanos”, según un comunicado de prensa.
Este martes el Congreso de Guatemala tiene una sesión ordinaria en la que se espera que se haga la votación para determinar a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones.
Las autoridades indígenas que piden transparencia en la elección son el Parlamento Xinca, los 48 cantones de Totonicapán y la alcaldía indígena de Sololá, entre otras.
En su pronunciamiento, las autoridades indígenas piden a los diputados no realizar una votación secreta ni en bloques, para garantizar “transparencia” en la elección de magistrados.
“Queremos que como buenos servidores públicos y defensores de la democracia escuchen nuestros planteamientos”, puntualiza el comunicado.
La semana pasada, la comisión de postulación, integrada por las universidades del país y que se encarga de filtrar a los aspirantes a las altas cortes, envió al Congreso la lista de los 26 finalistas para conformar el Supremo y de 315 candidatos a salas de Apelaciones.
El proceso de la comisión de postulación fue observado por una misión de la Organización de Estados Americanos, la cual alertó, el pasado 18 de septiembre, que fueron rechazados los señalamientos de corrupción que la sociedad civil presentó contra decenas de candidatos.
El proceso se encuentra bajo la lupa internacional debido a que en los últimos 10 años el sistema judicial guatemalteco se ha deteriorado y esto evidenciado por la expulsión de jueces anticorrupción y los procesos penales contra periodistas, fiscales, políticos de oposición y activistas.
Entre 2019 y 2024, las cortes de Guatemala estuvieron en un limbo sin renovación debido a que una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) mostró cómo se había amañado el proceso de elección y todo quedó paralizado hasta este año.
La enfermedad renal crónica se ha convertido en la principal causa de ingreso en los hospitales nacionales, con un alto número de casos relacionados con infecciones derivadas del uso de catéteres para hemodiálisis.
Estas infecciones, en muchos casos, representan un riesgo significativo de complicaciones graves e incrementan la mortalidad.
Para contrarrestar este problema, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha dado un paso importante en el marco del Plan Salud Renal 2030, implementando la posibilidad de realizar fístulas arteriovenosas a los pacientes atendidos en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) en el Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva.
Este tipo de procedimiento reduce significativamente el riesgo de infecciones, mejorando la calidad de vida de los pacientes y disminuyendo el riesgo de mortalidad.
Para la realización de estos procedimientos se cuenta con el apoyo de la organización internacional Bridge of Life, que está brindando capacitación especializada al personal médico. Del 30 de septiembre al 4 de octubre, se tiene previsto operar a 75 pacientes en Hospital de Villa Nueva y a 20 niños en el Hospital Roosevelt, con la esperanza de que este tipo de intervenciones se extiendan a más servicios de salud del país.
Autoridades del Ministerio de Gobernación han informado que 25 agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) culminaron el diplomado titulado Actualización en Investigación Criminal y Forense y su aplicación en el ámbito de narcoactividad y delitos conexos.
Este programa académico fue diseñado para actualizar y fortalecer las capacidades investigativas de los agentes en temas relacionados con el combate al narcotráfico y crímenes asociados.
El evento tuvo lugar en el auditorio del Campus San Francisco de Borja, S.J., de la Universidad Rafael Landívar, donde participaron diversas autoridades, entre ellas el viceministro de Antinarcóticos, Werner Ovalle, quien encabezó la ceremonia.
Durante su discurso, Ovalle destacó la importancia de la profesionalización en las fuerzas de seguridad, señalando que la formación continua de los agentes es uno de los pilares estratégicos del plan de trabajo del Ministerio de Gobernación.
Ovalle también aprovechó la ocasión para felicitar a los 25 agentes antinarcóticos que completaron con éxito esta especialización, reconociendo el esfuerzo y dedicación que cada uno de ellos puso en adquirir los conocimientos necesarios para enfrentar los complejos desafíos que presenta la lucha contra el narcotráfico.
