EN EL PAÍS
Preparan plan nacional de riego
Con una inversión de Q600 millones, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) pretende implementar, a partir del próximo, año el Gran Plan Nacional de Riego, mediante el cual se busca convertir el Corredor seco en un área productiva, según el titular de esa cartera, Mario Méndez.
Con una inversión de Q600 millones, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) pretende implementar, a partir del próximo, año el Gran Plan Nacional de Riego, mediante el cual se busca convertir el Corredor seco en un área productiva, según el titular de esa cartera, Mario Méndez.
El funcionario explicó a diputados del bloque Unión del Cambio Nacional que se pretende incluir el monto en mención en el Presupuesto para 2017, y que el proyecto permita, en su primera fase, cultivar diversos productos en 20 mil de las 56 mil hectáreas que podrían ser irrigadas en la región.
Apoyo interinstitucional
“Hemos realizado estudios, con el apoyo de la Embajada de Israel, y determinamos que este mecanismo permitiría a las familias afectadas por la sequía producir sus propios alimentos y cultivar otros que podrían vender”, dijo el ministro.
El programa sería apoyado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la cual brindaría semillas e insumos a los campesinos beneficiados, mientras que el MAGA se encargaría de la capacitación y el monitoreo.
Según Méndez, la intención es que con una inversión de Q1 mil 800 millones, en los próximos 3 años, las 56 mil hectáreas detectadas puedan utilizarse para conseguir por lo menos 3 cosechas anuales, de las cuales 1 sería solo de granos básicos.
Avalan medida
La diputada Vivian Preciado calificó de positivo el plan, “pues propiciaría que la ayuda a la región deje de ser asistencialista y que los pobladores garanticen sus alimentos”.
En la misma línea se pronunció el congresista Napoleón Rojas, quien recordó que, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el Corredor seco existen 120 mil núcleos que requieren de atención, de los cuales, con el plan, un tercio empezaría a cambiar su situación el próximo año.
Con el fin de que los niños continúen el ciclo escolar, en espacios dignos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) inauguró dos aulas prefabricadas más, las cuales se acondicionaron en la Escuela Rural Mixta Caserío El Sestiadero, ubicada en San Pedro Pinula, Jalapa.
“Seguimos instalando modulares escolares para suplir los daños por las lluvias”, al tiempo que se atienden remozamientos y necesidades esenciales para un aprendizaje seguro y continuo, expresó Félix Alvarado, titular del CIV, en su cuenta oficial de X.
Informó que la instalación estuvo a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Obra Pública. Según el CIV, en total se adquirieron 35 de estas estructuras, que serán instaladas en escuelas y centros de Salud priorizados en Escuintla, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Jalapa, San Marcos, Izabal y Retalhuleu.
Adicionalmente, en los centros de Jalapa se instaló internet de conexión satelital, que tienen una velocidad de 50 a 250 megabits.
La semana pasada, el presidente Bernardo Arévalo recordó que las condiciones climáticas ocurridas en junio y julio afectaron los edificios de enseñanza y de salud. “El Gobierno está respondiendo con acciones oportunas”, manifestó el mandatario.
Medidas para evidenciar y facilitar la fiscalización de las compras de baja cuantía, que en el pasado han sido foco de corrupción y de evasión de impuestos, tal y como se demostró con el caso B410, contiene el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2025, entregado por el Gobierno al Congreso de la República para su aprobación.
En el Artículo 33 se obliga a las entidades de la administración central, descentralizadas, autónomas y empresas estatales a “publicar, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, un informe sobre el gasto de contrataciones públicas” en la citada modalidad, realizadas en el mes anterior al reporte.
Además, el Artículo 32 indica que las dependencias del Organismo Ejecutivo deberán priorizar el uso del Fondo Rotativo Institucional con Tarjeta de Compras Institucional (TCI). Ello, “con la finalidad de modernizar la administración del régimen de fondos rotativos y fortalecer la Cuenta Única del Tesoro (CUT), mediante el uso de medios electrónicos para gastos emergentes de baja cuantía”.
Vigorizan herramienta
Sumado a lo anterior, las normas presupuestarias contenidas en la iniciativa promueven las adquisiciones por contrato abierto, que es una norma ya existente. Sin embargo, “necesitamos que haya un reforzamiento para utilizarlo, porque es un mecanismo más transparente”, afirmó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien se reunió con diputados de la Comisión de Finanzas y Moneda del Parlamento, quienes analizan el plan de inversiones para el próximo año.
Para este caso, se han priorizado las áreas de computación y telecomunicaciones; limpieza, fumigación y artículos afines; papelería y utensilios de librería, así como alimentos y semillas, salud e insumos hospitalarios.
Con buenos ojos
Manfredo Marroquín, directivo de Acción Ciudadana (AC), ve positivos los citados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“Está bien que se vayan incrementando estas medidas y los candados, porque la administración pública ha sido objeto de saqueos permanentes en los últimos gobiernos. Hay que empezar a cerrar las puertas que facilitan el mal uso de los recursos públicos”, aseguró el entrevistado.
De igual manera, pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) “que cumpla con su función fiscalizadora de manera más acuciosa sobre este tipo de gastos en las instituciones” estatales.
Desde inicios de enero al 21 de septiembre pasado, han sido capturados 1 mil 368 extorsionistas, reporta la Policía Nacional Civil (PNC). Una de las principales medidas adoptadas por el actual Gobierno ha sido la creación del Grupo Especial contra las Extorsiones (GECE), de la PNC.
Este equipo especializado recorre las calles identificando casos de extorsión y deteniendo a los responsables.
Además, ha priorizado las requisas en centros carcelarios, donde, según el Ministerio de Gobernación (Mingob), se coordinan hechos criminales que han cobrado valiosas vidas de guatemaltecos.
Recientes capturas
En la zona 1 capitalina, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) consignaron a Gabriela N, de 21 años, acusada de dicho delito, quien acumula tres órdenes de aprehensión emitidas en junio y agosto del presente año por los juzgados de Quetzaltenango, Suchitepéquez y Guatemala.
En el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la ciudad capital, agentes de la Dipanda notificaron de nuevos delitos a las privadas de libertad Eva Noemí Velásquez, de 28 años, e Irma
Noemy Cotzajay, de 37, sindicadas de extorsión y extorsión en grado de complicidad.
