Su satisfacción por la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial manifestaron el Gobierno y el sector privado, pues la norma prioriza trabajos de ampliación, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y conservación en 11 rutas centroamericanas.

Además, libramientos en el departamento de Guatemala y el Anillo Periférico Metropolitano. Con estas obras, se prevé impulsar el desarrollo económico y social.

El presidente Bernardo Arévalo dijo que el instrumento crea mecanismos para avanzar y facilitar la inversión pública en beneficio del desarrollo de las carreteras.

Félix Alvarado, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), también se pronunció sobre el tema.  La citada ley “marca un hito, pues si bien no es perfecta (ninguna lo es), sus mecanismos de contratación y financiamiento potenciarán masivamente la obra de calidad en un entorno competitivo”, afirmó.

“La ley marca un hito… sus mecanismos de contratación y financiamiento potenciarán masivamente la obra de calidad”.  Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones

Sector empresarial

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) expresó en un comunicado de prensa que la legislación atraerá más inversión, crecimiento económico, obras modernas y eficientes y transformará  el modelo de contratación de carreteras. 

Adicionalmente, “permite contratar la operación de vías en estado óptimo bajo pago por indicadores, responsabilizando al desarrollador del mantenimiento” y que “protege los derechos de propiedad mediante la declaratoria de utilidad pública con estudios previos, lo que da certeza y equidad al proceso de expropiación”.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) aseguró que la citada normativa tendrá un impacto positivo en la conectividad y competitividad nacional. 

“Es un paso importante porque cambia el modelo de contratación de carreteras, fomentando una mayor competencia, captando más capital foráneo y transparencia en el desarrollo y mantenimiento de obra pública”. 

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) remarcó que la puesta en marcha de la citada ley no solo es urgente para mejorar el clima de negocios, sino fundamental para impulsar el crecimiento económico sostenido. 

Además, facilita avanzar en el fortalecimiento de proyectos estratégicos mediante la edificación y mejora de carreteras, túneles y puentes. 

“Esta ley admite la construcción de 10 mil kilómetros de vías y la rehabilitación de otras importantes de frontera a frontera y puerto a puerto, con enfoque en corredores que agilicen la movilidad en los principales caminos centroamericanos”, indicó la AmCham.

Entrada en vigencia

La mayoría de los artículos del instrumento legal, con excepción de cuatro, tendrán vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial.

La excepción son los 89, 90 y 91 que cobrarán vigencia el 1 de julio de 2026 y el 92, el 1 de enero de 2027. Estos tienen que ver con la asignación de recursos de los impuestos de Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles y de Circulación a comunas;  Fondo Operativo para Proyectos Viales Prioritarios, de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP); Permanencia y Promoción, y Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. 

Alcances de la legislación

• Oferentes puede ser persona individual o jurídica, nacional o extranjera. 

• Se prohíbe el cobro de peaje a los usuarios de los proyectos viales que se desarrollen bajo esta ley. 

• Se crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) como órgano desconcentrado del CIV. Gozará de independencia funcional, económica, financiera, técnica, administrativa y contará con recursos propios. 

• Se elaborará un plan de infraestructura prioritaria con una proyección de 30 años y deberá ser actualizado cada cinco o antes, si así lo determina el directorio de la DIPP. 

• Los procedimientos de licitación serán públicos, competitivos y transparentes.

• Previo a su aprobación, la citada dirección publicará en Guatecompras, por un plazo no menor de 40 días, el plan  de las bases de licitación. Este también deberá estar en inglés. 

• El plazo de los contratos no podrá exceder de 30 años, incluyendo sus modificaciones. 

• La instancia creada evaluará el estado de las obras grises, como mínimo, cada cuatro años, de acuerdo con estándares internacionales.

• La DIPP podrá adquirir bienes inmuebles para la construcción del derecho de vía mediante negociación directa o a través del procedimiento de expropiación.

Rodrigo Pérez

“Mi gobierno se compromete ante ustedes a promover programas dirigidos al desarrollo y al reconocimiento del pueblo”,  expresó ayer el presidente Bernardo Arévalo, durante la firma de la agenda de prosperidad integral con autoridades ancestrales de Uspantán, Quiché.

Este diálogo político, el séptimo que consolida el Ejecutivo con las comunidades ancestrales, “lo promovemos con otros sectores originarios, a partir de la convicción de que es posible una democracia sin exclusión ni discriminación, donde quepamos todos con justicia, dignidad y equidad”, afirmó el jefe de Estado.

Arévalo resaltó que es importante avanzar en la inversión pública con respeto a la propiedad comunal, fortalecer el disfrute de los derechos a la salud y la educación, así como robustecer  la economía desde las perspectivas de los territorios.

“Este día reafirmamos nuestro firme compromiso en la lucha contra la corrupción, que ha impedido el crecimiento, se robó la medicina de los hospitales, las escuelas, las carreteras en las que tenemos que transportar los productos, y hurtó todo lo que se necesita para salir adelante”, reiteró.

El dignatario insistió en que cuatro años son insuficientes para revertir 500 de exclusión y marginación, pero su gobierno está comprometido en sentar las bases para una nueva relación entre instituciones y comunidades.

“Estas agendas las integramos dentro de los planes de desarrollo del Gobierno, de manera que cuando se planifica en los ministerios de Salud, Educación o Comunicaciones se integren estas necesidades y compromisos, para que después sean cumplidos”, detalló. 

Avance positivo

Miguel Pajarito, líder indígena, señaló que el acercamiento de la actual gestión con los pobladores es un avance significativo, ya que los planes abarcan derechos y ejes en salud, educación y reactivación económica.

Pajarito añadió que, según lo conversado con las autoridades, la próxima rúbrica podría ser con la comunidad kaqchikel de Santa Lucía Utatlán, Sololá.

Anteriormente, el Ejecutivo ya había acordado agendas con los pueblos ixil, xinka, chorti´, tujaal, así como con habitantes de Chichicastenango y San Marcos.

Demandas en salud e infraestructura

El presidente Bernardo Arévalo manifestó que en el presupuesto del próximo año, en poder del Congreso de la Republica, viene una serie de incrementos en ministerios como Educación, Salud y Comunicaciones.

“Necesitamos más puestos, hospitales, carreteras y escuelas. Todo viene dentro de las agendas de desarrollo”, señaló el jefe de Estado. Expresó que se ha tomado nota de las demandas y necesidades del pueblo, heredadas de administraciones anteriores, con el fin de irlas corrigiendo, en referencia a que se trabaja para equipar los puestos de asistencia médica y las falencias en el Hospital Nacional de Quiché.

“También realizamos un plan para ejecutarlo durante el verano, con el propósito de rescatar y dar mantenimiento a las carreteras, antes de que ingrese el próximo invierno”, afirmó el dignatario.

¿Qué incluye la agenda?

• Puntos para la reactivación económica comunitaria

• Trabajos de mejora que eleven la categoría del hospital de Uspantán 

• Garantizar un servicio de salud integral

• Dignificación de las comadronas

• Velar por la educación, con becas y tecnología en las escuelas 

• Asegurar los derechos de los pueblos indígenas

• Atención a problemas de conflictividad

• Acceso a energía eléctrica 

• Análisis histórico de protección de los lugares sagrados y arqueológicos del pueblo uspanteco. 

Josselinne Santizo Fotógrafo: Cecilia Vicente

Con el propósito de crear espacios seguros y fomentar estilos de vida saludables, el Gobierno impulsa la iniciativa Volvamos al Parque, una estrategia que forma parte de la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-2030, entre la niñez y juventud.

El plan tiene el objetivo de disminuir los riesgos asociados con el consumo de drogas y ofrecer actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas en áreas comunitarias, para que niños, adolescentes y jóvenes disfruten de entornos sin peligros.

El lanzamiento tuvo lugar en el Parque Navidad, zona 5 capitalina, coordinado por la Secretaría contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid). En el evento, la vicepresidenta Karin Herrera destacó la importancia de que dichos sectores cuenten con espacios seguros y saludables.

Herrera subrayó la necesidad de que estos centros de distracción sean de prevención y enseñanza, en respuesta a preocupaciones sobre el uso de cigarrillos electrónicos y la exposición a riesgos en internet. 

“Quiero que ustedes sepan los riesgos y eviten caer en esos hábitos”, resaltó la vicegobernante a la población escolar que asistió al acto, y reforzó el mensaje de que este programa proporciona diversión, así como formación de autocuidado y protección.

Compromiso

Hugo Saravia, titular de Seccatid, ratificó el compromiso de la institución con esta iniciativa, liderada desde la Vicepresidencia, cuyo objetivo es reducir el contacto del mencionado grupo poblacional con elementos dañinos y, en cambio, brindarles opciones recreativas y culturales con el apoyo de instituciones públicas.

“Queremos otorgales espacios seguros donde puedan disfrutar de actividades sin la influencia de sustancias ilícitas”, señaló.

Con el objetivo de expandir su alcance y en coordinación con la municipalidad se abrirán otras áreas similares en la ciudad, detalló Saravia.

Como parte de una propuesta nacional, Volvamos al Parque será replicada en diferentes áreas de la república durante 2025. 

Wendi Villagrán Fotógrafo: Mario León