Portada
Se endurecen controlesen gastos de baja cuantía
Medidas para evidenciar y facilitar la fiscalización de las compras de baja cuantía, que en el pasado han sido foco de corrupción y de evasión de impuestos, tal y como se demostró con el caso B410, contiene el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2025, entregado por el Gobierno al Congreso de la República para su aprobación.
En el Artículo 33 se obliga a las entidades de la administración central, descentralizadas, autónomas y empresas estatales a “publicar, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, un informe sobre el gasto de contrataciones públicas” en la citada modalidad, realizadas en el mes anterior al reporte.
Además, el Artículo 32 indica que las dependencias del Organismo Ejecutivo deberán priorizar el uso del Fondo Rotativo Institucional con Tarjeta de Compras Institucional (TCI). Ello, “con la finalidad de modernizar la administración del régimen de fondos rotativos y fortalecer la Cuenta Única del Tesoro (CUT), mediante el uso de medios electrónicos para gastos emergentes de baja cuantía”.
Vigorizan herramienta
Sumado a lo anterior, las normas presupuestarias contenidas en la iniciativa promueven las adquisiciones por contrato abierto, que es una norma ya existente. Sin embargo, “necesitamos que haya un reforzamiento para utilizarlo, porque es un mecanismo más transparente”, afirmó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien se reunió con diputados de la Comisión de Finanzas y Moneda del Parlamento, quienes analizan el plan de inversiones para el próximo año.
Para este caso, se han priorizado las áreas de computación y telecomunicaciones; limpieza, fumigación y artículos afines; papelería y utensilios de librería, así como alimentos y semillas, salud e insumos hospitalarios.
Con buenos ojos
Manfredo Marroquín, directivo de Acción Ciudadana (AC), ve positivos los citados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“Está bien que se vayan incrementando estas medidas y los candados, porque la administración pública ha sido objeto de saqueos permanentes en los últimos gobiernos. Hay que empezar a cerrar las puertas que facilitan el mal uso de los recursos públicos”, aseguró el entrevistado.
De igual manera, pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) “que cumpla con su función fiscalizadora de manera más acuciosa sobre este tipo de gastos en las instituciones” estatales.
Los integrantes de la comisión que debe definir la nómina final de profesionales que buscan una magistratura para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avanzó en la escogencia de 16 de los 26 candidatos al cargo.
Al cierre de esta edición (0:50) la postuladora había terminado una primera ronda de votaciones de los 199 finalistas y se preparaba para establecer el mecanismo a seguir, a fin de completar el listado que enviará hoy al Congreso de la República.
Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que las propuestas para la CSJ y las Cortes de Apelaciones debían enviarse este día al Organismos Ejecutivo.
Entre la planilla ya definida figuran nueve mujeres y se había excluido a nueve de los 13 magistrados de la CSJ.
El presidente de la postuladora para Cortes de Apelaciones, Raúl Arévalo, y expertas que siguen el proceso de selección cuestionaron la legalidad del procedimiento utilizado para incluir en el listado a 80 de los 312 candidatos al cargo, nómina que deberá ser entregada hoy al Congreso para la elección final.
Según Arévalo, ante la falta de tiempo para cumplir con los plazos que ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC), un grupo de magistrados alcanzó un “consenso” para seleccionar, primero, a 74 de los 80 aspirantes que faltaban, pero luego incluyeron a otros seis.
“Creo que me estoy adelantando a sacar conclusiones, pero a estas alturas pienso que existen muchos intereses”, expresó, tras censurar el proceso utilizado, con el que no estuvo de acuerdo.
Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, explicó que, al momento de presentar este listado, se hizo una rectificación de votos y resultaron ingresando personas que no habían alcanzado el mínimo de apoyos para integrar la nómina. “Claramente, fueron negociados y, probablemente, sean esas monedas de cambio que se incluyeron al final”, resaltó.
Fuentes advirtió que esas decisiones podrían propiciar impugnaciones o recursos legales. Recordó que durante todo el proceso se había sido cuidadoso, a fin de
evitar amparos o recursos.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, coincidió en que podría haber ilegalidad en la manera en que se votó por los últimos 80 nominados.
“La Ley de Comisiones de Postulación establece cómo debe hacerse la votación”, manifestó.
Reiteró que esa sombra es la que, de alguna manera, enturbia la integración de los 312 candidatos. “No sabemos si el proceder será cuestionado o no, pero se han levantado cuestionamientos y comentarios negativos”, destacó.
Ibarra calificó de positivo que en la lista quedaron fuera los perfiles más cuestionados.
Señalados quedan fuera
Los postulantes aliados a la fiscal general Consuelo Porras no recibieron apoyos.
Abdi Ariel Guerra Guzmán, director de Análisis Criminal, y Andrea Lisbeth Mejía, subdirectora de dicha oficina, recibieron un voto, mientras que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se quedó en cero. El esposo de Porras, Gilberto Porres, tampoco
logró ingresar.
Durante el Segundo diálogo interactivo de la Cumbre del Futuro, el jefe del Ejecutivo guatemalteco, Bernardo Arévalo, reiteró el respaldo de Guatemala para que se aborden diversos desafíos globales, que exigen una acción coordinada de la comunidad internacional. Entre los retos mencionó la proliferación de las armas nucleares, los efectos del cambio climático y los avance de las tecnologías de la información y comunicación sin un adecuado marco de gobernanza
multilateral.
Subrayó el debilitamiento de las normas mundiales y la falta de cooperación para mantener la paz. Instó, en nombre del país, a que se impulsen reformas profundas para hacer valer los valores de la Carta de las Naciones Unidas, así como cambios en el Consejo de Seguridad, los cuales deben reflejar las realidades geopolíticas de un mundo multipolar, incorporando a las regiones
subrepresentadas.
