EN EL PAÍS
Comienza análisis de propuesta
La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó información a los Ministerios de Finanzas y Economía, así como a la Comisión Portuaria Nacional, para comenzar a estudiar la viabilidad del convenio entre APM Terminals y el Estado, con el cual se busca otorgar una concesión a esa empresa para la entrada en funciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el Puerto de San José, Escuintla.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó información a los Ministerios de Finanzas y Economía, así como a la Comisión Portuaria Nacional, para comenzar a estudiar la viabilidad del convenio entre APM Terminals y el Estado, con el cual se busca otorgar una concesión a esa empresa para la entrada en funciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el Puerto de San José, Escuintla.
Según Anabella Morfín, titular de la PGN, los datos servirán para definir si la propuesta de APM, en cuanto a otorgar US $43.2 millones (Q326 millones 592 mil) en resarcimiento por daños y perjuicios, es favorable para el país en términos legales y económicos, tal como lo habría instruido el presidente Jimmy Morales.
Replantear acuerdo
La funcionaria se reunió con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, quienes le requirieron evaluar los montos que el Estado recibiría por año por el arrendamiento del espacio que TCQ ocuparía en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), así como por el ingreso de contenedores.
“En ese aspecto, es necesario hacer una proyección de las ganancias que la empresa percibiría a largo plazo, con el fin de establecer el esquema económico más apropiado para que el país no reciba solo una pequeña parte de las utilidades”, manifestó el congresista Carlos Barreda.
El interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, opinó que la medida sería acertada, pues permitiría resolver el conflicto legal generado por la suscripción anómala del usufructo, efectuada durante la gestión de Allan Marroquín en la EPQ, donde la Contraloría General de Cuentas analiza otros 17 convenios.
El Presidente Bernardo Arévalo y el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva sostuvieron una reunión en Nueva York, Estados Unidos, con el propósito de continuar la agenda entre ambas naciones para seguir desarrollando los programas bilaterales como el Proyecto de Cooperación Técnica Trilateral de la Policía Comunitaria que se encuentra en la Fase II, asimismo, la implementación de los Bancos de Leche Humanitaria que inició en 2008 y que está en la fase III.
Brasil es uno de los principales socios estratégicos de Guatemala en América del Sur, con quien comparte posiciones similares en temas regionales y multilaterales.
Guatemala, por su parte, tiene el compromiso de seguir mejorando la relación económica y comercial con el país sudamericano, sobre todo en el intercambio de productos avícolas y lácteos.
Durante la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), presidida por la presidenta en funciones Karin Herrera y la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Gamboa, se indicó que, de enero a septiembre de 2024, se ha brindado atención a 19,632 familias con niños y niñas en situación de desnutrición aguda.
La viceministra Gamboa presentó los avances y respuestas que se brindaron con la asistencia alimentaria a familias con niños y niñas en situación de desnutrición aguda. La atención a las familias en todo el país, significó la entrega de 81,045 raciones de alimentos. Lo que representa un incremento significativo de asistencia alimentaria respecto al mismo período del año anterior (2023), cuando solo se distribuyeron 13,482 raciones a 4,494 familias.
Este aumento refleja un avance actual en la ejecución física del 22.89%, mientras que en la ejecución presupuestaria es del 27.93%, con una cobertura en los 22 departamentos de la República de Guatemala.
Durante el desarrollo de la reunión, la presidenta en funciones Karin Herrera solicitó la formulación de un Plan Municipal para enfrentar la desnutrición aguda en los territorios más afectados, además de un Plan Comunitario que brinde atención a los casos severos en las zonas con mayor mortalidad infantil.
Ayer y hoy, Guatemala es sede de la Segunda Reunión Presencial de Diálogo Centroamericano con Puntos de Contacto Nacional, un esfuerzo regional enfocado en la creación de la Hoja de Ruta para prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones.
Este instrumento pretende establecer prioridades y acciones compartidas entre los países del área para mejorar la eficacia en la lucha contra la circulación ilegal de estos artefactos, que impacta directamente la seguridad y estabilidad.
Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), resaltó la relevancia de enfrentar el fenómeno, pues una alta proporción de los actos violentos en el país está vinculada con este tema.
“Es necesario desarrollar acciones para comprender mejor este problema y establecer conversaciones que permitan contrarrestar a las organizaciones criminales responsables de la proliferación de armas en el territorio”, afirmó Jiménez.
Herramienta clave
Por su parte, Katja Boettcher, oficial de Asuntos Políticos del Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, en inglés), resaltó los avances desde la primera reunión, el año pasado, en Panamá.
Explicó que este mecanismo se perfila como una herramienta clave para transformar la región en una zona de paz, seguridad y desarrollo.
Asimismo, el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ivan Marques, señaló: “Tenemos que alinear nuestras acciones para la prevención de la violencia y fortalecer nuestros marcos legales para reducir los flujos ilícitos que alimentan a los grupos ilegales organizados”.
El representante de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), Rafael Donis, dijo: “Cada país enfrenta el desafío de garantizar que las armas autorizadas estén en manos de sus propietarios. La Hoja de Ruta contribuirá a lograr este objetivo”.
