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Ofrecimientos sin cumplir y corrupción en programas pasados
Actualmente, el déficit de vivienda ronda los 2 millones de unidades, problema que se agrava por el saqueo de los recursos públicos
Foto: Danilo Ramírez, Minfin y Archivo
Ejecuciones muy por debajo de los objetivos previstos para reducir el déficit de vivienda popular y señalamientos de corrupción han sido el común denominador de las acciones impulsadas para este fin por las últimas dos administraciones de gobierno.
Estas falencias e irregularidades han impedido que el Ejecutivo solucione la demanda habitacional que, de acuerdo con cifras oficiales, asciende a 2 millones de unidades.
“Con base a la meta presidencial de bajar en un 4 por ciento en 2019, se realizó en 2016 una programación multianual, que por temas presupuestarios, no logró el avance esperado. La reducción observada fue del 0.83 por ciento”, se lee en el Cuarto Informe del último año de la gestión de Jimmy Morales.
El citado documento también señala que el Fondo para la Vivienda (Fopavi) “otorgó, de 2016 a octubre de 2019, 16 mil 280 subsidios para vivienda de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por un monto de 623 millones de quetzales (225.9 millones de quetzales en 2019)”.
Agrega que durante “esta administración se entregó, además, 1 mil hogares a afectados por la erupción del volcán de Fuego, tragedia ocurrida en junio de 2018”.
Sin embargo, en septiembre, poco antes de que Morales entregara el poder, se conoció que varios inmuebles recién entregados empezaron a presentar deficiencias en su infraestructura como, por ejemplo, filtraciones en los techos, agua entubada turbia y malos olores que salían de los drenajes.
Necesidad e irregularidades
Entre 2020 y 2023 se entregaron 51 mil 376 créditos por medio del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), así como 36 mil 261 subsidios para la adquisición de casas, se construyeron 37 mil 202 y se habría beneficiado a 36 mil 261 familias, según el Informe de Transición 2023-2024.
En dicho documento también se destaca la realización de tres ferias para la compra de residencias, en la que participación 19 desarrolladores, 4 entidades financieras y más de 20 mil asistentes.
En marzo de 2024, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) denunciaron anomalías en Fopavi, las cuales se habrían cometido en la administración anterior, los que incluían documentos en blanco firmados, obras pagadas sin ejecutar e incumplimientos de los reglamentos operativos.
Uno de los expedientes refiere un proyecto de construcción de 194 domicilios en Nahualá, Sololá. En dicho caso se determinó que físicamente no existen 68. En Jalapa, pasó algo similar. En ese punto se planificó la edificación de 15 casas, se pagó el 50 por ciento (924 mil 500 quetzales), pero no se encontró avance físico.
Adicionalmente, las autoridades reportaron presuntas estafas en Conguaco, Jutiapa. De este, se registró que la documentación del proyecto, que beneficiaría a 215 familias, no corresponde con la supuesta obra.
En voz de expertos
Amanda Morán, directora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), recordó que hace tiempo se cambió la política de construir los inmuebles y se priorizó la entrega de dinero.
“Esa metodología ha sido la que menos ha funcionado, porque permitió que algunas empresas se apropiaran de los recursos o que algunas familias no lo utilizaban para lo que se les daba, lo que se ve reflejado ahora, cuando hay más déficit habitacional”, aseguró la jefa del CEUR.
La experta consideró que este programa “ha sido de poca amplitud, insuficiente para la demanda existente, un paliativo que nunca ha tenido mucha regulación”, destacó Morán.
Ninotchka Matute, concejal octavo de la comuna capitalina, afirmó que el saqueo de los fondos públicos es una condena a la que se ha tenido sometido al país, que se refleja, negativamente, en índices que son importantes para asegurar un mejor futuro a los guatemaltecos.
“Los jóvenes están condenados no solo por esa falta de capacidad de poner metas y no cumplirlas, que han demostrado los anteriores gobiernos, los cuales se han enfocado en buscar beneficios propios a través de la corrupción”, comentó.
La funcionaria edil plantea la siguiente reflexión: “Ante la imposibilidad que tienen los jóvenes para encontrar sueldos o trabajos decentes, que les permitan accesar a hogares propios, deciden irse”.
La eterna indecencia
Ariel Hernández, director de Fopavi, se refirió al tema desde esta perspectiva. “La corrupción es un flagelo que viene de años en el Estado y, sin lugar a dudas, tiene su efecto negativo en el resultado” de las políticas públicas.
El funcionario indicó que para evitar que se vuelvan a repetir casos de saqueo de los fondos públicos y malas prácticas, se ha fortalecido el área de supervisión de obras. Esta dependencia define el avance físico de los proyectos, realiza visitas de campo y elabora los informes que respaldan los desembolsos a las desarrolladoras o las compañías que tiene a su cargo las construcciones.
De acuerdo con el entrevistado, lo mismo se ha hecho en las áreas jurídica y social, cuyo personal contacta a los comunitarios, principalmente, para orientarlos sobre cómo presentar las solicitudes. Dijo que la idea es facilitar los trámites, sin descuidar los controles de probidad.
Matute y Morán coincidieron en la necesidad que tienen los guatemaltecos de pocos recursos económicos de acceder a viviendas dignas y con facilidades de pago.
“El hecho de tener un espacio habitable genera protección y una serie de efectos positivos en el desarrollo social que tienen que ver con el bienestar y con cosas más sutiles relacionadas con la dignificación y estado emocional de los compatriotas”, expresó Matute.
La directora del CEUR concluyó que no tener una casa frustra e impide el desarrollo y el bienestar de las familias.
Un proyecto distinto y probo
Selvin Méndez y su familia recibieron las llaves de la primera residencia que entregó el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera, mediante la aprobación de créditos blandos que subsidia el Ejecutivo, en el marco del Programa Mi Primera Casa, el cual cuenta con un fondo inicial de 750 millones de quetzales.
Con dicho esfuerzo se espera beneficiar a 10 mil familias en los cuatro años de la administración de Arévalo y Herrera. Está previsto que en lo que resta del año se financiarán 350 y en 2025, 3 mil 500.
La iniciativa respaldará dos tipos de casas: una hasta por 330 mil quetzales, con una tasa de interés del 5 por ciento, y otra hasta por 630 mil quetzales, con 5.5 por ciento de intereses. Las cuotas serán hasta por 40 años.
En 2023 se autorizaron 373 millones de quetzales en una hora
En noviembre del año pasado, cuando el anterior gobierno se preparaba para entregar el poder, la entonces Junta Directiva del Fopavi aprobó, en una reunión que duró una hora, 10 mil 664 subsidios por un monto de 373 millones de quetzales, informó Ariel Hernández, director de dicha institución.
Este caso se judicializó después de que un integrante de la Directiva presentó un amparo, el 13 de mayo de 2023, a fin de que se cumpliera con lo programado. Esa acción legal limitó la ejecución presupuestaria de la entidad en 2024, señaló Hernández.
Luego, el 15 de octubre, se les notificó que, en sentencia definitiva, se dejaron vigentes los apoyos financieros.
“No es que se vayan a desembolsar los recursos en automático y que solo se van a ver los listados aprobados y se entreguen. Tenemos procedimientos claros y mecanismos de control para garantizar que el uso de los recursos sea el apropiado”, respondió Hernández, al preguntarle cómo se garantizará la probidad en la ejecución de los fondos.
Avances y obstáculos
Hasta a la fecha, el Fopavi ha otorgado 3 mil 200 subsidios, manifestó el entrevistado. Hernández recordó que las anteriores autoridades no dejaron aprobadas las entidades intermediarias autorizadas para efectuar los estudios socioeconómicos de las familias que buscan el apoyo monetario.
Estas son instituciones externas como organizaciones no gubernamentales o bancos, precisó.
“Los estudios socioeconómicos son requisitos para optar al crédito y el no contar con las empresas designadas nos limitó durante muchos meses, pero avanzaremos en la entrega de las subvenciones”, subrayó el directivo.
La actual Junta Directiva del Fopavi ya autorizó estas entidades para 2024 y 2025. “Eso nos va a ayudar, en gran medida, a avanzar, cosa que no fue favorable, digamos, en el 2024”, expresó.
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Gobierno y sector privado se congratulan por aprobación de ley
Convergen en que la normativa de Infraestructura Vial impulsará el desarrollo socioeconómico y traerá bienestar para los guatemaltecos
Su satisfacción por la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial manifestaron el Gobierno y el sector privado, pues la norma prioriza trabajos de ampliación, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y conservación en 11 rutas centroamericanas.
Además, libramientos en el departamento de Guatemala y el Anillo Periférico Metropolitano. Con estas obras, se prevé impulsar el desarrollo económico y social.
El presidente Bernardo Arévalo dijo que el instrumento crea mecanismos para avanzar y facilitar la inversión pública en beneficio del desarrollo de las carreteras.
Félix Alvarado, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), también se pronunció sobre el tema. La citada ley “marca un hito, pues si bien no es perfecta (ninguna lo es), sus mecanismos de contratación y financiamiento potenciarán masivamente la obra de calidad en un entorno competitivo”, afirmó.
“La ley marca un hito… sus mecanismos de contratación y financiamiento potenciarán masivamente la obra de calidad”. Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones
Sector empresarial
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) expresó en un comunicado de prensa que la legislación atraerá más inversión, crecimiento económico, obras modernas y eficientes y transformará el modelo de contratación de carreteras.
Adicionalmente, “permite contratar la operación de vías en estado óptimo bajo pago por indicadores, responsabilizando al desarrollador del mantenimiento” y que “protege los derechos de propiedad mediante la declaratoria de utilidad pública con estudios previos, lo que da certeza y equidad al proceso de expropiación”.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) aseguró que la citada normativa tendrá un impacto positivo en la conectividad y competitividad nacional.
“Es un paso importante porque cambia el modelo de contratación de carreteras, fomentando una mayor competencia, captando más capital foráneo y transparencia en el desarrollo y mantenimiento de obra pública”.
La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) remarcó que la puesta en marcha de la citada ley no solo es urgente para mejorar el clima de negocios, sino fundamental para impulsar el crecimiento económico sostenido.
Además, facilita avanzar en el fortalecimiento de proyectos estratégicos mediante la edificación y mejora de carreteras, túneles y puentes.
“Esta ley admite la construcción de 10 mil kilómetros de vías y la rehabilitación de otras importantes de frontera a frontera y puerto a puerto, con enfoque en corredores que agilicen la movilidad en los principales caminos centroamericanos”, indicó la AmCham.
Entrada en vigencia
La mayoría de los artículos del instrumento legal, con excepción de cuatro, tendrán vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial.
La excepción son los 89, 90 y 91 que cobrarán vigencia el 1 de julio de 2026 y el 92, el 1 de enero de 2027. Estos tienen que ver con la asignación de recursos de los impuestos de Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles y de Circulación a comunas; Fondo Operativo para Proyectos Viales Prioritarios, de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP); Permanencia y Promoción, y Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.
Alcances de la legislación
• Oferentes puede ser persona individual o jurídica, nacional o extranjera.
• Se prohíbe el cobro de peaje a los usuarios de los proyectos viales que se desarrollen bajo esta ley.
• Se crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) como órgano desconcentrado del CIV. Gozará de independencia funcional, económica, financiera, técnica, administrativa y contará con recursos propios.
• Se elaborará un plan de infraestructura prioritaria con una proyección de 30 años y deberá ser actualizado cada cinco o antes, si así lo determina el directorio de la DIPP.
• Los procedimientos de licitación serán públicos, competitivos y transparentes.
• Previo a su aprobación, la citada dirección publicará en Guatecompras, por un plazo no menor de 40 días, el plan de las bases de licitación. Este también deberá estar en inglés.
• El plazo de los contratos no podrá exceder de 30 años, incluyendo sus modificaciones.
• La instancia creada evaluará el estado de las obras grises, como mínimo, cada cuatro años, de acuerdo con estándares internacionales.
• La DIPP podrá adquirir bienes inmuebles para la construcción del derecho de vía mediante negociación directa o a través del procedimiento de expropiación.
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Ejecutivo consolida planes de desarrollo con 7 pueblos indígenas
Los documentos firmados por el presidente Bernardo Arévalo y líderes ancestrales impulsan el bienestar socioeconómico de las comunidades que permanecían en el abandono
“Mi gobierno se compromete ante ustedes a promover programas dirigidos al desarrollo y al reconocimiento del pueblo”, expresó ayer el presidente Bernardo Arévalo, durante la firma de la agenda de prosperidad integral con autoridades ancestrales de Uspantán, Quiché.
Este diálogo político, el séptimo que consolida el Ejecutivo con las comunidades ancestrales, “lo promovemos con otros sectores originarios, a partir de la convicción de que es posible una democracia sin exclusión ni discriminación, donde quepamos todos con justicia, dignidad y equidad”, afirmó el jefe de Estado.
Arévalo resaltó que es importante avanzar en la inversión pública con respeto a la propiedad comunal, fortalecer el disfrute de los derechos a la salud y la educación, así como robustecer la economía desde las perspectivas de los territorios.
“Este día reafirmamos nuestro firme compromiso en la lucha contra la corrupción, que ha impedido el crecimiento, se robó la medicina de los hospitales, las escuelas, las carreteras en las que tenemos que transportar los productos, y hurtó todo lo que se necesita para salir adelante”, reiteró.
El dignatario insistió en que cuatro años son insuficientes para revertir 500 de exclusión y marginación, pero su gobierno está comprometido en sentar las bases para una nueva relación entre instituciones y comunidades.
“Estas agendas las integramos dentro de los planes de desarrollo del Gobierno, de manera que cuando se planifica en los ministerios de Salud, Educación o Comunicaciones se integren estas necesidades y compromisos, para que después sean cumplidos”, detalló.
Avance positivo
Miguel Pajarito, líder indígena, señaló que el acercamiento de la actual gestión con los pobladores es un avance significativo, ya que los planes abarcan derechos y ejes en salud, educación y reactivación económica.
Pajarito añadió que, según lo conversado con las autoridades, la próxima rúbrica podría ser con la comunidad kaqchikel de Santa Lucía Utatlán, Sololá.
Anteriormente, el Ejecutivo ya había acordado agendas con los pueblos ixil, xinka, chorti´, tujaal, así como con habitantes de Chichicastenango y San Marcos.
Demandas en salud e infraestructura
El presidente Bernardo Arévalo manifestó que en el presupuesto del próximo año, en poder del Congreso de la Republica, viene una serie de incrementos en ministerios como Educación, Salud y Comunicaciones.
“Necesitamos más puestos, hospitales, carreteras y escuelas. Todo viene dentro de las agendas de desarrollo”, señaló el jefe de Estado. Expresó que se ha tomado nota de las demandas y necesidades del pueblo, heredadas de administraciones anteriores, con el fin de irlas corrigiendo, en referencia a que se trabaja para equipar los puestos de asistencia médica y las falencias en el Hospital Nacional de Quiché.
“También realizamos un plan para ejecutarlo durante el verano, con el propósito de rescatar y dar mantenimiento a las carreteras, antes de que ingrese el próximo invierno”, afirmó el dignatario.
¿Qué incluye la agenda?
• Puntos para la reactivación económica comunitaria
• Trabajos de mejora que eleven la categoría del hospital de Uspantán
• Garantizar un servicio de salud integral
• Dignificación de las comadronas
• Velar por la educación, con becas y tecnología en las escuelas
• Asegurar los derechos de los pueblos indígenas
• Atención a problemas de conflictividad
• Acceso a energía eléctrica
• Análisis histórico de protección de los lugares sagrados y arqueológicos del pueblo uspanteco.
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Herrera lanza plan Volvamos al Parque
Se busca fomentar la convivencia pacífica y el desarrollo integral de la niñez y juventud, libre de riesgos y drogas
Con el propósito de crear espacios seguros y fomentar estilos de vida saludables, el Gobierno impulsa la iniciativa Volvamos al Parque, una estrategia que forma parte de la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-2030, entre la niñez y juventud.
El plan tiene el objetivo de disminuir los riesgos asociados con el consumo de drogas y ofrecer actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas en áreas comunitarias, para que niños, adolescentes y jóvenes disfruten de entornos sin peligros.
El lanzamiento tuvo lugar en el Parque Navidad, zona 5 capitalina, coordinado por la Secretaría contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid). En el evento, la vicepresidenta Karin Herrera destacó la importancia de que dichos sectores cuenten con espacios seguros y saludables.
Herrera subrayó la necesidad de que estos centros de distracción sean de prevención y enseñanza, en respuesta a preocupaciones sobre el uso de cigarrillos electrónicos y la exposición a riesgos en internet.
“Quiero que ustedes sepan los riesgos y eviten caer en esos hábitos”, resaltó la vicegobernante a la población escolar que asistió al acto, y reforzó el mensaje de que este programa proporciona diversión, así como formación de autocuidado y protección.
Compromiso
Hugo Saravia, titular de Seccatid, ratificó el compromiso de la institución con esta iniciativa, liderada desde la Vicepresidencia, cuyo objetivo es reducir el contacto del mencionado grupo poblacional con elementos dañinos y, en cambio, brindarles opciones recreativas y culturales con el apoyo de instituciones públicas.
“Queremos otorgales espacios seguros donde puedan disfrutar de actividades sin la influencia de sustancias ilícitas”, señaló.
Con el objetivo de expandir su alcance y en coordinación con la municipalidad se abrirán otras áreas similares en la ciudad, detalló Saravia.
Como parte de una propuesta nacional, Volvamos al Parque será replicada en diferentes áreas de la república durante 2025.
