COLUMNAS
La Digessp cumplió 6 años
Las empresas que prestan seguridad en lo particular deben estar registradas y supervisadas sin excepción alguna por el Estado.
A seis años de fundación arribó el 2 de mayo de este año, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), una de las dependencias más jóvenes del Ministerio de Gobernación (Mingob), cuyo nacimiento se produce por la obligación del Estado de implementar los mecanismos de ley para regular, supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de seguridad privada. En tal sentido, el Decreto 73-70, del Congreso de la República, da vida jurídica a la Ley de Policías Particulares, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 4 de noviembre de 1970, con vigencia el 19 del mismo mes y año, como un instrumento legal que buscaría normar esos especializados servicios, hoy en marcado aumento.
El avance, tanto en el ámbito privado como público, ha sido un constante esfuerzo para que dichos servicios sean debidamente regularizados y controlados. El origen de la seguridad privada en el país está fusionada a la necesidad de las personas de proteger sus bienes y su integridad física, derivado de la violencia que se vive en el territorio nacional, los robos, los secuestros, las extorsiones y el crimen organizado. Ese entorno, dio luz verde al Decreto 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, produciéndose un cambio sustancial en la función pública y la importancia de regular la prestación de esos servicios.
Indudablemente que la actual administración de la Digessp tiene grandes retos para dar estricto cumplimento a la normativa, en cuanto a la adecuación de la totalidad de las empresas prestadoras de seguridad privada en el contexto nacional, así como a la acreditación de todos los guardias que laboran para las entidades que proporcionan seguridad a la mayoría de negocios establecidos en la nación. Las empresas que prestan seguridad en lo particular deben estar registradas y supervisadas sin excepción alguna por el Estado, por medio del Ministerio del Interior y, este a su vez por la Digessp, lo que garantizará a la población que utiliza el servicio que están adecuadas y capacitadas para desarrollar esa función.
De esa cuenta, los registros que lleva la entidad encargada de la regularización de las empresas de seguridad privada suman 176 compañías en pleno desarrollo de ese oficio, de las cuales 112 han cumplido con los requisitos contemplados en Ley, 51 permanecen con acuerdo ministerial y 13 con acuerdo gubernativo. De ahí que los dueños de esas corporaciones hagan conciencia y se acoplen a lo establecido en la Ley, a fin de mejorar la prestación del servicio, siendo la seguridad una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida de los guatemaltecos. No más empresas al margen de la legislación vigente, por la obstinación de algunos representantes de no adecuarse y de no operar en igualdad de condiciones. De no enmarcarse en la Ley, ¿qué mensaje dejan a sus clientes actuales y futuros aquellas entidades de seguridad que no se ciñen al ordenamiento jurídico existente?
Fernando Soto,
Director de Fomento de las Artes, Ministerio de Cultura y Deportes
Guatemaltecos, cuyos nombres han trascendido las fronteras de nuestro país por su valor artístico, forman una constelación de estrellas en el firmamento del arte nacional. Nombres como Joaquín Orellana, Carlos Mérida, Efraín Recinos o Miguel Ángel Asturias, son algunas de estas figuras del arte nacional que dan renombre a Guatemala en el universo artístico.
El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, constitucionalmente tiene la obligación primordial de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional y, anualmente, reconoce a los artistas por medio de la entrega de los Premios por Trayectoria y Aportes al Desarrollo del Arte.
El Estado tiene la obligaciòn de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional.
Marimba, teatro, danza, música, artes visuales y artes circenses son las disciplinas en las que se premia a mujeres y hombres guatemaltecos dedicados al arte nacional, enalteciendo, reconociendo y valorando a las y los guatemaltecos dedicados al quehacer artístico nacional.
Durante el año se entregan los premios a los artistas en cada una de las disciplinas en las que han destacado, contribuyendo al desarrollo del arte, ya sea por medio de la docencia, la proyección de su arte como destacado intérprete, o la labor creadora de obras artísticas, fruto de años de dedicación y esfuerzo, sirviendo como ejemplo a las nuevas generaciones de niños y jóvenes que inician o se están formando en el arte y, a la vez, proyectando su obra creadora a la sociedad guatemalteca, dejando un legado artístico que muestra la grandeza del arte a nivel nacional e internacional.
Educadores que transmiten a las nuevas generaciones su conocimiento y experiencia en las escuelas de arte, conservatorios o academias comunitarias que existen en el territorio nacional; dramaturgos, compositores y coreógrafos que plasman en su obra historias y vidas, paisajes sonoros, lenguajes corporales cadenciosos con el fin de transmitir una idea, un momento, un mensaje, un recuerdo o una realidad; músicos, actrices y actores, bailarinas y bailarines, escultores y pintores, payasos, acróbatas y magos que han dejado su vida en las tablas, en teatros, en galerías, en parques, iglesias, edificios, en festivales o en donde se pueda hacer un escenario o montar una exposición y presentar ante un público diverso y colorido el fruto de la obra creadora
individual o colectiva.
Mientras sigamos reconociendo y valorando a nuestros artistas, seguiremos llenando de estrellas el firmamento artístico de nuestra Guatemala.
El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial destaca las principales amenazas que enfrentará el mundo. Entre las más urgentes para los próximos dos años se encuentran la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, ciberataques y los conflictos armados.
La desinformación, entendida como información falsa difundida sin intención y como aquella creada deliberadamente para engañar, destaca como una de las amenazas más preocupantes. Dentro de este fenómeno, se incluyen las deepfakes: videos o audios generados con inteligencia artificial que imitan a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural.
Estas herramientas, que utilizan modelos de aprendizaje profundo para crear contenido casi indistinguible de la realidad, están ahora al alcance de cualquiera con acceso a un software básico, convirtiéndose en una poderosa arma de manipulación.
En un país como Guatemala, donde persiste la polarización política y la desconfianza en las instituciones, las deepfakes representan un riesgo enorme.
La rapidez con la que se difunde la información a través de plataformas como Facebook, WhatsApp o TikTok, sumada a la tendencia de la población a consumir información superficial sin verificarla, crea un terreno fértil para el éxito de este tipo de
manipulaciones.
Crear un deepfake no requiere de equipos sofisticados; basta con programas accesibles y suficiente material visual de la persona que se desea imitar. Casi cualquiera con intenciones maliciosas puede producir contenido para difamar a figuras públicas, marcas o influir en decisiones políticas y sociales. En un país donde muchos ciudadanos se quedan en la superficie de lo que ven o escuchan, las consecuencias pueden ser tremendas.
Vivimos en una era de sobrecarga de información y contenido instantáneo, donde la veracidad de los hechos importa menos que las emociones que estos generan.
Campañas de desprestigio y contenidos falsos no solo capturan la atención del público y manipulan sus percepciones, sino que también distorsionan la verdad y alimentan la polarización social, aumentando el clima de desconfianza.
A nivel global, estudios como los del MIT han demostrado que las noticias falsas y los deepfakes, se difunden más rápido y llegan más lejos que las noticias verdaderas, especialmente en el ámbito político. Esto se debe a su novedad, apariencia y a su capacidad de generar emociones fuertes como miedo, disgusto y sorpresa, haciéndolas más propensas a ser compartidas en redes sociales.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural. Las redes sociales, que surgieron como espacios para la libre expresión, hoy pueden adormecer el razonamiento crítico, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de la manipulación. En lugar de profundizar y cuestionar, muchos se quedan en la superficie de los titulares y contenidos virales, adoptando posturas emocionales antes que basadas en hechos.
Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad ante esta amenaza. No debemos consumir toda la información que nos llega sin cuestionarla. Necesitamos practicar un escepticismo saludable, fomentar la alfabetización mediática, la cultura de verificación y análisis crítico educándonos para identificar y combatir la desinformación.
Si no aprendemos a discernir entre la verdad y la manipulación, seguiremos siendo vulnerables y presas fáciles. Solo con una ciudadanía informada y crítica podremos proteger nuestro derecho a tomar decisiones .
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
En Guatemala, se estima que 1,025,465 personas viven con al menos una dificultad, lo que equivale al 9.53% de la población total. Durante muchos años, las personas con discapacidad en nuestras comunidades han sido olvidadas y excluidas de diversos ámbitos sociales.
Este es un tema de preocupación para el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala, ha emitido 83 observaciones y recomendaciones al Estado guatemalteco.
Las OMD representan el enlace entre las personas con discapacidad y las entidades municipales.
Para cumplir con estas recomendaciones el CONADI, cuenta con el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad. A través de sus delegados departamentales trabaja con organizaciones e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad.
El objetivo es influir en la voluntad política de las autoridades para que integren la temática de discapacidad en los Planes, Programas, Proyectos y Políticas municipales.
En seguimiento a este mandato, CONADI colabora activamente en la Comisión Departamental de Discapacidad (CODEDIS) y con la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS); y a partir de la publicación del Acuerdo Gubernativo 137-23024, el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial, el CONADI podrá participar con voz y voto en los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDES).
Estos esfuerzos buscan fomentar la participación ciudadana y crear espacios específicos para la instalación de Oficinas Municipales de Discapacidad en los municipios del país.
Hasta la fecha, se han establecido 131 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) y 2 Direcciones Municipales de Discapacidad (DMD), que sirven como enlace directo entre las personas con discapacidad y sus familias en cada municipio.
Las aperturas más recientes incluyen las oficinas de Santa Catarina Mita, Jutiapa; Melchor de Mencos, Petén; Samayac, Suchitepéquez, San Rafael las Flores, Santa Rosa; Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula; así como en Jocotenango y Pastores en Sacatepéquez.
