EN EL PAÍS
Van 46 guardias de prisión detenidos
Foto: MP
En el marco de las acciones destinadas a combatir la corrupción dentro del Sistema Penitenciario (SP), ayer fueron capturados cinco empleados de la cárcel de detención preventiva para hombres en Santa Cruz del Quiché, Quiché, por su presunta participación en actividades de extorsión contra internos, por lo que se eleva a 46 el total de guardias aprehendidos en lo que va del año, todos durante sus turnos de servicio.
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que el operativo se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de las investigaciones que buscan erradicar prácticas ilícitas en centros de detención.
Durante una requisa en la referida prisión, las autoridades arrestaron a Milton Ramos López, director del centro; Israel Raymundo Cutzal Cume, alcaide, y a los guardias Rony Alonzo Cal Calel, Katerine Yesenia Cahueque Vargas y Mónica Alejandra Pérez Cárcamo.
Las pesquisas iniciales apuntan a que presuntamente exigían fuertes sumas de dinero a reclusos bajo amenazas y agresiones físicas, conocidas como talacha, un tipo de extorsión a cambio de evitar abusos dentro del presidio.
Revelación
El caso se originó con la denuncia de un detenido, a quien le requerían 25 mil quetzales. Este testimonio y los datos recabados han dado pie a más diligencias con el fin de esclarecer el nivel de participación de los aprehendidos, quienes fueron puestos a disposición de los tribunales.
Esta intervención es parte de una estrategia más amplia promovida desde el Ministerio de Gobernación y la DGSP, con el objetivo de fortalecer el Sistema Penitenciario y evitar la corrupción.
La continuidad del juicio político al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, programada para hoy en el Congreso de la República se suspendió porque no se contó con el número necesario de diputados para ello.
“Para proseguir con el siguiente punto en el orden del día se requiere la presencia de la mayoría absoluta del número total de diputados”, dijo Darwin Lucas, primer vicepresidente de la Junta Directiva, luego de que se aprobara el acta de la sesión anterior.
Luego solicitó “a los señores jefes de bloque hacer un llamado a los diputados para que ingresen al Hemiciclo Parlamentario para continuar con la sesión”. Tras unos minutos de espera, el recuento del tablero electrónico marcó 71 legisladores presentes. La sesión, que estaba programada para las 10:00 de la mañana, empezó casi dos horas tarde. Con esta suman 14 semanas en las que el titular de la cartera acude a este organismo de Estado sin que se pueda concluir con el proceso interpelatorio.
Los gobiernos de Guatemala y de Panamá se encuentran con la disposición de firmar su adhesión a las declaraciones sobre libertad de prensa y expresión para garantizar estos derechos y defenderlos, adelantó en una entrevista con EFE el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el salvadoreño José Roberto Dutriz.
En el caso de Guatemala, Dutriz explicó: «El presidente Bernardo Arévalo, en febrero de este año, atendió a una misión de la SIP, en la que yo participé, se conversó con él, dijo que iba a estudiar la suscripción de la adhesión a la Declaración de Chapultepec y que la iba a consultar con sus abogados».
«Arévalo en principio, verbalmente, nos decía: ‘me gusta, yo estoy de acuerdo con la libertad de prensa y quiero suscribirla, solo me voy a tomar un tiempo en analizarla'», comentó Dutriz en una conversación en el marco de su recién nombramiento como presidente de la SIP, tras sustituir así al mexicano Roberto Rock, director del portal La Silla Rota.
Adelantó que próximamente viajará a Panamá para reunirse en privado con el presidente de ese país, José Raúl Mulino, y tratar el tema de las declaraciones de Chapultepec y de Salta, ambas enfocadas en garantizar la libertad de prensa y de expresión, y defenderlas.
Señaló que «el caso de El Salvador es diferente» y apuntó que todavía no han intentado «proponerla para poder obtener la suscripción de la Declaración de Chapultepec y de Salta».
«En su momento, lo vamos a proponer», dijo.
El presidente de la SIP, también presidente y director del periódico La Prensa Gráfica (LPG) de El Salvador, considera que «es un deber ético y moral de un funcionario público y de un gobernante respetar la libertad de prensa y suscribir la declaración de Chapultepec, y hoy de Salta», pues «demuestra mucha madurez».
De acuerdo con una nota de prensa de la SIP, Dutriz manifestó recientemente que «la ahora Declaración de Salta II nos permitirá seguir esforzándose por nuestra industria y contra todos los agentes que erosionan la confianza en nuestras audiencias, ya sea por prácticas comerciales indebidas, infracciones a la propiedad intelectual o por amplificar los canales de desinformación».
Además, señaló que «continuaremos comprometiendo a los líderes democráticos con los principios de la Libertad de Prensa y Expresión a través de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta actualizada, en busca de fortalecer las garantías para el libre ejercicio del periodismo».
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 medios de todo tipo del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha contabilizado 35 muertes debido a la temporada de lluvias, que va cada año de mayo a octubre y que ha dejado también dos personas desaparecidas, 15 mil damnificadas y 30 mil evacuadas.
La Conred puntualizó que Quiché, en el norte del país, es el que registra la mayor cantidad de muertes (6) de las 35 víctimas fatales de las lluvias.
En el mismo sentido, los otros departamentos que le siguen con el mayor número de decesos por el mismo motivo son Suchitepéquez (4) y Escuintla (4), ambos en el sur de territorio.
De acuerdo a la misma fuente, la temporada de lluvias de este año ha causado también la desaparición de dos personas y 15 heridas, además de 979 que fueron albergadas debido a las precipitaciones.
Las autoridades también suman 15 mil 681 personas damnificadas y 30 mil 460 que han tenido que ser evacuadas ante los riesgos que implican las lluvias, como correntadas, deslaves o hundimientos.
Justamente, en agosto pasado una turista de la India murió y otro ciudadano del país asiático resultó herido al ser arrastrados por una corriente de agua provocada por las lluvias, durante una excursión para subir un volcán, con base a datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
El registro final con respecto a las lluvias durante 2024 será divulgado por las autoridades en noviembre, aunque todo apunta a que la cifra de decesos este año será menor a 2023, cuando fueron contabilizadas 65 muertes y 13 personas desaparecidas.
Durante 2022, Guatemala documentó también 65 decesos por las lluvias, 10 personas desaparecidas y más de 62 mil evacuados en su época de invierno.
En cuanto a infraestructura, la Conred resaltó que han quedado destruidos ocho puentes durante 2024 y 841 carreteras se han visto afectadas o dañadas.
