Portada
Abogados ven infundadas las acusaciones contra el mandatario
Solo un órgano jurisdiccional tiene competencia para calificar si hay o no delitos, afirman expertos consultados, quienes coinciden que debe prevalecer la presunción de inocencia
El principio de presunción de inocencia debe prevalecer en todos los casos que investigue el Ministerio Público (MP), aseguraron expertos en temas legales, luego de que, tras la presentación de un caso contra el presidente Bernardo Arévalo, por el cual se pidió el retiro del antejuicio, el ente encargado de la persecución penal acusó al mandatario de corrupto.
El MP solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar la inmunidad al dignatario por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, cuando estableció un mecanismo de pago a empresas con contratos de obras de la administración de Alejandro Giammattei y que desobedeció la exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega.
La Fiscalía vincula al gobernante con supuestas órdenes ilegales para el pago a constructoras, algunas de las cuales, según el MP, figuran en la lista de las 410 empresas que habrían defraudado 300 millones al fisco, como lo denunció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el 14 de agosto pasado.
Emite juicio
“De acuerdo con los hechos que fueron de conocimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el principal responsable de fomentar la corrupción e impunidad en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”, aseguró, al inicio de la presentación, la aludida institución.
“El MP no es la autoridad para calificar si hay o no un delito; solo indicios. Es un órgano jurisdiccional el que decide si hay o no un acto delictivo. No le compete a este ente prejuzgar o hacer apreciaciones adelantadas o, de una vez, calificar”, dijo Nineth Montengro, licenciada en Ciencias Jurídicas y exdiputada del Congreso.
“Es una conferencia de prensa y se debería mantener el tema de la presunción de inocencia hasta que surjan todos los procedimientos correspondientes. No deberían catalogar directamente que se cometieron o no delitos, y mantenerlo todo bajo el entendido de un supuesto”, comentó Kevin López, experto en temas jurídicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, afirmó: “Vulnerando la presunción de inocencia, el debido proceso y la inmunidad personal que goza el Presidente, el fiscal, coordinado con la estructura criminal que les opera los casos fuera, presentó un nuevo absurdo, construido con
argumentos ridículos”.
El funcionario expresó que “es imperativo que defendamos el Estado de Derecho y exijamos transparencia y responsabilidad en todas las acciones administrativas y judiciales. No permitiremos que la corrupción y la injusticia de una minoría desesperada prevalezcan”.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSPR) sostuvo: “Los señalamientos de la Fiscalía no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo. Los disparates del titular de la FECI no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio”.
Mientras, el abogado y constitucionalista Edgar Ortiz señaló que lo dicho por el fiscal es un comentario fuera de lugar, porque se supone que estos funcionarios deben guiarse por un código de ética. “Si se revisa el (código) de esa institución, es una regla que deben conducirse con imparcialidad y cuando se hacen comentarios políticos se rompe ese mandato de imparcialidad que le demanda el código de ética y todos los estándares internacionales en materia de conducta de los fiscales”, afirmó.
Además, mencionó que esa actitud “contamina, de alguna forma, la legitimidad de la investigación, porque si el investigador está politizado, seguramente, su pesquisa también lo está”.
Foto: Archivo / Cecilia Vicente
Ignorancia
Durante la actividad, la FECI enfatizó que entre las empresas beneficiadas con supuestos pagos ilegales ordenados por el gobernante guatemalteco figura una de la que es representante legal Gabriel Orellana, “quien fue nombrado como miembro del Comité Jurídico” de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo que habría tráfico de influencias.
“Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia. Si el señor fiscal se hubiera tomado la molestia de leer la Carta de la OEA, tratado internacional que Guatemala suscribió, se habría dado cuenta que ahí no puede haber nombramiento, porque el cargo de los miembros del Comité Jurídico Interamericano es por elección de la asamblea general de la OEA; es decir, 28 Estados independientes votaron a favor de mi candidatura”, resaltó Orellana.
Ante los señalamientos de que el mandatario violó la Constitución, el exjuez Carlos Giovanni Ruano manifestó que “los del ente investigador ignoran el Artículo 6 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que es claro, preciso y vigente, el cual indica que el gobernante es la autoridad administrativa superior de dicho Poder. Tiene la facultad de actuar en consejo de ministros o de manera separada con uno o más ministerios”.
Memoria y ley
En la conferencia de prensa, se reprodujo el audio en el que el gobernante le notificó la destitución a De la Vega, por haber hecho pagos a contratistas no autorizados, y lo justificó al compararlo con el reproducido durante una audiencia judicial contra el expresidente Otto Pérez Molina, por el caso La Línea.
En relación con esto, el exfiscal Juan Francisco Sandoval explicó que, entonces, no se investigaba al Presidente de la República, sino a una estructura de defraudación aduanera. “Esa llamada nunca fue usada en conferencia de prensa, sino hasta en audiencia con autorización de juez, y él ya no tenía inmunidad”, recordó Sandoval.
El diputado Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla, criticó que “el MP diga que un audio de Pérez Molina, a quien ellos dejaron libre, donde da órdenes corruptas, justifica el caso contra el Presidente, por un audio en el que explícitamente el jefe de Estado dice que la prioridad es que no fueran contratos corruptos”.
Con el paso del tiempo
Tres meses después de la destitución de Jazmín de la Vega como ministra de Comunicaciones, el MP presenta solicitud de retiro de inmunidad contra Arévalo.
17 de mayo de 2024
Presidente destituye a ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por no acatar mecanismo de pago para la obra pública.
22 de mayo
De la Vega se presenta al MP para rendir testimonio en un caso que se encuentra en
investigación.
23 de mayo
La exfuncionaria confirma que su destitución fue a través de una videollamada entre ella y el gobernante.
4 de agosto
Se filtra audio de la videollamada en la que el mandatario comunica a De la Vega su despido.
5 de agosto
Presidente confirma la autenticidad del audio en el que se escucha la conversación telefónica en la que retira del cargo a la exministra.
8 de agosto
De la Vega niega haber grabado el audio de la llamada presidencial y dice estar dispuesta a someterse a una prueba.
14 de agosto
SAT revela caso B410, que involucra a empresas en la defraudación de 300 millones de quetzales al fisco.
19 de agosto
Jefe de Estado anuncia que instruyó a Comisión Nacional Contra la Corrupción que revise todos los contratos de las compañías involucradas en el caso denunciado.
21 de agosto
Ministerio Público anuncia que presentó en la CSJ solicitud de retiro de antejuicio contra el Presidente.
Lo que viene
La denuncia interpuesta contra Bernardo Arévalo debe ser conocida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien puede rechazar el antejuicio si considera que es abiertamente político, espurio o infundado, explicó el constitucionalista Edgar Ortiz.
Si no lo rechaza deberá remitir el expediente al Congreso en donde, por sorteo, se deberá nombrar una comisión pesquisidora. Esta deberá elaborar un informe y recomendar si se retira o no la inmunidad al Jefe de Estado, concluyó.
Rechazan persecución
Líderes indígenas de Sacapulas, Quiché, manifestaron su rechazo a la persecución contra funcionarios del Gobierno promovidos por el ente investigador. Miguel Pajarito, del Consejo Asesor de la Alcaldía Indígena, señaló que urge mover al pacto de corruptos de los tres organismos del Estado.
“Desde las autoridades indígenas siempre hemos dicho que la persecución será una constante. Nos solidarizamos con todas las personas que están siendo criminalizadas y nos ponemos a disposición para acompañarles y erradicar ese mal en el Estado”, agregó.
Bélica Sapón, lideresa indígena, señaló: “Como pueblos originarios exigimos la renuncia de Consuelo Porras, apoyamos el trabajo del presidente Bernardo Arévalo, porque se han visualizado los avances a pesar de los retos y desafíos que le han puesto en el camino”.
Arévalo manifestó: “El pacto de corruptos está preocupado porque se le acabó la fiesta.
Durante casi 20 años se dedicaron a hacerse ricos a costa del pueblo y del desarrollo del pueblo y en este momento se están encontrando con un Gobierno que les cerró las llaves de la corrupción, porque está poniendo a trabajar el dinero para el beneficio del pueblo”.
Juristas observan que se irrespetó el debido proceso
• “El principal responsable de fomentar la corrupción en
Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”.
• “El principal responsable de fomentar la impunidad en
Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León”.
• “Señores, es esto corrupción o no es corrupción; es esto impunidad o no es impunidad”.
• “El MP es respetuoso de la presunción de inocencia”.
Foto: Archivo / Herbert García
Foto: Gobierno de Guatemala
En atención a necesidades en la infraestructura escolar debido a los estragos de las lluvias, 35 aulas modulares serán construidas de aquí a noviembre, las cuales garantizan los servicios de enseñanza en distintos departamentos golpeados por el invierno.
Dos de estos espacios fueron entregados ayer por el presidente Bernardo Arévalo en una escuela de Carchá, Alta Verapaz, junto con autoridades de los ministerios de Educación (Mineduc) y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
El mandatario recordó que las condiciones climáticas de junio y julio afectaron los edificios de enseñanza y salud. Sin embargo, “el Gobierno está respondiendo con acción oportuna. Estos modulares son una clara demostración de que podemos superar los desafíos aun en los momentos más críticos”, manifestó.
“Estos módulos se levantan en siete días, son transportables, constituyen un avance en términos de tecnología de la construcción y nos permite reaccionar de forma efectiva y concreta”, detalló.
Agregó que, además de las de Alta Verapaz, ya fueron instaladas tres de estas infraestructuras modernas en Escuintla, dos en Huehuetenango y una en Jalapa, que son los departamentos más golpeados por las inclemencias del tiempo.
Félix Alvarado, titular del CIV, expresó que estos modulares contribuyen a la formación de la niñez más vulnerada.
Este proyecto, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), de la cartera de Comunicaciones, se denomina Reimaginando la Educación, el cual consiste en apoyar a mejorar las condiciones en las que los alumnos reciben su orientación.
Portada
Presidente pide objetividad en selección de candidatos
Postuladora inicia evaluación final de aspirantes a Cortes de Apelaciones
Luis Carrillo y Josselinne Santizo Redacción
Los próximos días serán cruciales, pues las comisiones de postulación terminarán de conformar los listados que deben enviar al Congreso de la República para la elección de las nuevas autoridades del Organismo Judicial (OJ), indicó el presidente Bernardo Arévalo.
“Hago un llamado a los comisionados a realizar una evaluación objetiva y rigurosa de las hojas de vida de los aspirantes para determinar si cumplen o no con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez que exige la Constitución Política de la República”, expresó Arévalo.
El jefe de Estado recordó que la recuperación de la confianza en la justicia por parte de la población es un reto mayor. Añadió que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) dará a conocer hoy un informe preliminar sobre los hallazgos de las primeras visitas que realizaron previo a la conclusión del proceso de las Comisiones de Postulación.
De igual forma, invitó a todos los sectores sociales a “no bajar la guardia” y ejercer la función de auditoría social para garantizar la legitimidad del proceso.
Fase de votación
Este viernes, la Comisión de Postulación para Cortes de Apelaciones y tribunales de igual categoría dará inicio a la fase de votación de los 1 mil 236 perfiles de candidatos que permanecen en el proceso.
De estos, deberán seleccionar a 312, cuyo listado será enviado al Congreso a más tardar el 23 de septiembre.
Raúl Arévalo, presidente de esta instancia, manifestó su preocupación por la gran cantidad de perfiles que deben votarse, y aunque se propuso incrementar la puntuación mínima para reducir el número de aspirantes, la idea no fue aprobada.
Arévalo explicó que la tabla de gradación otorgaba 50 puntos por el ejercicio de la profesión de abogado por más de cinco años y 15 puntos por más de tres años de experiencia en cargos públicos, lo que facilitaba alcanzar la línea de corte.
Entre los aspirantes que siguen en el proceso figuran nombres controvertidos como Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con 78 puntos; y los jueces Mynor Moto y Jimi Bremer, con 88 y 79, respectivamente. La fiscal del Ministerio Público Cinthia Monterroso quedó fuera al obtener 63.
Amparos
Además, la mesa de trabajo ha recibido 25 amparos presentados por candidatos que buscan su reincorporación al proceso. El secretario de la Comisión, César Díaz, confirmó que ya se tiene control sobre estos recursos legales y las etapas en que se encuentran.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, señaló: “Era evidente que se estaban regalando puntos”. Advirtió que elevar la línea de corte ahora podría generar una ola de recursos legales, lo que retrasaría el proceso.
En paralelo, la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continuará hoy la evaluación de expedientes y aplicación de la tabla de gradación. El objetivo es concluir esta fase y votar para formar la lista de 26 aspirantes que también será enviada al Legislativo en los próximos
días.
Foto: Conred
Los incidentes causados por las lluvias son atendidos de manera oportuna por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que informó que está preparada con ocho bodegas abastecidas de insumos para ayudar a la población afectada.
El presidente Bernardo Arévalo indicó que en los últimos días se han incrementado los aguaceros en el país, por lo que la población debe tomar las medidas necesarias y resguardar sus vidas y bienes.
Claudinne Ogaldes, secretaria de la Conred, puso como ejemplo la emergencia de la semana pasada en Huehuetenango, donde 700 familias recibieron ayuda humanitaria, y detalló que las bodegas están en ocho regiones del país, con la capacidad de atender hasta 36 mil personas.
La funcionaria explicó que, desde el inicio de la temporada de lluvias, se han atendido 1 mil 831 emergencias, especialmente en Alta Verapaz, Huehuetenango, Escuintla, Guatemala y Jutiapa. Además, se registran 766 personas albergadas y 26 mil autoevacuadas.
Por su parte, Henry Saenz, ministro de la Defensa Nacional, informó que el Ejército ha apoyado en 311 operaciones, involucrando a 667 rescatistas.
Las autoridades recomendaron fortalecer la cultura de prevención, preparar la mochila de las 72 horas, seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar emergencias al número telefónico 119 de la Conred.
