EN EL PAÍS
Ordenan auditar en el Seguro Social
La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ordenó una auditoría administrativa, financiera y médica para descartar irregularidades en esas áreas, manifestó Carlos Contreras, presidente de esa institución, en reunión con diputados del bloque Alianza Ciudadana.
La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ordenó una auditoría administrativa, financiera y médica para descartar irregularidades en esas áreas, manifestó Carlos Contreras, presidente de esa institución, en reunión con diputados del bloque Alianza Ciudadana.
Según el funcionario, el estudio alcanzaría a 53 contratos de prestación de servicios de carácter médico suscritos en diferentes años con igual número de empresas.
“De determinarse que no se están cumpliendo los acuerdos, se establecerían las sanciones que permita la Ley y se cancelarían los contratos”, expresó Contreras, y añadió que en un análisis preliminar se detectaron algunos hallazgos, sobre los cuales se está profundizando, como pagos por servicios que no se habrían prestado o se recibieron parcialmente.
Francisco Tambriz, jefe del bloque parlamentario, urgió a las autoridades a apresurar las averiguaciones y a interponer las denuncias penales correspondientes.
También hizo ver la importancia de actuar para asegurar la transparencia en esa institución, lo cual implicaría realizar investigaciones internas para descartar plazas fantasmas o doble pago a empleados, aspectos que, según dijo, han sido denunciados ante la bancada.
José Javier Donis, gerente de la entidad, indicó que se creó una comisión específica que está evaluando la nómina, con el propósito de corregir cualquier anomalía.
En la reunión también se informó sobre el avance en la depuración del listado de medicamentos, con el fin de adquirir solamente los que se necesitan para atender a los afiliados.
Recuperar deuda
Un total de Q800 millones en concepto de cuotas patronales adeudan distintas entidades privadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indicó Carlos Contreras, presidente de esa institución. De acuerdo con el funcionario, con esto se afecta a los empleados, quienes dejan de percibir los servicios, por lo cual se está realizando una reestructuración de los sistemas de Recaudación y de Inspección, para que las empresas puedan solventar fácilmente su situación. En la misma condición se encuentran diferentes comunas, manifestó Edwin Escobar, titular de la Asociación Nacional de Municipalidades, y agregó que se trabaja con la Junta Directiva del IGSS para conseguir una disminución en la deuda, de Q1 mil millones.
Con el objetivo de impulsar la producción de familias en cadenas productivas se realizó el foro Empresarialidad inclusiva y agricultura sostenible, organizado por la Agencia de Cooperación del Gobierno de Bélgica, Trias, el cual reunió a 14 organizaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana.
En la actividad se resaltó el apoyo técnico, la capacitación y la conexión con mercados internacionales, ejes fundamentales para el desarrollo sostenible en la región, como parte de la mejora en las capacidades empresariales en las comunidades agrícolas.
Jacqueline Abrego, directora regional para Trias de Centroamérica y el Caribe, destacó que el programa tiene como meta principal el crecimiento organizacional y el acceso inclusivo a compradores. “Buscamos fortalecer a los pequeños productores para que puedan desarrollarse, crecer y acceder a mercados, así como mejorar la calidad de vida desde sus hogares”, subrayó Abrego.
Por su parte, Enrique Tobar, representante del viceministerio de Desarrollo Económico y Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), resaltó la importancia de estos espacios para fomentar la resiliencia ante la variabilidad climática y garantizar la seguridad alimentaria. “Este tipo de eventos nos permite fortalecer la asociatividad y enfrentar los retos que afectan a las familias rurales”, señaló.
La inauguración de la Oficina de Transparencia y Probidad en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) representa una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, con la cual se
busca promover la integridad y la honestidad en la administración pública, al fortalecer la confianza de la población en las instituciones.
La presidenta de la República en funciones, Karin Herrera, enfatizó en la importancia de esta iniciativa, como pilar fundamental para el buen funcionamiento de las entidades estatales.
“El manejo transparente y honrado de los recursos públicos es un compromiso indispensable para el fortalecimiento de las democracias”, afirmó Herrera, quien subrayó que la corrupción amenaza la efectividad de las instituciones. Además, instó a los funcionarios a trascender el marco normativo y cultivar una convicción colectiva contra los hechos deshonestos.
El director del Inguat, Harris Whitbeck, expresó que esta oficina representa un acuerdo con la sociedad y el sector turístico, el cual se ha visto afectado. “La corrupción es una enfermedad que ha lacerado a nuestra sociedad”, afirmó, y señaló que cada acto de este tipo daña la imagen de Guatemala ante el mundo.
EN EL PAÍS
MEM usará sistema satelital para evitar la minería ilegal
Piden a la ciudadanía denunciar a quienes excavan en canteras sin tener los permisos, lo cual es un delito
Con el fin de fortalecer los controles y evitar extracción de recursos minerales sin licencia, se tiene previsto hacer uso de la tecnología, informó ayer Julio Luna, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), durante una reunión con el diputado Manuel Archila, de la bancada Cabal.
“Tenemos un proyecto de utilización de controles remotos, imágenes satelitales para vigilar el territorio de Guatemala para este tipo de situaciones”, afirmó el funcionario durante el encuentro que se llevó a cabo en el segundo nivel del edificio Riera.
Agregó: “Hay algunos lugares que no son accesibles y que podríamos observarlos bien mediante ese sistema”.
La respuesta la dio Luna luego de que se le diera a conocer un caso de una empresa que extrae materiales en una cantera ilegal ubicada entre Villa Nueva y Sacatepéquez.
Llamado
Tras comentar que no tenía conocimiento de ello, Luna llamó a la ciudadanía a denunciar estos hechos. “Agradeceríamos el apoyo para que realicen las denuncias, que se pueden hacer de manera anónima; ya tenemos un mecanismo para ello. Necesitamos las coordenadas del sitio. Si no tienen licencia, hacemos la denuncia al Ministerio Público, porque esto es un delito”, aseguró.
Al encuentro llegaron representantes de micro y pequeñas empresas que están tramitando licencias para la extracción de material para la fabricación de block y que no han obtenido respuesta en más de dos años.
“Solicito velar por ellos, porque están a punto de cerrar por diferentes trámites ante la cartera de Energía, que no logran resolver”, afirmó Otto Jiménez, uno de los afectados.
