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Nicaragua niega en la ONU que viole derechos y no ofrece solución a retiro de nacionalidad
EFE
El Gobierno de Nicaragua negó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU todas las acusaciones de violaciones de esos derechos que recibió de otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Colombia, y no ofreció solución alguna para los cientos de nicaragüenses a los que ha retirado la nacionalidad.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) cumplió hoy con la revisión periódica de la situación en Nicaragua, que fue convencido por países cercanos -desde el punto de vista ideológico- de participar en este escrutinio, en el que inicialmente había decidido no tomar parte, dijeron a EFE fuentes de ese órgano intergubernamental.
Durante sus respuestas a los temas planteados por otros países, altas funcionarias de la Procuraduría General negaron las violaciones a los derechos a la manifestación pacífica y de reunión, de la libertad de expresión e información, y justificaron el cierre de miles de ONG y de universidades y la retitada de la nacionalidad a quienes el gobierno considera «traidores a la patria».
La procuradora nacional de la propiedad en la Procuraduria General, Jeanette García, dijo -por vía telemática- que el gobierno mantiene su decisión de no reconocer a la Corte Penal Internacional por considerar que «no ha dado muestras suficientes de imparcialidad» y que en Nicaragua no se censura el derecho a informar, sin ofrecer explicaciones sobre el cierre de numerosos medios de prensa independientes y el exilio de numerosos periodistas.
Frente a las críticas de los países por el cierre de 27 universidades y unas 5.300 organizaciones no gubernamentales, la procuradora aludió a la supuesta «falta de calidad y deficiencias» de las primeras, mientras que sobre las ONG sostuvo que entre las razones para su clausura estuvo el haber recibido fondos para «desestabilizar» al país.
Ni en estos casos, ni en el de los nicaragüenses a los que se quitó la nacionalidad -gran parte de los cuales también fueron desterrados del país- se planteó ninguna solución, a pesar de que este fue una de las principales peticiones de los países presentes en el CDH.
España denunció la «represión sistemática de la oposición política, el desmantelamiento progresivo del Estado de derecho, las violaciones al derecho a la libertad religiosa», así como la «privación de la nacionalidad, que España trata de contrarrestar ofreciendo la nacionalidad española» a los afectados.
Estados Unidos, como otros países, pidió que se libere a los detenidos arbitrariamente en Nicaragua y acusó al Gobierno de Daniel Ortega de «represión transnacional, que ataca a opositores políticos, expresos políticos y activistas en el extranjero».
La procuradora Carmen Soledad Rodríguez rechazó por su parte una alegación de Estados Unidos en relación a la participación en la represión de «grupos parapoliciales».
Sostuvo que la policía profesional ha sido la encargada de actuar «cuando ha tenido que restituirse el orden», aunque reconoció que cuando ha sido necesario han participado también «policías voluntarios, que actúan como cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional», quienes son ciudadanos corrientes, que se presentan por voluntad propia y de forma temporal.
En la fase de comentarios, México Panamá, Argentina y Chile, entre varios otros países, pidieron que se devuelva la nacionalidad a los nicaragüenses afectados, que se rectifique la cancelación de las autorizaciones para el funcionamiento de las ONG y que el gobierno vuelva a cooperar con los mecanismos de derechos humanos en la región y de Naciones Unidas.
Brasil pidió que se investigue y sancionen «a los responsables de la violencia contra minorías, sobre todo de indígenas y afrodescendientes (…) y se ponga fin a todo tipo de persecución religiosa».
Colombia indicó que «ve con preocupación el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, con el cierre del espacio cívico y las barreras para la pluralidad política». E
EFE
El papa Francisco aseguró que la sociedad y la Iglesia tienen que escuchar más a las mujeres, en un mensaje difundido este jueves en el encuentro ‘Bien Común: Teoría y Práctica’, organizado por la Academia Pontificia para la Vida en la Santa Sede.
«Necesitamos, tanto en la sociedad como en la Iglesia, escuchar las voces femeninas, necesitamos saberes diferentes para cooperar en el desarrollo de una reflexión amplia y sabia del futuro de la humanidad», remarcó el pontífice, según declaraciones recogidas en un comunicado difundido por la sala de prensa del Vaticano.
Asimismo, aseguró que «todas las culturas del mundo» pueden «ofrecer su contribución y expresar necesidades y recursos», para así «pensar y generar un mundo más abierto».
«La búsqueda del bien común y de la justicia son aspectos centrales de cualquier defensa de toda vida humana, sobre todo de la más frágil e indefensa», agregó Francisco, que instó de nuevo en la necesidad de profundizar en la fraternidad universal.
«En nuestro mundo, marcado por numerosos conflictos y contrastes que son resultado de la incapacidad de mirar más allá de los intereses particulares, es de gran importancia recordar el bien común, una de las piedras angulares de la doctrina social de la Iglesia», concluyó el papa.
EFE
El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, anunció la nominación del congresista Matt Gaetz, del ala dura del partido, como próximo fiscal general del país.
Su nombramiento, el más polémico de los anunciados hasta ahora por Trump, causó estupor entre los legisladores del Congreso, incluso dentro de las filas republicanas, dado que sobre Gaetz pesan acusaciones de tráfico sexual de una menor.
«Es un gran honor para mí anunciar que el congresista Matt Gaetz, de Florida, queda nominado para ser el fiscal general de Estados Unidos. Matt es un abogado tenaz y profundamente talentoso», declaró Trump en un comunicado.
El próximo mandatario declaró que «pocas cuestiones en Estados Unidos son más importantes que poner fin a la instrumentalización» del sistema judicial que, según él, ha llevado a cabo la Administración de Joe Biden.
Según Trump, Gaetz «desmantelará las organizaciones criminales y restaurará la fe y la confianza de los estadounidenses en el Departamento de Justicia, gravemente destrozada».
«¡Será un honor servir como fiscal general del presidente Trump!», se limitó a declarar Gaetz en redes sociales.
Horas después, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dio a conocer que el legislador presentó ya, y con efecto inmediato, su renuncia al escaño que ocupa, y ahora tendrán ocho semanas de plazo para encontrarle un reemplazo.
El nombramiento del encargado del Departamento de Justicia es uno de los más importantes para el próximo gabinete de Trump.
El republicano planea ordenar, cuando asuma el poder, el cierre de las investigaciones que la fiscalía abrió en su contra por el asalto al Capitolio y por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca.
Trump es favorable además a dar instrucciones al fiscal general para defender sus políticas en los tribunales e, incluso, para abrir investigaciones judiciales contra sus rivales políticos.
Tras una tensa relación con los fiscales de su primer mandato, Jeff Sessions y William Barr, se esperaba que eligiera para el cargo a una persona muy leal que nunca le diera la espalda.
Gaetz, de 41 años, es desde 2017 congresista de Florida en la Cámara de Representantes, donde se ha caracterizado como uno de los legisladores del ala más ultraderechista del Partido Republicano y alineado plenamente a los deseos de Trump.
Gaetz lideró de hecho la revuelta interna que tumbó en octubre de 2023 al entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, porque este había llegado a acuerdos legislativos con los demócratas.
Este polémico legislador está siendo investigado además por el Comité de Ética de la Cámara Baja por las acusaciones de que fue parte de un plan de tráfico sexual de una menor de 17 años, algo que Gaetz ha negado.
En 2023, el Departamento de Justicia puso fin a una investigación de tráfico sexual sobre Gaetz sin presentar cargos en su contra.
El nombramiento de Gaetz como fiscal general podría naufragar en el Senado, dado que los republicanos tienen en la Cámara una estrecha mayoría de 53 escaños y no está claro que todos los senadores del partido lo respalden.
El senador republicano John Cornyn, preguntado por la CNN, no quiso aclarar si votaría a favor de Gaetz y señaló que ha tenido «enfrentamientos en torno a ciertas cuestiones» con el congresista.
Según el portal Axios, el legislador republicano Max Miller habría declarado que Gaetz tiene «más opciones» de cenar con la reina Isabel II, fallecida en 2022, que de ser ratificado por el Senado.
Después de conocerse la nominación de Gaetz, un empleado del Departamento de Justicia declaró a la CNN que «el shock es fuerte» dentro de la institución.
Susana Madera
El crimen organizado es una de las mayores amenazas para el desarrollo humano y la democracia en América Latina y el Caribe, la región más violenta del mundo, y las políticas populistas y de mano dura que propician algunos gobiernos para combatirlo necesita un enfoque integral sobre seguridad ciudadana, aseveró la panameña Michelle Muschett, directora regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La violencia y el aumento en crímenes asociados particularmente con el crimen organizado «está poniendo en riesgo décadas de progreso alcanzado en materia de desarrollo y progreso social, pero también de consolidación democrática en la región», dijo Muschett en una entrevista con EFE.
La panameña recordó que en décadas pasadas se asociaba el fenómeno casi exclusivamente a los países de Centroamérica, pero ahora los niveles de crimen organizado en esa zona «han disminuido, a pesar de continuar siendo un problema muy relevante, y se han ido desplazando» a países que se consideraban más seguros en la región, como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Chile.
Entre las razones de ese aumento figuran aspectos relacionados con el narcotráfico, la debilidad en las instituciones, la desconfianza en la propia democracia, además de la corrupción.
Para afrontar la situación -dijo- se debe propiciar un desarrollo inclusivo a nivel de territorios y el fortalecimiento de las instituciones, especialmente relacionadas con la justicia.
La región más violenta del mundo
Latinoamérica y el Caribe, «la región más violenta y más desigual del mundo», concentra el 28,9 % de los crímenes violentos aunque alberga el 8,3 % de la población mundial, detalló.
Basada en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que el 3,5 % del producto interior bruto (PIB) regional se está viendo afectado como consecuencia del crimen organizado.
Además, en los esfuerzos por mitigar y de tomar medidas en contra del avance del crimen organizado se está invirtiendo «por encima del 30 % de los presupuestos nacionales, en términos de defensa», dijo.
Según datos de un estudio sobre seguridad ciudadana que presentará el PNUD este jueves en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, seis de cada diez personas creen que podría ser víctima de un crimen violento.
Estrategias integrales
Para el PNUD, la Cumbre Iberoamericana que se inaugura este jueves, es un espacio idóneo para dialogar sobre estrategias integrales que refuercen la seguridad, la sostenibilidad y la equidad, a la vez que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones.
Ello porque se abre la posibilidad de movilizar mayor cooperación internacional, «pero también figuras como cooperación sur-sur y triangular para abordar esta problemática con una mirada regional», comentó.
Muschett enfatizó en la importancia de contar con información confiable y datos desagregados para que las políticas públicas que desarrollan los tomadores de decisiones se basen en la evidencia y no únicamente en la percepción de lo que está pasando.
Mano dura necesita enfoque integral
Por otra parte, comentó que, si bien las «medidas populares, efectistas e incluso de mano dura, en un momento dado, sí pueden tener un efecto inmediato en la reducción de la criminalidad, para que sean sostenibles en el tiempo, ese impacto tiene que venir acompañado de un enfoque integral de seguridad ciudadana que aborde las diferentes dimensiones simultáneamente».
Además del accionar de los gobiernos, muchos de los cuales tienen ahora una profunda estrechez fiscal y grandes niveles de deuda, para afrontar la violencia se requiere la participación de toda la sociedad, según subrayó Muschett al apuntar que la seguridad ciudadana en la región es un desafío en constante evolución.
Para el PNUD, «es el momento de redoblar esfuerzos y coordinar acciones para ir más allá de la reducción de los delitos a través de la expansión de políticas públicas que beneficien a todas las personas, fortaleciendo la cohesión social y respetando el estado de derecho, para asegurar la sostenibilidad».
