INTERNACIONALES
Chile demanda a Bolivia por curso hídrico
El Gobierno de Chile demandó a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para que se determine el acceso al uso de las aguas del Silala en la zona limítrofe entre ambos países.
El Gobierno de Chile demandó a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para que se determine el acceso al uso de las aguas del Silala en la zona limítrofe entre ambos países.
La demanda se interpuso para que se determine que es un río internacional y, por lo tanto, Chile tiene derechos sobre las aguas de este curso, dijo el canciller Heraldo Muñoz, y agregó: “Hemos tomado esta decisión como una medida necesaria para defender nuestros intereses”.
En marzo, el presidente boliviano Evo Morales anunció que demandaría a su vecino por el uso de las aguas del afluente.
Antecedente
En 2009, durante la primera administración de Bachelet (2006-2010) los 2 países estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo sobre el tema, pero las negociaciones fracasaron. La Paz ha pedido el pago compensatorio por el uso de sus aguas.
La demanda de Chile se suma a la interpuesta por Bolivia en 2009, con el propósito de obligar a Santiago a negociar la restitución de una salida al mar que perdió en una guerra librada a fines del siglo XIX.
Esencia del conflicto
Bolivia asegura que se trata de un manantial llamado Silala, el cual se origina en ojos de agua y bofedales, que al unirse conforman un cuerpo de agua, el cual habría sido canalizado de forma artificial por Chile, con el fin de desviar sus aguas a dicho territorio para su uso, principalmente industrial.
Santiago afirma que se trata de un curso de agua nacido en Bolivia, pero que escurre en forma natural hacia el oeste, debido a la pendiente del terreno, cruzando así la frontera, lo cual lo convierte en un curso hídrico sucesivo y transfronterizo, es decir, un río que puede ser considerado como internacional.
INTERNACIONALES
CIDH condena a El Salvador
Estado tendrá que continuar las investigaciones y deducir responsabilidades.
San José, EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó ayer a El Salvador por la desaparición forzada de la activista Patricia Cuéllar, la de su padre Mauricio Cuéllar, y la de su colaboradora Julia Pérez, ocurridas en 1982 en un contexto de persecución estatal a grupos que
consideraba subversivos.
Patricia Cuéllar, una activa colaboradora de movimientos cristianos desde 1975, desapareció el 28 de julio de 1982 cuando salió a dejar a sus hijos a una guardería, y ese mismo día su padre y la colaboradora doméstica fueron supuestamente sacados violentamente de su casa. Después, nunca se
supo de ellos.
Un día antes, no saber de ella, Cuéllar Sandoval acudió a la Oficina del Socorro Jurídico para denunciar la persecución por parte de cuerpos de seguridad vestidos de civil mientras se desplazaba en su vehículo por las calles de San Salvador, agrega el texto.
La Corte estableció que Cuéllar Sandoval fue víctima de amenazas y hostigamientos que culminaron con su eliminación, sin que el Estado cumpliera con su responsabilidad de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos.
Qué debe hacer ahora
Entre las órdenes del tribunal internacional destacan que el Estado deberá continuar las investigaciones penales, con el fin de esclarecer lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos. Asimismo, debe continuar con la búsqueda de todos, de forma rigurosa” y establecer, a la mayor brevedad, su paradero o la identificación de sus restos mortales.
Además, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas, y adoptar medidas para que se garantice la permanencia de las comisiones de búsqueda de las personas de quienes no se supo más.
La Corte también ordenó a El Salvador incorporar al currículo del Sistema Educativo Nacional, en los niveles educativos medio y superior, un programa de educación permanente sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad cometidos en ese país.
Nueva York, EFE
La defensa del expresidente Donald Trump (2017-2021) atacó ayer la credibilidad de Michael Cohen, quien fue abogado y mano derecha del exmandatario, durante su segundo día de contrainterrogatorio en el juicio penal contra el político republicano.
El defensor principal de Trump, Todd Blanche, se centró en dejar en evidencia la honestidad de Cohen ante el jurado y no tanto en discutir cuestiones específicas del caso.
Esta semana, el testigo de la Fiscalía dijo que Trump le ordenó pagar 130 mil dólares para silenciar durante la contienda electoral a Stormy Daniels, una estrella porno que afirma haber mantenido relaciones con el expresidente en 2006, y detalló cómo este le reembolsó más tarde por sus gastos.
Según el diario The New York Times, el magnate ha pedido a su abogado que sea especialmente incisivo en su interrogatorio, algo que se dejó ver en sus preguntas.
Una de las tácticas para dejar en tela de juicio ante el jurado la credibilidad de Cohen fue pedirle que contara las mentiras que dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara Representantes de 2017, cuando mintió bajo juramento, lo que le costó ser acusado de perjurio en 2018.
Blanche se apoyó en el hecho de que Cohen reconoció, en el juicio por fraude civil de Trump, que había mentido.
Tegucigalpa, EFE
Un grupo de unos 250 migrantes, hondureños y venezolanos, salió ayer hacia el punto de Corinto, fronterizo con Guatemala, como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida.
El contingente salió a pie de la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de autobuses de San Pedro Sula (norte), la segunda ciudad más importante de Honduras.
Integran el contingente, mujeres con niños, algunas en grupos familiares o de amigos, de
varias regiones de la república centroamericana, así como muchos venezolanos.
Según el relato de vecinos, la falta de empleo y la inseguridad son las principales causas por las que se van de sus hogares.
“Buscamos un mejor futuro, en Honduras no hay trabajo”, expresó uno de los migrantes que se identificó solo como Sofía, quien señaló que procede de Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Diferentes sectores consideran que la presidenta no ha cumplido con la promesa que hizo en campaña y al asumir el poder, de mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas y frenar la migración. Según organismos de derechos humanos, a diario entre 700 y 1 mil hondureños abandonan su tierra natal por los problemas socioeconómicos, con una violencia criminal que deja al menos diez muertos diarios.
