EN EL PAÍS
Más de 34 mil exmilitares piden beneficio social
El Mides requiere un presupuesto de 960 millones de quetzales el próximo año, a fin de honrar este compromiso
Rodrigo Pérez y Wendi Villagrán Redacción
Un total de 34 mil 982 veteranos del Ejército entregaron su documentación al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con el objetivo de ser incorporados al padrón del programa establecido en la Ley Temporal de Desarrollo Integral.
“Con esta segunda cohorte, el número de exmilitares estaría llegando a un estimado de 80 mil beneficiarios para el próximo año. Ahora estamos en la fase de validación”, que se espera que concluya en la primera semana de noviembre, afirmó Abelardo Pinto, titular del Mides, luego de asistir a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso para explicar cómo se invertirá el proyecto de presupuesto para 2025.
El proceso de inscripción comenzó el 5 de agosto y concluyó el 8 de octubre, por lo que desde esta última fecha “tenemos 30 días hábiles para llevar a cabo la revisión de la papelería recibida y estaríamos listos para efectuar, por lo menos, dos pagos en este año a los nuevos subvencionados”, adelantó el funcionario (vea gráfica: Nuevos expedientes).
La ley establece que los favorecidos participarán en proyectos ambientales y de desarrollo integral en sus comunidades, como requisito para recibir un aporte de 1 mil quetzales mensuales durante 36 meses. Hasta ahora, un primer grupo de 42 mil personas que prestaron servicio militar durante el conflicto armado gozan de esta prestación.
Fondos requeridos
Abelardo Pinto, titular del Mides, comentó que en el proyecto de presupuesto para el próximo año, que debe ser aprobado o improbado por el Legislativo, se contemplan 800 millones de quetzales para honrar este compromiso.
Sin embargo, consideró que esos recursos son insuficientes. “Si multiplicamos 80 mil beneficiarios por mil quetzales, son 80 millones mensuales, y si lo multiplicamos por 12 meses estamos hablando de 960 millones de quetzales”, enfatizó.
Por ello, explicó a los diputados de dicha sala la necesidad de una ampliación, por lo que “estuvieron anuentes a dejar un techo de 960 millones” para 2025.
Para explicar cómo invertirán los recursos económicos contemplados en el proyecto de presupuesto de 2025, 10 instituciones del
Estado acudieron ayer a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
Entre las entidades que asistieron están el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Contraloría General de Cuentas (CGC), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), Registro Nacional de las Personas (Renap) y Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
También, las secretarías de Coordinación Ejecutiva (SCEP) y de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), de Bienestar Social y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, además del Instituto de Fomento Municipal (Infom).
Por tercer día consecutivo, dicha instancia legislativa citó a instituciones gubernamentales para analizar los montos solicitados para el próximo año. Según Julio Héctor Estrada, presidente de la aludida comisión, en la segunda semana de noviembre podrían emitir dictamen al proyecto de presupuesto 2025.
El Encuentro con Cooperantes para la Coordinación de Intervenciones para el Desarrollo de Guatemala 2024-2025, fue el escenario en el que autoridades de Gobierno y socios internacionales reafirmaron que trabajarán, a fin de enfrentar los desafíos sociales.
Carlos Mendoza, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), destacó que se camina en la creación de un reglamento específico de donaciones y en la mejora de los procesos para su aprobación.
La vicepresidenta Karin Herrera dijo que los problemas sociales son históricos y multicausales. El Ejecutivo busca reforzar acciones enfocadas en la primera infancia, así como acceso a servicios esenciales de educación y salud, afirmó. Herrera aseguró que están comprometidos con una agenda renovada que responda a las realidades globales actuales y a necesidades específicas de la nación.
Foto: Mides
Garantizar la seguridad alimentaria en el país forma parte de las prioridades del actual gobierno, que por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha servido, al menos, 4 millones 200 mil raciones en lo que va del año con el programa Comedores Sociales.
Bajo ese contexto, esta cartera abrió el recinto 64 en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, para contribuir a la expansión de la ayuda a poblaciones con pobreza y pobreza extrema, principalmente niños, madres, adultos mayores y personas con discapacidad.
El nuevo establecimiento es el segundo de 23 planificados durante la gestión del ministro Abelardo Pinto y forma parte de la estrategia del presidente Bernardo Arévalo para combatir las limitantes financieras en los pobladores.
