EN EL PAÍS
Presidente reafirma trabajo en área social y lucha contra la corrupción
Después de informar sobre los logros del primer semestre de administración, lo que sigue para el Gobierno del presidente Jimmy Morales, es la integración estratégica del trabajo de las instituciones, en lo que ya trabaja la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), para obtener los resultados requeridos por la población, de acuerdo con el mandatario.
Después de informar sobre los logros del primer semestre de administración, lo que sigue para el Gobierno del presidente Jimmy Morales, es la integración estratégica del trabajo de las instituciones, en lo que ya trabaja la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), para obtener los resultados requeridos por la población, de acuerdo con el mandatario.
En esa línea, el gobernante recalcó que los esfuerzos continuarán para fortalecer la salud, educación, desarrollo económico y seguridad, sin obviar otros campos de prioridad, así como la continua lucha contra la corrupción.
Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), instó a una descentralización urgente, pero con personas que combatan la corrupción, para que los logros sean significativos.
Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, recomendó triplicar la inversión social e indicó que los desafíos para el país “superan lo que un Gobierno puede hacer, por eso deben ser una discusión de estado”.
En ese debate, continuó Menkos, hay que proponer tres elementos que deben incluir la política fiscal: “la transformación productiva, para generar empleo y crecimiento económico sostenible; la construcción de la equidad, para que sin importar en qué cuna nazcamos tengamos acceso a una buena salud, educación y nutrición, y el tercer elemento, una política fiscal que fomente un Estado susceptible”.
Para ello, “vamos a seguir luchando contra la corrupción, vamos a mantener las buenas relaciones con los sectores de la población, privilegiando el diálogo, y esperamos que las críticas no cesen, pero las propositivas y constructivas y, mejor aún, la participación de las personas que proponen”, manifestó Morales.
Asimismo, el jefe del Organismo Ejecutivo, dijo confiar plenamente en los ministros, aunque advirtió: «El que se meta en clavos yo no lo voy a defender. Eso lo hablamos desde un principio; el que participe en corrupción tendrá que dar cuentas ante la Ley y no podré yo interceder por él”.
La presentación de los logros obtenidos en los primeros 6 meses de la administración gubernamental se dio en la Radio Nacional TGW, adonde acudieron el mandatario, el vicegobernante Jafeth Cabrera, los ministros de Estado y los analistas Menkos y Zelaya.
EN EL PAÍS
Buscan más acción contra la pobreza
Organizaciones no gubernamentales definirán una agenda común en apoyo a los guatemaltecos más vulnerables
Definir acciones para trabajar de manera conjunta en el combate de la pobreza es el objetivo del V Congreso Nacional de ONG, que se realiza en la capital de Guatemala, informó la presidenta en funciones, Karin Herrera.
En ese sentido, Herrera afirmó que en el encuentro, que comenzó ayer y finalizará mañana, se establecerá una agenda común con el fin de conocer y buscar salidas a las necesidades de la población rural.
“Es importante tener una hoja de ruta, trabajar unidos en diferentes sectores para continuar mejorando las condiciones de los guatemaltecos más necesitados”, manifestó.
Planes a futuro
Por su parte, William Mazariegos, director ejecutivo de la entidad Asindes, que aglutina a 26 ONG, señaló que el evento pretende integrar a las organizaciones, para formular planes a futuro.
Mazariegos agregó que parte de las acciones es coordinar el trabajo con agencias internacionales, para obtener financiamientos y hablar con las municipalidades acerca del rol de las oenegés. “Queremos que las organizaciones no gubernamentales legítimas ocupen los espacios intersectoriales”, expresó.
De acuerdo con Mazariegos, durante estos tres días se espera establecer los acuerdos mínimos de la agenda común, darle seguimiento, lograr consensos y consolidarla en, aproximadamente,
cuatro meses.
El director de Asindes indicó que su organización llega a 500 mil familias, beneficiándolas con proyectos de desarrollo agrícola y exportación. Aquellos hogares que no tienen terrenos se les apoya con alimentos y educación nutricional, aseguró.
Además, la entidad cuenta con programas de microcréditos para impulsar el desarrollo económico y programas de vivienda y salud para las personas más necesitadas.
El Congreso de la República remitió ayer al Organismo Ejecutivo el decreto 18-2024 que contiene las reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado que incrementa las pensiones a los jubilados, para que sea sancionado por el presidente Bernardo Arévalo.
“Luego de concluir la fase de recepción de observaciones u objeciones, y al no recibir ninguna, el mismo fue trasladado”, informó el Legislativo. El documento fue recibido por la Secretaría General de la Presidencia.
La normativa establece que “las pensiones no serán menores al salario mínimo no agrícola vigente para 2024, ni mayores a 7 mil quetzales mensuales”, y para compensar la pérdida de poder adquisitivo autoriza, además, un aumento general a todas las retribuciones ya otorgadas, por un monto de 1 mil quetzales,
a partir de 2025.
También establece revisar cada cuatro años las cuantías asignadas a las jubilaciones para efectuar el aumento que corresponda, según los estudios actuariales que se elaboren, de las cuales, la primera se realizará cuatro años posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Una supervisión para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), empezó ayer la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que concluirá el próximo 3 de octubre.
La evaluación busca determinar “si se están cumpliendo los protocolos, lineamientos y planes nacionales, entre otros, para mantener la seguridad aeroportuaria”, afirmó Erick Uribio, gerente
general del AILA.
De esa cuenta, inspeccionarán si, por ejemplo, se efectúan los patrullajes dentro y fuera del aeródromo, que los usuarios estén pasando por los escáneres, así como determinar qué artículos ingresan y cómo lo hacen, explicó.
Si tras la fiscalización encuentran inconvenientes establecen las medidas correctivas que se requieran y de no atenderse en el plazo que ellos fijan, el aeropuerto puede perder su categoría.
“Esta es una inspección integral que realiza la OACI, cada cierto tiempo a los Estados miembros del Convenio de Chicago, para comprobar el estado de los sistemas de supervisión de seguridad de aviación civil”, señaló la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en un comunicado de prensa.
