MUNDO
La crisis en Haití se hace más grave
Puerto Príncipe, EFE
Las actividades comerciales y educativas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de Haití, están paralizadas este lunes tras las amenazas por parte de bandas armadas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias Barbecue.
Las puertas de las escuelas y universidades permanecen cerradas, al igual que la de los bancos, comercios y algunos consulados. Para la tarde de ayer estaba prevista la toma de posesión del designado nuevo primer ministro, el empresario Alix Didier Fils-Aime.
El flujo de personas y de vehículos en las principales calles de la ciudad es prácticamente nulo, mientras en algunas zonas se escuchan disparos.
Las bandas armadas anunciaron la víspera nuevos días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, por lo que pidieron a la población que no salga a la calle si no es necesario.
En un mensaje difundido en las redes sociales, alias’, dice que “la batalla empezará de nuevo”, por lo que, añade, “si no lo necesitas, no tienes por qué salir a la calle”.
En el video, de cinco minutos de duración y fechado este domingo, ‘Barbecue’ también se refiere al conflicto entre el Consejo Presidencial de Transición (CPT) y el primer ministro, Garry Conille, que ha desembocado en su destitución y sustitución por Didier Fils-Aime.
Buenos Aires, EFE
La expresidenta argentina Cristina Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, dijo ayer que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena en un caso por irregularidades en obras viales es un castigo “por mi condición femenina”.
“Cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No admiten que en una discusión una mujer pueda tener la razón”, aseveró tras conocer el fallo.
La exmandataria agregó: “No importa, chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”.
Fernández hizo estas declaraciones durante un encuentro con damas en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires y periferia de la capital argentina, adonde se dirigió en automóvil desde su domicilio mientras escuchaba en directo el fallo.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal, por la que se condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Washington, EFE
Donald Trump anunció ayer la designación del congresista Matt Gaetz, del ala dura del partido, como próximo fiscal general del país.
El futuro mandatario declaró que “pocas cuestiones en Estados Unidos son más importantes que poner fin a la instrumentalización” del sistema judicial que, según él, ha llevado a cabo la Administración de Joe Biden.
Según Trump, Gaetz “desmantelará las organizaciones criminales y restaurará la fe y la confianza de los estadounidenses en el Departamento de Justicia”.
El republicano planea ordenar el cierre de las investigaciones que la fiscalía abrió en su contra por el asalto al Capitolio y por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca.
También estará en posición ventajosa, que le permitirá instruir al fiscal para defender sus políticas en los tribunales.
Rubio, secretario de Estado Ayer se anunció también formalmente la designación de Marco Rubio como secretario de Estado para el próximo gobierno.
En 2010 fue el primer hijo de cubanos en obtener un escaño en la Cámara de Representantes de los EE. UU.
En la administración Trump se mostró partidario de endurecer las sanciones económicas contra el Gobierno de Venezuela, y opinó a favor de un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
EFE
El Gobierno de Nicaragua negó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU todas las acusaciones de violaciones de esos derechos que recibió de otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Colombia, y no ofreció solución alguna para los cientos de nicaragüenses a los que ha retirado la nacionalidad.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) cumplió hoy con la revisión periódica de la situación en Nicaragua, que fue convencido por países cercanos -desde el punto de vista ideológico- de participar en este escrutinio, en el que inicialmente había decidido no tomar parte, dijeron a EFE fuentes de ese órgano intergubernamental.
Durante sus respuestas a los temas planteados por otros países, altas funcionarias de la Procuraduría General negaron las violaciones a los derechos a la manifestación pacífica y de reunión, de la libertad de expresión e información, y justificaron el cierre de miles de ONG y de universidades y la retitada de la nacionalidad a quienes el gobierno considera «traidores a la patria».
La procuradora nacional de la propiedad en la Procuraduria General, Jeanette García, dijo -por vía telemática- que el gobierno mantiene su decisión de no reconocer a la Corte Penal Internacional por considerar que «no ha dado muestras suficientes de imparcialidad» y que en Nicaragua no se censura el derecho a informar, sin ofrecer explicaciones sobre el cierre de numerosos medios de prensa independientes y el exilio de numerosos periodistas.
Frente a las críticas de los países por el cierre de 27 universidades y unas 5.300 organizaciones no gubernamentales, la procuradora aludió a la supuesta «falta de calidad y deficiencias» de las primeras, mientras que sobre las ONG sostuvo que entre las razones para su clausura estuvo el haber recibido fondos para «desestabilizar» al país.
Ni en estos casos, ni en el de los nicaragüenses a los que se quitó la nacionalidad -gran parte de los cuales también fueron desterrados del país- se planteó ninguna solución, a pesar de que este fue una de las principales peticiones de los países presentes en el CDH.
España denunció la «represión sistemática de la oposición política, el desmantelamiento progresivo del Estado de derecho, las violaciones al derecho a la libertad religiosa», así como la «privación de la nacionalidad, que España trata de contrarrestar ofreciendo la nacionalidad española» a los afectados.
Estados Unidos, como otros países, pidió que se libere a los detenidos arbitrariamente en Nicaragua y acusó al Gobierno de Daniel Ortega de «represión transnacional, que ataca a opositores políticos, expresos políticos y activistas en el extranjero».
La procuradora Carmen Soledad Rodríguez rechazó por su parte una alegación de Estados Unidos en relación a la participación en la represión de «grupos parapoliciales».
Sostuvo que la policía profesional ha sido la encargada de actuar «cuando ha tenido que restituirse el orden», aunque reconoció que cuando ha sido necesario han participado también «policías voluntarios, que actúan como cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional», quienes son ciudadanos corrientes, que se presentan por voluntad propia y de forma temporal.
En la fase de comentarios, México Panamá, Argentina y Chile, entre varios otros países, pidieron que se devuelva la nacionalidad a los nicaragüenses afectados, que se rectifique la cancelación de las autorizaciones para el funcionamiento de las ONG y que el gobierno vuelva a cooperar con los mecanismos de derechos humanos en la región y de Naciones Unidas.
Brasil pidió que se investigue y sancionen «a los responsables de la violencia contra minorías, sobre todo de indígenas y afrodescendientes (…) y se ponga fin a todo tipo de persecución religiosa».
Colombia indicó que «ve con preocupación el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, con el cierre del espacio cívico y las barreras para la pluralidad política». E
