EN EL PAÍS
Según Gobernación, 10 por ciento de extorsiones provienen de estructuras criminales
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, se refirió este viernes al operativo desarrollado ayer en 12 departamentos del país, por medio del cual se logró la captura de 109 presuntos extorsionistas de la Mara Salvatrucha y Pandilla 18.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, se refirió este viernes al operativo desarrollado ayer en 12 departamentos del país, por medio del cual se logró la captura de 109 presuntos extorsionistas de la Mara Salvatrucha y Pandilla 18.
Las declaraciones del funcionario se dieron durante una entrevista en radio Emisoras Unidas, en donde también participaron el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos; la jefa de la Fiscalía contra el delito de Extorsión del Ministerio Público (MP), Enma Flores; y la representante de la instancia de monitoreo y apoyo a la seguridad pública, Verónica Godoy.
Rivas se refirió en general al tema de las extorsiones en el país y dijo que el 10 por ciento de estas provienen de estructuras criminales y son casi en su totalidad dirigidas desde las cárceles.
Mientras que el 90 por ciento corresponde a pequeños grupos, no específicamente estructuras criminales desarrolladas desde prisión, aunque algunas sí operan desde ahí. Según explicó, dentro de este porcentaje también se incluye a personas que están en libertad y que aprovechan el conocimiento que tienen de las pandillas para infundir terror y miedo en los ciudadanos para poder agenciarse de la extorsión.
Por su parte, el director de la PNC señaló que el fenómeno de la extorsión es el que más cobertura tiene a nivel nacional. “Es un problema que se ha proliferado, que impacta negativamente en la seguridad del país y en la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos”, expresó.
En cuanto al operativo ejecutado ayer, Ramos indicó que los momentos más tensos para las fuerzas de seguridad se vivieron cuando tuvieron conocimiento de que los pandilleros estaban a punto de asesinar a algunas de sus víctimas, por lo cual fue necesario que actuaran de forma inmediata, logrando así salvar vidas de los guatemaltecos durante el proceso de investigación, así como capturar a por lo menos 25 personas.
Mientras tanto, Flores se refirió a la necesidad de fortalecer tanto al MP como a la PNC, especialmente en el tema de recursos económicos, para poder continuar con la desarticulación de las bandas delictivas.
Además reiteró que el ente investigador continuará trabajando en la lucha contra las extorsiones. “La Fiscal General impulsa una política de persecución penal estratégica para establecer vínculos, quién dirige la organización criminal, quiénes son los sicarios y quiénes colaboran, pero principalmente garantizar la seguridad de las víctimas”, expresó.
Para Godoy el delito de la extorsión y las estructuras que lo comenten son complejas porque participa gran cantidad de personas, por lo cual consideró que es necesario continuar realizando acciones para combatirlo, entre estas operativos como el que se ejecutó ayer.
EN EL PAÍS
Buscan más acción contra la pobreza
Organizaciones no gubernamentales definirán una agenda común en apoyo a los guatemaltecos más vulnerables
Definir acciones para trabajar de manera conjunta en el combate de la pobreza es el objetivo del V Congreso Nacional de ONG, que se realiza en la capital de Guatemala, informó la presidenta en funciones, Karin Herrera.
En ese sentido, Herrera afirmó que en el encuentro, que comenzó ayer y finalizará mañana, se establecerá una agenda común con el fin de conocer y buscar salidas a las necesidades de la población rural.
“Es importante tener una hoja de ruta, trabajar unidos en diferentes sectores para continuar mejorando las condiciones de los guatemaltecos más necesitados”, manifestó.
Planes a futuro
Por su parte, William Mazariegos, director ejecutivo de la entidad Asindes, que aglutina a 26 ONG, señaló que el evento pretende integrar a las organizaciones, para formular planes a futuro.
Mazariegos agregó que parte de las acciones es coordinar el trabajo con agencias internacionales, para obtener financiamientos y hablar con las municipalidades acerca del rol de las oenegés. “Queremos que las organizaciones no gubernamentales legítimas ocupen los espacios intersectoriales”, expresó.
De acuerdo con Mazariegos, durante estos tres días se espera establecer los acuerdos mínimos de la agenda común, darle seguimiento, lograr consensos y consolidarla en, aproximadamente,
cuatro meses.
El director de Asindes indicó que su organización llega a 500 mil familias, beneficiándolas con proyectos de desarrollo agrícola y exportación. Aquellos hogares que no tienen terrenos se les apoya con alimentos y educación nutricional, aseguró.
Además, la entidad cuenta con programas de microcréditos para impulsar el desarrollo económico y programas de vivienda y salud para las personas más necesitadas.
El Congreso de la República remitió ayer al Organismo Ejecutivo el decreto 18-2024 que contiene las reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado que incrementa las pensiones a los jubilados, para que sea sancionado por el presidente Bernardo Arévalo.
“Luego de concluir la fase de recepción de observaciones u objeciones, y al no recibir ninguna, el mismo fue trasladado”, informó el Legislativo. El documento fue recibido por la Secretaría General de la Presidencia.
La normativa establece que “las pensiones no serán menores al salario mínimo no agrícola vigente para 2024, ni mayores a 7 mil quetzales mensuales”, y para compensar la pérdida de poder adquisitivo autoriza, además, un aumento general a todas las retribuciones ya otorgadas, por un monto de 1 mil quetzales,
a partir de 2025.
También establece revisar cada cuatro años las cuantías asignadas a las jubilaciones para efectuar el aumento que corresponda, según los estudios actuariales que se elaboren, de las cuales, la primera se realizará cuatro años posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Una supervisión para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), empezó ayer la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que concluirá el próximo 3 de octubre.
La evaluación busca determinar “si se están cumpliendo los protocolos, lineamientos y planes nacionales, entre otros, para mantener la seguridad aeroportuaria”, afirmó Erick Uribio, gerente
general del AILA.
De esa cuenta, inspeccionarán si, por ejemplo, se efectúan los patrullajes dentro y fuera del aeródromo, que los usuarios estén pasando por los escáneres, así como determinar qué artículos ingresan y cómo lo hacen, explicó.
Si tras la fiscalización encuentran inconvenientes establecen las medidas correctivas que se requieran y de no atenderse en el plazo que ellos fijan, el aeropuerto puede perder su categoría.
“Esta es una inspección integral que realiza la OACI, cada cierto tiempo a los Estados miembros del Convenio de Chicago, para comprobar el estado de los sistemas de supervisión de seguridad de aviación civil”, señaló la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en un comunicado de prensa.
