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Gobierno sanciona y publica ampliación presupuestaria
Mandatario Arévalo dijo que el reajuste refleja la colaboración entre el Gobierno y Congreso por el bienestar de los guatemaltecos, pues se enfoca en proyectos sociales e infraestructura productiva
La ampliación presupuestaria por 14 mil 151 millones 700 mil 391 quetzales, aprobada el pasado 27 de agosto con 114 votos en el Legislativo, fue sancionada anoche por el presidente Bernardo Arévalo y publicada hoy en el diario oficial y entrará en vigencia mañana.
“Acabamos de recibir el Decreto 17-2024 del Congreso de la República, que es la ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2024. Procedo a firmarlo para que se publique el Diario de Centro América y entre en vigor”, afirmó ayer por la noche el mandatario por medio de un video publicado en sus redes sociales.
“Este es una norma que refleja la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo en la búsqueda de resultados concretos para el desarrollo de los guatemaltecos”, agregó el dignatario.
La decisión fue tomada por el Ejecutivo luego de que ayer, durante la sesión ordinaria el Pleno improbó, con 86 votos, las objeciones y observaciones de congresistas de oposición al reajuste presupuestario, lo que allanó el camino para la sanción de Arévalo. En la jornada legislativa citada tampoco se respaldó un punto resolutivo acordado en reunión de jefes y subjefes de bloque, que buscaba exhortar al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a fin de que derogara el Acuerdo Ministerial 214-2024 que crea una oficina destinada para la seguridad de activistas de DD. HH.
También, se fijó para el 12 de septiembre, a las 10:00, el inicio de la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Medina, solicitada por diputados de bancadas opositoras.
El revés
Las objeciones y observaciones al reajuste presupuestario, que no prosperaron, fueron presentadas por los parlamentarios Maynor Mejía, de la bancada Vamos, y Nadia de León, del bloque Nosotros. La mayoría de votos que rechazaron las citadas propuestas fueron en su orden de los congresistas independientes, en donde se encuentran los diputados electos por el partido Movimiento Semilla, con 21 votos; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 19; Vamos, 12; Cabal, 9, y Valor, 7.
En total, dichos respaldos sumaron 68 votos, lo que representa el 79.1 por ciento de los 86 sufragios que no avalaron las objeciones y observaciones. Siguieron los parlamentarios de Visión con Valores (Viva) y
Bienestar Nacional (Bien), con 4 votos cada uno. Atrás, los legisladores de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y Todos, con 3 cada uno. En tanto que Winaq, Victoria, Azul y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), aportaron un sufragio cada uno.
Sin respaldo
“Era previsible (el rechazo a las objeciones); no contaban ni con el cuórum para hacer algo así.
Nosotros creemos que son medidas desesperadas para seguir atrasando la ampliación, y qué bueno que tienen ese ímpetu, pero, cada vez, se están quedando más solos y hasta sin argumentos y eso es evidente”, aseguró Andrea Reyes, diputada de Semilla.
El monto aprobado en único debate y publicado en el Diario Oficial es 300 millones de quetzales menos, respecto de lo respaldado el pasado 13 de agosto, en una primera ocasión por los parlamentarios y que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad.
Según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la ampliación se financiará con los ingresos tributarios adicionales de 13 mil 436 millones de quetzales y un saldo de caja de 1 mil 15 millones.
No avanza punto resolutivo
En la sesión de ayer los legisladores rechazaron un punto resolutivo que buscaba exhortar al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a derogar el Acuerdo Ministerial 14-2024, que crea un ente que dará seguimiento a casos de vulnerabilidad de defensores de derechos humanos.
La iniciativa establece la Instancia de Análisis de Ataques contra el Derecho de Personas, Organizaciones, Comunidades y Autoridades de los Pueblos Originarios, la cual se encargará de analizar los patrones de agresiones mediante una metodología científica, con el objetivo de desarrollar recomendaciones para la investigación de casos y protección de los afectados.
“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.
La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.
Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.
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Mineduc garantiza nutrición a 3.1 millones de estudiantes
Programa de Alimentación Escolar ha ejecutado 2 mil 854 millones, de enero a agosto de 2024, superior a lo desembolsado en el mismo período de 2023, según datos de la cartera de Educación
Parte III
Con el propósito de que los estudiantes del sector público tengan una buena nutrición y salud, que les permita rendir más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) había ejecutado 2 mil 854.2 millones de quetzales en el Programa Alimentación Escolar (PAE), hasta el 31 de agosto, en beneficio de 3.1 millones de alumnos, informó la cartera.
El monto representa el 89.67 por ciento de los 3 mil 183.2 millones de quetzales del presupuesto destinado para el proyecto, correspondiente al ciclo lectivo 2024.
Esta iniciativa abarca a la población escolar de los niveles inicial, preprimaria, primaria, básico y diversificado, de acuerdo con datos del Mineduc.
La ejecución de los fondos del PAE, de enero al octavo mes, es superior a la de 2023. En esa ocasión, lo desembolsado fue de 2 mil 840 millones de quetzales, con un porcentaje de 89.22. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, indicó que, a la fecha, se han realizado seis desembolsos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF) y queda un séptimo para lo que resta del año.
Caliente y lista
Cabrera recordó que en el presente período se regresó a la modalidad de comida servida en la escuela, porque garantiza que los alimentos los consuman los estudiantes, a quienes están dirigidos.
Agregó que hay casos en los que todavía se entregan bolsas de víveres, ya que algunos planteles carecen de espacios adecuados para preparar la comida.
Sin embargo, se trabaja en el remozamiento de estas áreas y se pide apoyo a las municipalidades para construirlas, en caso de que las escuelas no tengan estos recintos.
“El ministerio ha orientado que se sirvan los alimentos en los establecimientos de enseñanza, siempre que sea posible, porque el impacto es más grande en la nutrición de los niños”, señaló el funcionario.
Desembolso puntual
Por su parte, Wendy Cardona, presidenta de la OPF de la Escuela Oficial Rural Mixta, en El Renacimiento, Villa Nueva, confirmó que esta instancia ha recibido puntualmente los desembolsos para la compra de alimentos, ya que esta organización es la encargada de determinar la cantidad, el precio y tipo de productos a comprar.
Para ello, deben tomar en cuenta los menús que previamente estableció el Mineduc. Estas instancias familiares también tienen la potestad de seleccionar a los proveedores, pero deben priorizar a los registrados y acreditados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Además, dar preferencia a los que se encuentran en la misma jurisdicción de la escuela en busca de impulsar una economía local. No obstante, si no hubiera proveedores en el lugar, se podrá tomar en cuenta a otros, siempre que estén registrados oficialmente.
El MAGA remarcó que la dotación de productos para el Programa de Alimentación Escolar dinamiza el comercio de los agricultores, en especial los de pequeña escala. Se documenta la participación de 1 mil 141 cultivadores.
“Quienes están registrados en el PAE vendieron a las OPF un estimado de 405.7 millones de quetzales en los primeros cuatro desembolsos de este año. La cifra representa un impulso económico para las comunidades agrícolas”, detalló el citado despacho.
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Misión resalta desafíos en renovación de Cortes
Informe preliminar de comisión de OEA destaca retrasos, conflictos de interés e inclusión de candidatos que figuran en la Lista Engel y señalados por corrupción
Serios desafíos, riesgos y demoras que ponen en riesgo la legitimidad y transparencia de la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), advierte la Misión Especial de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acompaña la renovación de togados en su informe preliminar.
El grupo, conformado por Rosa Celorio y los abogados Rodolfo Pisa y Luis Marrey, ha seguido de cerca el proceso desde mayo de 2024. En conferencia de prensa, ayer, mencionaron que uno de los aspectos más preocupantes es la participación de 11 personas señaladas en la Lista Engel, sancionadas por actos de corrupción, que entregaron sus expedientes para ser considerados como candidatos y que siguen en el proceso.
Además, resaltaron el conflicto de interés de 33 comisionados que se postularon, lo que ha afectado la transparencia del trabajo de las instancias. Además, hicieron evidentes los retrasos enfrentados debido a diferencias sobre la sede de las sesiones y la falta de acuerdos entre los delegados, en detrimento del cronograma inicial.
Refuerza demanda
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que este informe refuerza el deseo de los guatemaltecos por una renovación de Cortes y justicia independiente en el país.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que el Congreso de la República sea un filtro más para evitar que personas con señalamientos lleguen a ocupar uno de estos cargos.
Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que el panorama no es positivo. “Estamos cayendo en el mismo pantano en el que estuvimos hace cinco y 10 años. No hay un cambio en la correlación de fuerzas y se mantienen activos los grupos que buscan usar las magistraturas para sus propios intereses”, explicó.
Además, hizo un llamado para que no se elija a candidatos conocidos por ser actores aliados de la corrupción, ni a magistrados que participaron en las comisiones, pues crean un conflicto de intereses. También se opuso a la reelección de togados que ya ocupan cargos en las Cortes.
Fuerte reto
José Chic, diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), resaltó el compromiso que todos los legisladores deberán tener al momento de evaluar y votar por los candidatos incluidos en los listados.
“No nos podemos dejar llevar por las calificaciones; hay personajes que recibieron cien puntos, pero eso no refleja su idoneidad, honorabilidad, capacidad y honradez, que es lo que debe priorizarse”, comentó. Chic también enfatizó el deber de los parlamentarios de valorar las tachas y señalamientos presentados por la sociedad civil y que no fueron tomados en cuenta durante la evaluación.
Los legisladores Alma Luz Guerrero y Román Castellanos, del partido Movimiento Semilla, coincidieron con la postura de Chic en cuanto a la necesidad de hacer público y de conocimiento del cuórum del Congreso las observaciones presentadas, así como las sanciones internacionales contra algunos candidatos.
“Vamos a votar por la gente más proba y capaz. Trataremos que las personas que han tenido malas prácticas en la justicia no lleguen. Haremos nuestra lucha para que las Cortes mejoren”, afirmó Guerrero.
Castellanos enfatizó: “Desde el Congreso existe la oportunidad de hacer una votación consciente sobre la elección de Cortes para que sean más independientes y apegadas a derecho”.
El informe de la OEA también subraya la falta de incentivos para la participación de mujeres e indígenas en el proceso, y en cómo los estándares internacionales de derechos humanos han sido desatendidos.
Asimismo, reitera la necesidad de garantizar la transparencia y la honorabilidad en la elección de jueces, enfatizando la importancia de la independencia judicial para consolidar la democracia en Guatemala.
Finalizan evaluación de expedientes
El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miquel Cortés, informó que se concluyó la evaluación de expedientes en la segunda parte de la quinta sesión. Se revisaron 312 documentos, de los cuales 113 no superaron la línea de corte de 73 puntos, quedando 199 postulantes.
Además, se recibieron pruebas de descargo y se escuchó al Movimiento de Reconciliación Nacional. La sexta sesión se realizará el 22 de septiembre para la votación final. La nómina se entregará al Congreso el 23 de septiembre, que decidirá quiénes integrarán la Corte Suprema por los próximos cinco años.
Algunas observaciones
• Retrasos significativos al conformar las comisiones y definir una sede.
• Baja representación de mujeres e indígenas.
• Período corto para recibir candidaturas.
• Inclusión de candidatos cuestionados y señalados de corrupción.
• Desestimación de tachas presentadas por la sociedad civil.
• Conflictos de interés por la participación de comisionados.
• Falta de transparencia al momento de calificar méritos éticos.
• Influencias externas y presiones políticas.
• Falta de criterios sólidos y estrictos para evaluar candidatos.
