Destacado
El recuento de los daños en valencia
EFE
La última actualización de los datos oficiales sobre los efectos de la dana y las devastadoras inundaciones del pasado 29 de octubre han elevado a 222 el número de víctimas mortales, y ha situado en 36.803 el número de personas que han sido rescatadas, 82 de ellas en las últimas horas.
En Valencia, y tras la multitudinaria manifestación de este sábado en la que miles de personas pidieron la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha descartado este domingo cualquier dimisión porque «no es una opción» y ha incidido en que el objetivo prioritario ahora es trabajar en la recuperación y en la reconstrucción de la zona.
Mazón ha expresado también, antes de participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Comunitat Valenciana (Cecopi), su respeto por el dolor que expresaron los miles de manifestantes que secundaron la movilización en las calles de Valencia y ha preferido no calificar los incidentes que se registraron al término de la misma, unos incidentes que a su juicio «no se merecen las víctimas ni el pueblo valenciano».
En rueda de prensa en Madrid, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha expresado el respaldo del partido al presidente de la Generalitat, que «ha estado dando la cara en todo momento» frente al Gobierno, que «renunció a ponerse al frente de la mayor emergencia nacional producida en España».
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado el respeto del Ejecutivo a las manifestaciones pacíficas y regladas, y ha considerado que entrar en otros debates en estos momentos, cuando hay que centrar los esfuerzos en las labores de ayuda, sería «un error».
Torres, quien ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la dana, presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hecho un balance de la situación actual y de los avances en las labores de restauración y reconstrucción de servicios y de las principales infraestructuras de comunicaciones.
El AVE entre Madrid y Valencia podría volver el jueves
En ese sentido, el ministro ha adelantado que el baipás en la carretera N-330 estará operativo este lunes, que la A-7 lo estará el próximo miércoles y que el servicio de AVE entre Madrid y Valencia se restaurará previsiblemente el jueves 14.
El número de municipios valencianos afectados por la dana se sitúa en 75, y durante el fin de semana se han intensificado, con la llegada de miles de voluntarios desde muchos lugares de España, las labores de limpieza y desescombro, que se suman a los miles de efectivos de los diferentes servicios de emergencias que trabajan en la zona con maquinaria pesada y miles de vehículos, helicópteros, embarcaciones y drones.
Sobre las zonas afectadas están desplegados 8.494 militares (2.103 de la Unidad Militar de Emergencias, UME), que han movilizado más de 2.000 vehículos terrestres, 12 helicópteros y 32 drones, además de casi 10.000 agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que han reforzado en varias localidades los puntos de atención a la ciudadanía y las oficinas móviles de documentación.
Segundo paquete de ayudas en el Consejo de Ministros
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha iniciado este domingo la ronda de contactos con grupos políticos (una ronda en la que Vox anunció que no participaría) para actualizar la situación e informarles de las próximas medidas que adoptará el Gobierno.
Así, les ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este lunes un segundo real decreto ley con nuevas medidas de respuesta inmediata a las necesidades de las personas y empresas afectadas, que se suma al paquete de medidas que aprobó el martes pasado el Gobierno.
El PP, por su parte, ha presentado este domingo en rueda de prensa un paquete de 13 medidas para que se incorporen al real decreto ley que se aprobará este lunes en el Consejo de Ministros, y ha planteado que se amplíe la lista de ayuntamientos afectados, un portal único para la gestión de ayudas, una línea para la renovación de vehículos, un plan de vivienda, la creación de un fondo destinado solo a la educación o un plan de salud mental.
El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido hasta este domingo 156.126 solicitudes de indemnización por los daños derivados de la dana, de las que 50.679 corresponden a viviendas; 92.779 a vehículos; 9.212 a comercios y almacenes; 692 a oficinas; 2.731 a industriales; y 33 a obras civiles.
AGN
El presidente Bernardo Arévalo realizó una gira de trabajo en Uspantán, Quiché, donde firmó una agenda de desarrollo integral entre las autoridades ancestrales del Consejo del pueblo Uspanteko y el gobierno de Guatemala.
Esta agenda busca poner énfasis en las necesidades del pueblo Uspanteko y poner en marcha planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo.
“Esta agenda no son expresiones de buena voluntad, son compromisos concretos, son objetivos de desarrollo, son metas para que las instituciones públicas trabajen junto a las autoridades y pueblo de Uspantán”, aseguró el presidente Arévalo.
Agenda de trabajo con Uspantán
La agenda incluye puntos sobre economía e infraestructura comunitaria, que incluye la reactivación económica comunitaria y los trabajos para mejorar y elevar de categoría el hospital de Uspantán.
Incluye, en ese aspecto, trabajar para una servicio de salud integral, poniendo atención en promover la dignificación de las comadronas.
Además, se busca velar por la educación, a través de becas y tecnología para escuelas.
La agenda de trabajo también hace un apartado especial por los derechos de los pueblos indígenas, atendiendo los problemas de conflictividad, acceso a energía eléctrica, pero también un análisis histórico para proteger los lugares sagrados y arqueológicos del pueblo Uspanteko.
EFE
La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en un caso por irregularidades en obras viales.
El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
El tribunal de alzada compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió hoy «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.
La expresidenta, que no estuvo presente en los tribunales, publicó este pasado martes un extenso comunicado en el que anticipó un fallo en su contra y denunció un intento de «proscripción» en su contra.
Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» es lograr su ihabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.
Además, denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron hoy su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).
Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó hoy el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados.
Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Baez -seis años de prisión-, el exsecretario de Obras Públicas José López -seis años- y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti -seis años-, entre otros.
Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.
EFE
El presidente Bernardo Arévalo de León, señaló que el “sistema de impunidad busca sobrevivir” y señaló principales retos para combatir la corrupción durante su primer año de Gobierno.
El mandatario guatemalteco afirmó que “el cáncer de la corrupción” no puede ser “erradicado” con facilidad porque dentro del Estado sigue existiendo “un sistema de impunidad que busca sobrevivir”.La declaración de Arévalo de León se dio durante la celebración del Congreso Internacional de Innovación, Coordinación y Participación Ciudadana, organizado por el sector privado, en un evento en el que también participó el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley.
“La principal de las trabas es el acoso permanente del Ministerio Público (Fiscalía)”, señaló el presidente, en referencia a las múltiples denuncias y procesos penales que existen en su contra y en contra de sus funcionarios.
“Desde que tomamos posesión en enero hasta el día de hoy cada gaveta que abrimos y cada archivo que leemos nos cuenta una historia de codicia, manipulación, descuido y descaro”, en referencia a las prácticas de sus antecesores.
Arévalo de León responsabilizó al Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) de “aprovechar” la pandemia de la COVID-19 para enriquecerse, así como de haber permitido otras estructuras de corrupción en instituciones públicas.
El presidente aseguró que el objetivo de su Administración es dejar antes de su salida, en 2028, “las bases de un sistema nacional anticorrupción” que permita limpiar los procesos de contratación en el sector público.
En 2023, Arévalo de León ganó las elecciones de forma sorpresiva, tras superar a los candidatos tradicionales que encabezaban las encuestas y de camino a su investidura enfrentó intentos judiciales de la Fiscalía por evitar su llegada al poder.
Entre enero y noviembre del presente año, el Gobierno guatemalteco ha interpuesto alrededor de 60 denuncias por actos de corrupción y anomalías en contratación de personal y construcción de obras de las administraciones anteriores.
