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Aumentan a 241 las empresas denunciadas en el caso B410
La SAT amplía acusación penal y añade a 206 contribuyentes más que evadieron impuestos, informaron las autoridades de la entidad
Foto: SAT
Una ampliación de la denuncia penal para incluir a 206 empresas más, que se suman a las primeras 35, realizó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el caso de defraudación tributaria entre 2021 y 2023, de al menos 300 millones de quetzales, que involucra a 410 contribuyentes, caso conocido como B410.
Las nuevas acusaciones se hicieron el 10 de septiembre y se agregaron a las 35 del 13 de agosto presentadas ante un tribunal y se entregó copia al Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), indicó ayer, durante una conferencia de prensa, Marco Livio Díaz, titular de la SAT.
“El resto para completar las 410 empresas (169) no han facturado, por lo que solo procedimos a deshabilitarlas de nuestros registros y no permitir que tengan ninguna operación comercial por haber sido inscritas con documentación falsa”, remarcó el funcionario.
Dinero recuperado
También, se indicó que, a la fecha, se han recuperado 24.1 millones de quetzales, porque 10 contribuyentes denunciados han efectuado pagos totales (2) y parciales (8) de los montos correspondientes a las inconsistencias detectadas, así como rectificaciones en sus declaraciones de los impuestos al valor agregado y sobre la renta.
El superintendente estimó que la recuperación de los tributos no pagados, a finales de año, cierre entre 100 millones y 125 millones de quetzales.
De acuerdo con la investigación realizada por el ente recaudador, un solo abogado creó más de 400 empresas de cartón, que facturaron más de 5 mil millones de quetzales entre 2021 y 2023, pero no tributaron lo que correspondía.
Como medidas precautorias, y por medio de acciones judiciales, se han embargado 106.4 millones de quetzales y 440 mil dólares. Además, se inhabilitó a 30 contribuyentes del régimen del IVA, lo que impide que puedan emitir facturas. De esos, nueve lograron la habilitación por medio de amparos judiciales provisionales y dos solventaron su situación.
Además, 32 empresas más fueron invalidadas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y de ellas, cuatro fueron amparadas para que la SAT dé marcha atrás y dos solventaron su situación con el fisco.
“Hemos pedido el arraigo contra los representantes legales y los contadores en la primera denuncia, de 32 compañías. De los demás no se pidieron esas medidas, solo se judicializaron los casos para que no pudieran seguir facturando”, agregó Díaz.
Pide capturas
“Creo que es urgente tener las órdenes de captura y poder entrevistar a esas personas para que digan la veracidad de los hechos, quiénes las contactaron y por qué. Mientras eso no sucede, tenemos delimitado nuestro campo de acción”, argumentó Díaz.
Se indicó que la SAT está trabajando conjuntamente con el MP y la CGC para esclarecer el caso de defraudación tributaria.
Adicionalmente, se dijo que la Superintendencia de Bancos (SIB), por su lado, está haciendo una pesquisa. La SAT “como querellante adhesivo va a solicitar que toda esa investigación se presente en el tribunal y sirva de información adicional para establecer a los verdaderos responsables”, remarcó Díaz.
Litigio legal para inhabilitarlas
De momento, 21 contribuyentes denunciados han presentado amparos para continuar operando; de ellos, 10 han sido decretados provisionalmente por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia tributaria.
Por ello, la SAT presentó recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para revertir esas decisiones. Un amparo fue denegado y otros 10 están en proceso y pendientes de ser resueltos.
“No podemos permitir que una compañía que se ha quedado con el IVA siga trabajando, siga facturando y se sigue quedando con más impuestos de los guatemaltecos”, concluyó Díaz.
Archivo / Cecilia Vicente
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Llaman a unirse por la seguridad alimentaria
Informe del PMA revela que el 25 por ciento de guatemaltecos tiene dificultades para satisfacer su dieta
En un acto en el que fue evidente la preocupación, debido a los resultados de un análisis sobre seguridad alimentaria en Guatemala, la vicepresidenta Karin Herrera instó a unir esfuerzos para garantizar ese derecho en el país.
La Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria 2024 (ESA), presentada ayer y realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), detalla que el 25 por ciento de los ciudadanos enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades de dietas, y estas familias deben decidir si gastar en comida o salud.
La vicegobernante subrayó que Guatemala “arrastra una deuda histórica, especialmente con la niñez y la adolescencia, que deben contar con una buena nutrición”. Por ello, apeló al compromiso de todos los funcionarios del Gobierno para generar cambios reales.
Para obtener estos y otros resultados, el PMA elaboró 6 mil 600 encuestas, que equivalen a más de 3 millones 900 mil hogares. Los departamentos que más enfrentan inseguridad alimentaria son Alta Verapaz, con 47 por ciento; Totonicapán, 39, y Guatemala, 34.
A escala nacional, uno de cada cuatro hogares tiene dificultades para asegurar el consumo de alimentos adecuados. En el ámbito de los pueblos indígenas, uno de cada tres núcleos no cuenta con suficiente dieta, de acuerdo con el informe.
Además, el 4 por ciento de las familias tiene un consumo de comida pobre, el 10 por ciento, limitado(podría pasar a pobre) y el 85 por ciento, con mínimos aceptables.
Datos actualizados
Miguel Barreto, coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guatemala, destacó que la ESA proporciona datos actualizados cruciales para la toma de decisiones y el diseño de programas nacionales, como Mano a Mano.
Barreto hizo un llamado a crear una política de Estado que trascienda los gobiernos de cuatro años, la cual incluya consensos entre partidos políticos, sector privado y sociedad civil. Afirmó que la entidad a la que representa está dispuesta a colaborar en la construcción de esta herramienta.
Ante la propuesta, la vicemandataria Herrera dijo estar anuente a buscarle viabilidad y subrayó la necesidad del compromiso de trabajo conjunto entre el Gobierno y todos los actores, a fin de garantizar una mejor calidad de vida de miles de familias que luchan contra la desnutrición y la pobreza.
Tania Goossens, directora y representante en Guatemala del PMA, recalcó que estos números reflejan no solo estadísticas, sino la historia de miles de familias que luchan a diario contra la inseguridad alimentaria.
Goossens detalló que la evaluación incluyó a los cuatro principales grupos étnicos de la nación: mam, q’eqchi’, k`iché` y kaqchikel, con el objetivo de escuchar sus voces y considerar sus necesidades en las intervenciones.
¿Qué hace el Gobierno?
La vicepresidenta afirmó que, entre las acciones del Ejecutivo para luchar contra el mencionado flagelo están invertir más recursos en el Bono Nutricional, con arriba de 11 millones de quetzales destinados a beneficiar a 7 mil familias.
También, la asistencia alimentaria proporcionada a más de 300 mil hogares, así como proyectos productivos que buscan la prosperidad a largo plazo.
Herrera resaltó la urgencia de reforzar los esfuerzos en comunidades como Alta Verapaz, que enfrenta el mayor índice de pobreza y ha registrado muertes por desnutrición aguda. Dijo que, además de la entrega de alimento a más de 23 mil 800 hogares, se necesita voluntad y compromiso político para asegurar que los connacionales puedan vivir con dignidad.
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Gobierno redobla el resguardo ciudadano en las áreas rurales
Presidente reafirma su compromiso de trabajar por la paz y la seguridad de los guatemaltecos
“Durante años, la seguridad y estaciones de policía se concentraban en las áreas urbanas, pero eso está cambiando. El resguardo debe llegar a cada rincón de Guatemala”, manifestó ayer el presidente Bernardo Arévalo durante la habilitación de la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), en el cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Arévalo explicó que esta sede es una expresión tangible que tiene el Gobierno con las familias del citado municipio y las comunidades que lo rodean, como parte del plan de fortalecer la vigilancia en las áreas rurales.
“Las administraciones anteriores enfocaban las sedes policiales en zonas urbanas, lo que dejaba a muchas poblaciones recónditas en situación de vulnerabilidad frente a los problemas de inseguridad”, afirmó el gobernante, al ratificar que su gestión buscará llegar a los sitios más lejanos de los cascos urbanos.
Los 30 agentes asignados a la sede policial deberán responder a los problemas de seguridad y prevenir el delito. “En sus manos está la posibilidad de fortalecer la confianza de las comunidades”, añadió el mandatario.
Más subestaciones
El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, expresó que la subestación de Santa María Ixhuatán representa el compromiso firme con el bienestar de los vecinos. “La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad”, manifestó.
Jiménez explicó que esta sede tuvo un costo de 3.8 millones de quetzales y permitirá una respuesta más efectiva a cualquier emergencia, mientras reforzará la presencia de la ley en la región.
Además, anunció que en las próximas semanas serán inauguradas cinco subestaciones más: colonia Primero de Julio, zona 6 de Mixco; San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y Parcelamiento La Máquina, Suchitepéquez, así como San Vicente Pacaya y Guanagazapa, Escuintla.
De acuerdo con el ministro, la distribución de estos recintos de vigilancia, que responden a las órdenes el jefe del Ejecutivo, se basa en recuperar los espacios que han sido acaparados por las estructuras criminales.
Según datos de la PNC, los hechos ilícitos más denunciados en Santa María Ixhuatán durante 2024 incluyen homicidios y lesiones, hurto y robo de motocicletas, delitos que se combatirán con la presencia de más agentes.
Se recupera el control
El presidente Bernardo Arévalo dijo ayer que el Gobierno recupera el control de las instituciones del Estado y la capacidad de acción de estas, para combatir a las organizaciones criminales.
Administraciones anteriores, por dedicarse a la corrupción, abandonaron los intereses de seguridad del país, porque estaban dispuestos a vendérsela a narcotraficantes y al crimen organizado.
Los logros vistos contra las extorsiones y el descenso en homicidios demuestran el éxito gradual en la recuperación del control de la seguridad, puntualizó. Destacó que una revista de EE. UU. cita a Guatemala como uno de los tres ejemplos en América Latina de cómo se puede avanzar en la lucha contra la inseguridad y la violencia.
Miguelito, el de los Manacales
En julio del presente año, en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, “fue capturado Miguelito Monterroso Cardona, integrante de la banda criminal los Manacales, un grupo dedicado al robo y desmantelamiento de motocicletas, recordó el presidente Bernardo Arévalo durante la inauguración de la subestación de la Policía Nacional Civil en esa localidad.
El mandatario afirmó que “estos actos criminales ponen en peligro la seguridad física y emocional de nuestras comunidades y atentan gravemente contra la integridad de las familias”. Por ello, agregó: “Así como capturamos a Miguelito, seguiremos persiguiendo a todos aquellos que intenten amenazar la paz y tranquilidad”.
Finalizada la sesión permanente, declarada por la Junta Directiva del Congreso, para elegir a magistrados de las Cortes, hoy se retoman las interpelaciones en el pleno, que fueron suspendidas porque se priorizó la designación de los togados.
Luego de 11 semanas desde que se inició el juicio político contra el titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, el interrogatorio no ha concluido y está en la fase de repreguntas. Uno de los obstáculos es que, aunque cada jueves Jiménez se presenta al Parlamento y comienza a responder, las sesiones se suspenden por falta de cuórum.
Además del jefe de la cartera del Interior, están a la espera de ser interpelados los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez; de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, y de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.
Todos están obligados a permanecer en el Congreso hasta que se les dé la oportunidad de participar. Martínez, por ejemplo, tiene tres requerimientos pendientes, lo que ha retrasado su agenda diplomática.
