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Gobierno ha duplicado la incautación de cocaína
Comparativo de enero al 8 de septiembre de 2023 y 2024 muestra que, en términos generales, este año los cárteles del narcotráfico han recibido más golpes
De enero al 8 de septiembre pasados, el Gobierno ha incautado un 210.2 por ciento más de cocaína que lo registrado en el mismo período de tiempo de 2023, según datos facilitados por el Ministerio de Gobernación (Mingob).
Además, en términos generales, los decomisos de bienes muebles e inmuebles, efectivo y arrestos durante la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se imponen a la gestión
anterior.
En resumen, los golpes propiciados por el Mingob, bajo las órdenes del ministro Francisco Jiménez, han impactado de mayor manera a las bandas criminales transnacionales, las cuales han visto
reducidas sus potencialidades.
Interpretaciones positivas
Jorge Ortega, catedrático universitario y especialista en seguridad nacional, valora positivamente los esfuerzos implementados por el Mingob y la Policía Nacional Civil (PNC), a fin de combatir a las mafias que comercializan estupefacientes.
“Todas las acciones encaminadas a luchar contra los cárteles organizados y el tráfico de drogas son bienvenidas, ya que constituyen una parte esencial para reducir la inseguridad en Guatemala”, afirma el experto.
No obstante, subraya la importancia de fortalecer los controles en las áreas rurales, donde comunidades vinculadas a actividades delictivas, particularmente en el occidente, han limitado la capacidad de las fuerzas del orden. “Antes éramos solo una ruta de tránsito, pero ahora se cultivan ilícitos, se almacenan e, incluso, se han descubierto laboratorios para la fabricación”, puntualiza.
Ortega recomienda ampliar la cooperación en el ámbito regional y transnacional con países aliados, con el objetivo de enfrentar esta problemática que va en aumento. “Mientras exista demanda habrá oferta y esto requiere alianzas estratégicas que permitan bloquear las rutas terrestres, aéreas y marítimas utilizadas para el tráfico de estas sustancias”, enfatiza, refiriéndose al flujo de drogas del sur al norte del continente.
Lisandro Acuña, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), coincide con Ortega en torno a destacar los avances logrados en la lucha contra este flagelo.
Acuña subraya la importancia de los programas de control territorial que la cartera del Interior puso en marcha este año, especialmente, en las zonas fronterizas con México, donde el problema ha cobrado mayor relevancia.
“Estos planes no solo han impedido el ingreso de drogas, sino que también han fortalecido el control de otros delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y el contrabando”,
resaltó.
De igual manera, el experto recalcó sobre la necesidad de coordinar esfuerzos con Honduras y El Salvador, así como con México y Estados Unidos para enfrentar a este “monstruo” en constante
crecimiento.
“Los Estados deben hacer esfuerzos máximos en adquisición de tecnología, capacitación del personal y fortalecimiento de la inteligencia para detener esta amenaza”, manifiesta.
Valoran a funcionarios
Francisco Girón, consultor en protección e inteligencia y exdirector del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, destaca la eficaz agenda operativa para enfrentar este reto que el Mingob, bajo la dirección del ministro Jiménez y el viceministro Antinarcóticos, Werner Ovalle, ha implementado con el apoyo de la PNC.
“Existe una planificación sólida, con temas específicos que han fortalecido las acciones contra el narcotráfico. Esto refleja un liderazgo enfocado y alineado con los planes del Gobierno”, afirma
Girón.
El analista menciona la importancia de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales y contar con el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional.
Adicionalmente, realza la capacitación continua de la PNC como factor clave para detectar y confiscar ilícitos. Considera que estas acciones no solo combaten este crimen, sino que ayudan a controlar otros como las extorsiones y la proliferación de pandillas.
Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), evalúa de buena manera los resultados obtenidos en los primeros ocho meses del año, en especial, de cocaína incautada en 2024.
Menchú reitera la necesidad de reforzar el control en zonas rurales de San Marcos, Huehuetenango y Petén, donde las plantaciones ilícitas de marihuana y amapola son comunes. También, propone priorizar el uso de tecnología para detectar los cultivos y desarrollar programas que ofrezcan alternativas legales y sustentables para el desarrollo de las comunidades.
Sugiere fortalecer la colaboración con las autoridades mexicanas, ya que gran parte de la droga cultivada en Guatemala es demandada por cárteles en México. Asimismo, defiende la importancia de las alianzas con naciones amigas y agencias internacionales para interceptar envíos marítimos y aéreos procedentes de Suramérica.
Finalmente, advierte que la prevención es otra etapa crucial, ya que el consumo de estupefacientes en Guatemala ha aumentado en los últimos años. Por ello, recomienda implementar estrategias que involucren al Mingob, el Ministerio de Educación y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.
“Todas las acciones encaminadas a luchar contra cárteles organizados y el tráfico de drogas son bienvenidas”.
Jorte Ortega
Experto en seguridad
“No solo han impedido el ingreso de drogas, sino que han fortalecido el control de la trata, tráfico de armas y contrabando”.
Lisandro Acuña
Analista del
Ipnusac
“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.
La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.
Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.
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Mineduc garantiza nutrición a 3.1 millones de estudiantes
Programa de Alimentación Escolar ha ejecutado 2 mil 854 millones, de enero a agosto de 2024, superior a lo desembolsado en el mismo período de 2023, según datos de la cartera de Educación
Parte III
Con el propósito de que los estudiantes del sector público tengan una buena nutrición y salud, que les permita rendir más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) había ejecutado 2 mil 854.2 millones de quetzales en el Programa Alimentación Escolar (PAE), hasta el 31 de agosto, en beneficio de 3.1 millones de alumnos, informó la cartera.
El monto representa el 89.67 por ciento de los 3 mil 183.2 millones de quetzales del presupuesto destinado para el proyecto, correspondiente al ciclo lectivo 2024.
Esta iniciativa abarca a la población escolar de los niveles inicial, preprimaria, primaria, básico y diversificado, de acuerdo con datos del Mineduc.
La ejecución de los fondos del PAE, de enero al octavo mes, es superior a la de 2023. En esa ocasión, lo desembolsado fue de 2 mil 840 millones de quetzales, con un porcentaje de 89.22. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, indicó que, a la fecha, se han realizado seis desembolsos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF) y queda un séptimo para lo que resta del año.
Caliente y lista
Cabrera recordó que en el presente período se regresó a la modalidad de comida servida en la escuela, porque garantiza que los alimentos los consuman los estudiantes, a quienes están dirigidos.
Agregó que hay casos en los que todavía se entregan bolsas de víveres, ya que algunos planteles carecen de espacios adecuados para preparar la comida.
Sin embargo, se trabaja en el remozamiento de estas áreas y se pide apoyo a las municipalidades para construirlas, en caso de que las escuelas no tengan estos recintos.
“El ministerio ha orientado que se sirvan los alimentos en los establecimientos de enseñanza, siempre que sea posible, porque el impacto es más grande en la nutrición de los niños”, señaló el funcionario.
Desembolso puntual
Por su parte, Wendy Cardona, presidenta de la OPF de la Escuela Oficial Rural Mixta, en El Renacimiento, Villa Nueva, confirmó que esta instancia ha recibido puntualmente los desembolsos para la compra de alimentos, ya que esta organización es la encargada de determinar la cantidad, el precio y tipo de productos a comprar.
Para ello, deben tomar en cuenta los menús que previamente estableció el Mineduc. Estas instancias familiares también tienen la potestad de seleccionar a los proveedores, pero deben priorizar a los registrados y acreditados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Además, dar preferencia a los que se encuentran en la misma jurisdicción de la escuela en busca de impulsar una economía local. No obstante, si no hubiera proveedores en el lugar, se podrá tomar en cuenta a otros, siempre que estén registrados oficialmente.
El MAGA remarcó que la dotación de productos para el Programa de Alimentación Escolar dinamiza el comercio de los agricultores, en especial los de pequeña escala. Se documenta la participación de 1 mil 141 cultivadores.
“Quienes están registrados en el PAE vendieron a las OPF un estimado de 405.7 millones de quetzales en los primeros cuatro desembolsos de este año. La cifra representa un impulso económico para las comunidades agrícolas”, detalló el citado despacho.
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Misión resalta desafíos en renovación de Cortes
Informe preliminar de comisión de OEA destaca retrasos, conflictos de interés e inclusión de candidatos que figuran en la Lista Engel y señalados por corrupción
Serios desafíos, riesgos y demoras que ponen en riesgo la legitimidad y transparencia de la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), advierte la Misión Especial de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acompaña la renovación de togados en su informe preliminar.
El grupo, conformado por Rosa Celorio y los abogados Rodolfo Pisa y Luis Marrey, ha seguido de cerca el proceso desde mayo de 2024. En conferencia de prensa, ayer, mencionaron que uno de los aspectos más preocupantes es la participación de 11 personas señaladas en la Lista Engel, sancionadas por actos de corrupción, que entregaron sus expedientes para ser considerados como candidatos y que siguen en el proceso.
Además, resaltaron el conflicto de interés de 33 comisionados que se postularon, lo que ha afectado la transparencia del trabajo de las instancias. Además, hicieron evidentes los retrasos enfrentados debido a diferencias sobre la sede de las sesiones y la falta de acuerdos entre los delegados, en detrimento del cronograma inicial.
Refuerza demanda
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que este informe refuerza el deseo de los guatemaltecos por una renovación de Cortes y justicia independiente en el país.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que el Congreso de la República sea un filtro más para evitar que personas con señalamientos lleguen a ocupar uno de estos cargos.
Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que el panorama no es positivo. “Estamos cayendo en el mismo pantano en el que estuvimos hace cinco y 10 años. No hay un cambio en la correlación de fuerzas y se mantienen activos los grupos que buscan usar las magistraturas para sus propios intereses”, explicó.
Además, hizo un llamado para que no se elija a candidatos conocidos por ser actores aliados de la corrupción, ni a magistrados que participaron en las comisiones, pues crean un conflicto de intereses. También se opuso a la reelección de togados que ya ocupan cargos en las Cortes.
Fuerte reto
José Chic, diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), resaltó el compromiso que todos los legisladores deberán tener al momento de evaluar y votar por los candidatos incluidos en los listados.
“No nos podemos dejar llevar por las calificaciones; hay personajes que recibieron cien puntos, pero eso no refleja su idoneidad, honorabilidad, capacidad y honradez, que es lo que debe priorizarse”, comentó. Chic también enfatizó el deber de los parlamentarios de valorar las tachas y señalamientos presentados por la sociedad civil y que no fueron tomados en cuenta durante la evaluación.
Los legisladores Alma Luz Guerrero y Román Castellanos, del partido Movimiento Semilla, coincidieron con la postura de Chic en cuanto a la necesidad de hacer público y de conocimiento del cuórum del Congreso las observaciones presentadas, así como las sanciones internacionales contra algunos candidatos.
“Vamos a votar por la gente más proba y capaz. Trataremos que las personas que han tenido malas prácticas en la justicia no lleguen. Haremos nuestra lucha para que las Cortes mejoren”, afirmó Guerrero.
Castellanos enfatizó: “Desde el Congreso existe la oportunidad de hacer una votación consciente sobre la elección de Cortes para que sean más independientes y apegadas a derecho”.
El informe de la OEA también subraya la falta de incentivos para la participación de mujeres e indígenas en el proceso, y en cómo los estándares internacionales de derechos humanos han sido desatendidos.
Asimismo, reitera la necesidad de garantizar la transparencia y la honorabilidad en la elección de jueces, enfatizando la importancia de la independencia judicial para consolidar la democracia en Guatemala.
Finalizan evaluación de expedientes
El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miquel Cortés, informó que se concluyó la evaluación de expedientes en la segunda parte de la quinta sesión. Se revisaron 312 documentos, de los cuales 113 no superaron la línea de corte de 73 puntos, quedando 199 postulantes.
Además, se recibieron pruebas de descargo y se escuchó al Movimiento de Reconciliación Nacional. La sexta sesión se realizará el 22 de septiembre para la votación final. La nómina se entregará al Congreso el 23 de septiembre, que decidirá quiénes integrarán la Corte Suprema por los próximos cinco años.
Algunas observaciones
• Retrasos significativos al conformar las comisiones y definir una sede.
• Baja representación de mujeres e indígenas.
• Período corto para recibir candidaturas.
• Inclusión de candidatos cuestionados y señalados de corrupción.
• Desestimación de tachas presentadas por la sociedad civil.
• Conflictos de interés por la participación de comisionados.
• Falta de transparencia al momento de calificar méritos éticos.
• Influencias externas y presiones políticas.
• Falta de criterios sólidos y estrictos para evaluar candidatos.
