EN EL PAÍS
Estado garantiza pago de cuota patronal
El Ministerio de Finanzas Públicas cumplirá con la asignación de los Q609.1 millones de cuota patronal presupuestados este año para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indicó Víctor Martínez, vicetitular de esa cartera.
El Ministerio de Finanzas Públicas cumplirá con la asignación de los Q609.1 millones de cuota patronal presupuestados este año para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indicó Víctor Martínez, vicetitular de esa cartera.
Por instrucciones del presidente Jimmy Morales se honrará ese compromiso, el cual se ha incumplido en administraciones anteriores, dijo el funcionario, quien se reunió ayer con diputados del Movimiento Reformador y autoridades del IGSS.
De acuerdo con Carlos Contreras, presidente de esa institución, durante 2015 el Estado debió desembolsar Q600.1 millones, pero solo otorgó Q362 millones, una situación que se habría registrado en años pasados y habría repercutido en la calidad de los servicios prestados a los afiliados, así como en la imposibilidad de dignificar al personal que labora allí.
Prevén incremento
Martínez manifestó que el Gobierno está consciente de la necesidad de aumentar los fondos para esa institución, pero esto se ve limitado por las proyecciones de recaudación, pues las asignaciones anuales se hacen con base en los ingresos por captación de tributos.
“Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para 2017 se ha previsto un incremento de Q50.9 millones, lo cual permitirá al IGSS contar con Q660 millones para atender a los trabajadores del sector oficial, un monto que esperamos poder ampliar en los próximos años”, agregó.
Contreras expresó que el cumplimiento de la cuota patronal por parte del Estado es fundamental para mejorar las condiciones en que se atiende a la población.
Deuda histórica
Las autoridades del IGSS hicieron alusión a una deuda por Q32 mil 870 millones que se arrastra desde 1946, cuando la entidad fue fundada, pues existe una cuota que el Estado nunca ha saldado.
Empero, esto se debería a que en el Artículo 40 de su Ley Orgánica se establece este financiamiento mediante impuestos creados para el efecto, los cuales nunca cobraron vida.
Para corregir este y otros aspectos, ya se trabaja en una iniciativa de reformas a esa normativa, aseguró la diputada Dolores Beltrán.
Ayer y hoy, Guatemala es sede de la Segunda Reunión Presencial de Diálogo Centroamericano con Puntos de Contacto Nacional, un esfuerzo regional enfocado en la creación de la Hoja de Ruta para prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones.
Este instrumento pretende establecer prioridades y acciones compartidas entre los países del área para mejorar la eficacia en la lucha contra la circulación ilegal de estos artefactos, que impacta directamente la seguridad y estabilidad.
Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), resaltó la relevancia de enfrentar el fenómeno, pues una alta proporción de los actos violentos en el país está vinculada con este tema.
“Es necesario desarrollar acciones para comprender mejor este problema y establecer conversaciones que permitan contrarrestar a las organizaciones criminales responsables de la proliferación de armas en el territorio”, afirmó Jiménez.
Herramienta clave
Por su parte, Katja Boettcher, oficial de Asuntos Políticos del Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, en inglés), resaltó los avances desde la primera reunión, el año pasado, en Panamá.
Explicó que este mecanismo se perfila como una herramienta clave para transformar la región en una zona de paz, seguridad y desarrollo.
Asimismo, el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ivan Marques, señaló: “Tenemos que alinear nuestras acciones para la prevención de la violencia y fortalecer nuestros marcos legales para reducir los flujos ilícitos que alimentan a los grupos ilegales organizados”.
El representante de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), Rafael Donis, dijo: “Cada país enfrenta el desafío de garantizar que las armas autorizadas estén en manos de sus propietarios. La Hoja de Ruta contribuirá a lograr este objetivo”.
EN EL PAÍS
Buscan más acción contra la pobreza
Organizaciones no gubernamentales definirán una agenda común en apoyo a los guatemaltecos más vulnerables
Definir acciones para trabajar de manera conjunta en el combate de la pobreza es el objetivo del V Congreso Nacional de ONG, que se realiza en la capital de Guatemala, informó la presidenta en funciones, Karin Herrera.
En ese sentido, Herrera afirmó que en el encuentro, que comenzó ayer y finalizará mañana, se establecerá una agenda común con el fin de conocer y buscar salidas a las necesidades de la población rural.
“Es importante tener una hoja de ruta, trabajar unidos en diferentes sectores para continuar mejorando las condiciones de los guatemaltecos más necesitados”, manifestó.
Planes a futuro
Por su parte, William Mazariegos, director ejecutivo de la entidad Asindes, que aglutina a 26 ONG, señaló que el evento pretende integrar a las organizaciones, para formular planes a futuro.
Mazariegos agregó que parte de las acciones es coordinar el trabajo con agencias internacionales, para obtener financiamientos y hablar con las municipalidades acerca del rol de las oenegés. “Queremos que las organizaciones no gubernamentales legítimas ocupen los espacios intersectoriales”, expresó.
De acuerdo con Mazariegos, durante estos tres días se espera establecer los acuerdos mínimos de la agenda común, darle seguimiento, lograr consensos y consolidarla en, aproximadamente,
cuatro meses.
El director de Asindes indicó que su organización llega a 500 mil familias, beneficiándolas con proyectos de desarrollo agrícola y exportación. Aquellos hogares que no tienen terrenos se les apoya con alimentos y educación nutricional, aseguró.
Además, la entidad cuenta con programas de microcréditos para impulsar el desarrollo económico y programas de vivienda y salud para las personas más necesitadas.
El Congreso de la República remitió ayer al Organismo Ejecutivo el decreto 18-2024 que contiene las reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado que incrementa las pensiones a los jubilados, para que sea sancionado por el presidente Bernardo Arévalo.
“Luego de concluir la fase de recepción de observaciones u objeciones, y al no recibir ninguna, el mismo fue trasladado”, informó el Legislativo. El documento fue recibido por la Secretaría General de la Presidencia.
La normativa establece que “las pensiones no serán menores al salario mínimo no agrícola vigente para 2024, ni mayores a 7 mil quetzales mensuales”, y para compensar la pérdida de poder adquisitivo autoriza, además, un aumento general a todas las retribuciones ya otorgadas, por un monto de 1 mil quetzales,
a partir de 2025.
También establece revisar cada cuatro años las cuantías asignadas a las jubilaciones para efectuar el aumento que corresponda, según los estudios actuariales que se elaboren, de las cuales, la primera se realizará cuatro años posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
