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El DCA revela las intimidades del Pacto Colectivo que pide el STEG
En esta serie que comienza a publicarse hoy, el Diario de Centro América (DCA) divulga detalles de las exigencias que hace el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que dirige Joviel Acevedo. Este matutino tuvo acceso a las primeras 18 actas, en las que constan las demandas para renovar el Pacto Colectivo, entre las cuales destacan privilegios para los directivos gremiales y la exigencia de que todo se desarrolle en secretividad.
Parte 1
La negociación del nuevo Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de
Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación (Mineduc) inició el 29 de febrero del año en curso, a las 14:35, en la sala 12 de la Planta Central de la citada cartera.
Dicho proceso comenzó con un borrador que no se puede hacer público, porque las autoridades del gobierno de Alejandro Giammattei recibieron la propuesta en condición de confidencialidad; sin embargo, el Diario de Centro América obtuvo las actas de los encuentros realizados hasta el 10 de julio, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.
En la primera reunión se acordó que los encuentros para dicho fin se lleven a cabo cada miércoles, a partir de las 2:30 de la tarde y los representantes del Mineduc hicieron una propuesta de comunicación acerca de la negociación del Pacto Colectivo.
Con el argumento de “evitar un desgaste innecesario a las partes involucradas”, Joviel Acevedo, secretario del STEG, solicitó que la búsqueda de acuerdos “no se haga en los medios”.
Luego, Homero Fuentes, testigo de honor, comentó que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, realizará una campaña masiva de información con el propósito de concientizar a la población acerca de la importancia de la negociación colectiva. De esa cuenta, se acordó que esta iniciativa estará sujeta a la aprobación de todos los integrantes de la comisión negociadora.
En esa ocasión, el STEG presentó un documento en el que indicó que se violó el Artículo 62 del Pacto Colectivo vigente, puesto que se canceló el Seguro Médico Escolar (en marzo pasado, la Corte de Constitucionalidad rechazó una petición del sindicato que buscaba la continuidad del servicio impulsado por la anterior administración) y pidió una respuesta por escrito.
Al dar su visto bueno a lo actuado, la ministra de Educación, Anabella Giracca, instruyó a la comisión negociadora de la parte patronal que “insista en la propuesta de comunicación para trasladar a la población la información de los avances de las negociaciones del pacto colectivo”. El sindicato se volvió a oponer.
Las prioridades
De los documentos entregados por la cartera educativa se deduce que en los primeros encuentros se consensuaron artículos que permiten al STEG mantener la hegemonía de la negociación en los pactos colectivos y otros de interés de ese gremio.
De esa cuenta, en el segundo encuentro se acordó que “para todo lo relacionado con la tramitación o modificación de un Pacto Colectivo, únicamente, se negociará con el sindicato que demuestre, conforme constancia del Ministerio de Trabajo, tener el mayor número de trabajadores afiliados en el ámbito nacional, sin importar el gremio al que pertenezcan”.
También, se estableció que ninguna disposición legal podrá disminuir, tergiversar, coartar, restringir y limitar los derechos contenidos en el pacto.
Sumado a ello, se convergió en que el Mineduc deducirá del salario de los trabajadores afiliados a los sindicatos las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias; estas últimas, en casos especiales cuando lo requieran las agrupaciones.
Donde no se alcanzó consenso fue en lo relativo a la inmovilidad laboral de los dirigentes sindicales. Los delegados del STEG manifestaron que harían una nueva propuesta en la próxima reunión. Peso a ello, el tercer encuentro terminó sin el consenso de las
partes.
Fue hasta la cuarta cita que se acordó la redacción del artículo relacionado con la inmovilidad laboral de los dirigentes sindicales. Esta “durará todo el tiempo que desempeñen sus respectivos cargos y hasta 24 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos”, dice el artículo
redactado.
Se aprobó, además, lo relativo a las licencias para capacitación sindical. “La autoridad nominadora del Mineduc podrá conceder a los trabajadores que lo soliciten, justificando previamente su participación, licencias con goce de salario, que no podrá ser mayor de un mes en cada ejercicio fiscal, para participar en cursillos, seminarios, talleres, congresos y otras actividades formativas de carácter sindical o gremial”, se lee en la citada acta.
Otros consensos
En las negociaciones realizadas hasta la séptima reunión, realizada el 17 de abril, se logró el consentimiento para temas relacionados con jornadas y horarios de trabajo, propósito del pacto, representación patronal y de los sindicatos, aplicación e interpretación del convenio, negociación colectiva, derechos adquirido y libre sindicalización.
En el caso del calendario escolar, se estableció que los docentes deberán cumplir como mínimo 180 días de clases, brindando una educación de calidad. Y, en casos fortuitos o de fuerza mayor, los establecimientos deberán organizarse y coordinar con la comunidad educativa la reposición de clases dejadas de prestar a los alumnos bajo su responsabilidad, cuando el caso lo amerite.
Lucha por la transparencia
El 29 de abril, el Mineduc solicitó, públicamente, al STEG retirar el carácter confidencial que ellos y la anterior titular de la cartera, Claudia Ruíz, impusieron a las negociaciones. Sin embargo, los sindicalistas volvieron a negar ese derecho ciudadano.
Recientemente, la Corte de Constitucionalidad (CC) se abstuvo de emitir una opinión sobre la confidencialidad del Pacto Colectivo, la cual fue requerida por el Gobierno.
“Hemos tomado nota de la decisión adoptada con respecto a la opinión consultiva presentada por la Presidencia. Estamos a la espera de la resolución de los recursos constitucionales de amparo relacionados con la divulgación del proyecto del Pacto Colectivo, que actualmente están pendientes de resolución definitiva por la Corte Suprema de Justicia”, indicó el citado despacho por medio de un comunicado de prensa el pasado 7 de agosto.
Actas por vía alterna
El 24 de julio, la ministra de Educación, Anabella Giracca, manifestó, durante una citación con diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, que las actas del Pacto Colectivo se entregarían a quienes las soliciten por medio de la Ventanilla de Acceso a la Información Pública, del Mineduc.
Lo anterior, mientras las cortes resuelvan los recursos legales para aclarar si el borrador negociado por el STEG y la pasada administración debe ser confidencial. El 25 de julio, el DCA pidió, por la mencionada vía, copias de las actas en donde consta la
negociación.
Luego de esperar los tiempos reglamentados en ley, incluida una solicitud de prórroga, los documentos fueron entregados el 22 de agosto por la Unidad de Información, Asesoría y Asistencia Legal de la cartera
educativa.
“Cuando se hace este tipo de negociaciones entre funcionarios, los recursos son de los guatemaltecos, por lo tanto, debe mantenerse abierto al público”.
María del Carmen Aceña, Exministra de Educación y directiva del CIEN
“Es una insistencia que no es correcta, porque todo asunto del Estado tiene que ser público y, más aún, si se trata de recursos públicos”.
Gustavo Berganza, Analista independiente
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Mano a Mano beneficia a 16 mil 429 productores
Estrategia busca fortalecer la seguridad alimentaria de familias vulnerables
MAGA
Un total de 16 mil 429 productores de la agricultura familiar recibieron semillas mejoradas de maíz para fortalecer la seguridad alimentaria de sus familias, y con ello, reducir la pobreza multidimensional por medio de la estrategia Mano a Mano que impulsa el actual Gobierno.
La asistencia es dirigida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), como un apoyo a la mejora de disponibilidad de productos para el autoconsumo lo que contribuye a disminuir la malnutrición en las comunidades rurales priorizadas.
Las autoridades del MAGA enfatizaron que la acción se alinea con el objetivo 1 del plan Una Nueva Siembra para el Agro de Guatemala, cuyo propósito es incrementar la productividad, disponibilidad y acceso físico-económico a los alimentos a fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones más necesitadas. Otra de las acciones destaca- das es la entrega de fertilizantes a 3 mil 355 agricultores, donados por el Reino de Marruecos. In- sumos que han sido distribuidos en Huehuetenango, Quiché, Sololá y Totonicapán.
“Se debe avanzar en estrategias integrales que sean sostenidas en el tiempo”. Comentó, Otto Rivera, Experto en niñez y adolescencia.
Además, se ha promovido la creación de huertos escolares con fines pedagógicos en 2 mil 210 centros educativos y la entrega de semillas de sorgo a 1 mil 645 productores de agricultura familiar.
Instrumentos claves
Al respecto, Otto Rivera, experto en niñez y adolescencia, resaltó que tanto la Política Pública de Desarrollo de la Primera Infancia y la estrategia Mano a Mano, serán instrumentos claves en el combate a la desnutrición y malnutrición. Rivera señaló que se necesitan más esfuerzos del Estado en el cumplimiento de los planes enfocados en erradicar la pobreza y mejorar la vida de los guatemaltecos más abandonados por anteriores gobiernos.
CONAP
La ampliación presupuestaria, aprobada por el Congreso de la República, permitirá al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) contratar un mayor número de guardarrecursos, y con ello, cubrir más áreas protegidas al cuidado de esta institución, informó Comunicación Social de la dependencia gubernamental.
El anucio se efectuó al conmemorar el Día del Guardarrecursos, que se celebra cada segundo viernes de septiembre. En la actualidad se cuenta con 400 de ellos, con un mayor número asignado en Petén.
Además, en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación 2025 se contempla una partida específica para estas contrataciones, tanto de hombres como mujeres, para apoyar el resguardo de la biodiversidad y el patrimonio natural del país, se indicó.
Comparativo de enero al 8 de septiembre de 2023 y 2024 muestra que, en términos generales, este año los cárteles del narcotráfico han recibido más golpes
De enero al 8 de septiembre pasados, el Gobierno ha incautado un 210.2 por ciento más de cocaína que lo registrado en el mismo período de tiempo de 2023, según datos facilitados por el Ministerio de Gobernación (Mingob).
Además, en términos generales, los decomisos de bienes muebles e inmuebles, efectivo y arrestos durante la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se imponen a la gestión
anterior.
En resumen, los golpes propiciados por el Mingob, bajo las órdenes del ministro Francisco Jiménez, han impactado de mayor manera a las bandas criminales transnacionales, las cuales han visto
reducidas sus potencialidades.
Interpretaciones positivas
Jorge Ortega, catedrático universitario y especialista en seguridad nacional, valora positivamente los esfuerzos implementados por el Mingob y la Policía Nacional Civil (PNC), a fin de combatir a las mafias que comercializan estupefacientes.
“Todas las acciones encaminadas a luchar contra los cárteles organizados y el tráfico de drogas son bienvenidas, ya que constituyen una parte esencial para reducir la inseguridad en Guatemala”, afirma el experto.
No obstante, subraya la importancia de fortalecer los controles en las áreas rurales, donde comunidades vinculadas a actividades delictivas, particularmente en el occidente, han limitado la capacidad de las fuerzas del orden. “Antes éramos solo una ruta de tránsito, pero ahora se cultivan ilícitos, se almacenan e, incluso, se han descubierto laboratorios para la fabricación”, puntualiza.
Ortega recomienda ampliar la cooperación en el ámbito regional y transnacional con países aliados, con el objetivo de enfrentar esta problemática que va en aumento. “Mientras exista demanda habrá oferta y esto requiere alianzas estratégicas que permitan bloquear las rutas terrestres, aéreas y marítimas utilizadas para el tráfico de estas sustancias”, enfatiza, refiriéndose al flujo de drogas del sur al norte del continente.
Lisandro Acuña, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), coincide con Ortega en torno a destacar los avances logrados en la lucha contra este flagelo.
Acuña subraya la importancia de los programas de control territorial que la cartera del Interior puso en marcha este año, especialmente, en las zonas fronterizas con México, donde el problema ha cobrado mayor relevancia.
“Estos planes no solo han impedido el ingreso de drogas, sino que también han fortalecido el control de otros delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y el contrabando”,
resaltó.
De igual manera, el experto recalcó sobre la necesidad de coordinar esfuerzos con Honduras y El Salvador, así como con México y Estados Unidos para enfrentar a este “monstruo” en constante
crecimiento.
“Los Estados deben hacer esfuerzos máximos en adquisición de tecnología, capacitación del personal y fortalecimiento de la inteligencia para detener esta amenaza”, manifiesta.
Valoran a funcionarios
Francisco Girón, consultor en protección e inteligencia y exdirector del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, destaca la eficaz agenda operativa para enfrentar este reto que el Mingob, bajo la dirección del ministro Jiménez y el viceministro Antinarcóticos, Werner Ovalle, ha implementado con el apoyo de la PNC.
“Existe una planificación sólida, con temas específicos que han fortalecido las acciones contra el narcotráfico. Esto refleja un liderazgo enfocado y alineado con los planes del Gobierno”, afirma
Girón.
El analista menciona la importancia de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales y contar con el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional.
Adicionalmente, realza la capacitación continua de la PNC como factor clave para detectar y confiscar ilícitos. Considera que estas acciones no solo combaten este crimen, sino que ayudan a controlar otros como las extorsiones y la proliferación de pandillas.
Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), evalúa de buena manera los resultados obtenidos en los primeros ocho meses del año, en especial, de cocaína incautada en 2024.
Menchú reitera la necesidad de reforzar el control en zonas rurales de San Marcos, Huehuetenango y Petén, donde las plantaciones ilícitas de marihuana y amapola son comunes. También, propone priorizar el uso de tecnología para detectar los cultivos y desarrollar programas que ofrezcan alternativas legales y sustentables para el desarrollo de las comunidades.
Sugiere fortalecer la colaboración con las autoridades mexicanas, ya que gran parte de la droga cultivada en Guatemala es demandada por cárteles en México. Asimismo, defiende la importancia de las alianzas con naciones amigas y agencias internacionales para interceptar envíos marítimos y aéreos procedentes de Suramérica.
Finalmente, advierte que la prevención es otra etapa crucial, ya que el consumo de estupefacientes en Guatemala ha aumentado en los últimos años. Por ello, recomienda implementar estrategias que involucren al Mingob, el Ministerio de Educación y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.
“Todas las acciones encaminadas a luchar contra cárteles organizados y el tráfico de drogas son bienvenidas”.
Jorte Ortega
Experto en seguridad
“No solo han impedido el ingreso de drogas, sino que han fortalecido el control de la trata, tráfico de armas y contrabando”.
Lisandro Acuña
Analista del
Ipnusac
