EDITORIALES
No se puede ser juez y parte, ni alegar ignorancia de la Ley
La crítica es clara y contundente. En pocas palabras, los señalamientos contra el presidente Bernardo Arévalo fueron demeritados. Y por expertos en derecho, algunos con trayectoria constitucional.
Además, basta revisar los “espacios abiertos”, parafraseando a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para constatar lo que provocó en los internautas el anuncio de otra
solicitud de antejuicio contra el jefe de Estado.
Sin embargo, conviene centrarse en el enfrentamiento legal que suscitó la intervención del fiscal. Pero empecemos por el principio. En su comparecencia ante la prensa, el jefe de la FECI afirmó que “el principal responsable de fomentar la corrupción e impunidad en Guatemala es el presidente Bernardo Arévalo”.
Esta conclusión, a los ojos del abogado Edgar Ortiz, “es un comentario fuera de lugar, porque se supone que las investigaciones se guían por un código de ética, lo que se convierte en una regla para conducirse con imparcialidad”.
Los profesionales también observaron posturas partidarias. El mismo Ortiz y otros colegas suyos, a quienes se cita en la nota periodística de las páginas 2-3 de la presente edición, censuran los comentarios políticos utilizados por el representante del ente investigador. “La politización del caso
contamina la legitimidad de la investigación”, advierten.
Pero el asunto no termina aquí. La aseveración pareciera venir de alguien que actúa como juez y parte en el proceso. “Se debería mantener la presunción de inocencia hasta que surjan todos los procedimientos correspondientes.
No deberían de catalogar, directamente, que se cometieron o no delitos; hay que mantener todo bajo el entendido de un supuesto”, explica Kevin López, experto en temas jurídicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
“El órgano jurisdiccional es el que decide si hay o no un acto delictivo”, recordó la exdiputada Nineth Montenegro.
El remate lo dio el constitucionalista Gabriel Orellana, tras oír que su nombramiento en el Comité Jurídico Interamericano fue una suerte de compadre hablado. “Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia”, resaltó.
Y tiene razón, su cargo no es un nombramiento; le corresponde a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual está integrada por 28 naciones. En fin, en materia legal, no se puede aducir desconocimiento.
En ocho meses las fuerzas de seguridad del país, comandadas por el Ministerio de Gobernación, han puesto de manifiesto que el gobierno del mandatario Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, tiene entre sus prioridades combatir el tráfico de drogas y todo lo relacionado al trasiego de estupefacientes químicos.
Por décadas Guatemala ha sido un territorio frágil para los grandes cárteles que han encontrado en nuestras rutas, vías libres para transitar como Pedro por su casa. Hoy, hay un compromiso implacable de luchar contra este flagelo.
Como muestra es que en pocos meses la actual administración ha doblado esfuerzos por tierra, aire y mar, hasta lograr resultados mucho más contundentes en decomisos. Las cifras proporcionadas por la cartera de Gobernación, dirigida por Francisco Jiménez, dan cuenta que el incremento de las incautaciones ha sido de un 210 por ciento hasta el 8 de septiembre, con respecto a la misma fecha del año pasado.
Desde luego que para conseguir estos resultados ha sido necesaria una articulación interinstitucional con el Ministerio de la Defensa y otras entidades, además de una implementación de programas de capacitación y apoyo contínuo a la Policía Nacional Civil.
Sobre los números, en 2023 se había decomisado 3 mil 474 kilogramos de cocaína, mientras que a 2024, el volumen fue de 10 mil 777.96 kilogramos. En términos de valor, equivale a 1 mil 107 millones, 346 mil 471 quetzales.
Pero no solo este alcaloide ha sido blanco de nuestras fuerzas públicas de seguridad. Los resultados también se ven en metanfetamina, aeronaves y embarcaciones confiscadas, además de armamento y capturas de implicados.
Es oportuno elogiar ese esfuerzo y profesionalismo que los agentes de seguridad han puesto en cada acción que emprenden para evitar que la droga llegue a sus destinos, principalmente Estados Unidos y Europa.
Se han redoblado esfuerzos en todas las líneas fronterizas con nuestros vecinos, El Salvador, Honduras y México, además de mantener una coordinación muy cercana con los respectivos gobiernos, incluyendo Colombia, desde donde procede la mayor cantidad de la droga que pisa suelo guatemalteco.
No fue casual. Es claro que hubo una coincidencia de pensamientos. Exactamente en dos puntos, aunque compartieron una tercera visión: crear instituciones decentes. La clave es, parafraseando el Himno Nacional, evitar que los corruptos sigan escupiendo en la faz a Guatemala. Con absoluto descaro y total impunidad.
Lo cierto es que la conmemoración de la independencia de España permitió a los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacer sus reflexiones sobre el pasado, presente y futuro del país. Aunque
pareciera algo obvio, por la gesta ocurrida en 1821, los continuos llamados a la independencia de los Poderes del Estado no fueron casuales. Tenían un propósito y varios destinatarios.
Lo mismo sucedió con las exhortativas compartidas para que se impulse una elección de Cortes decentes, alejadas del grupo de mafiosos que logró cooptar el sistema de justicia, con el cual se garantiza inmunidad, pese a la dimensión de sus saqueos.
En ese marco, llamaron la atención las palabras del máximo jefe del Organismo Judicial (OJ), Oscar Cruz, el único de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no busca ser reelecto en el cargo. Integrar el OJ es un gran reto y un gran desafío.
Él como la mayoría de guatemaltecos, entiende el énfasis, y lo complicado que se presenta el panorama para garantizar tribunales imparciales. Que persigan los crímenes, no las ideas.
Un régimen republicano. Democrático. Representativo, fueron los términos priorizados por Nery Ramos, presidente del Parlamento, para quien la independencia, soberanía y libertad son tesoros invaluables, aunque, de momento, incompletos. Mancillados por fiscales, jueces y magistrados que se niegan a depurarse.
El evento habría sido desaprovechado si no se reiteran las exigencias de los guatemaltecos en torno a romper los lazos de corrupción. En este combate, el referente es el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, para quien el robo es la antítesis de la independencia. El que mantiene las viejas y duras cadenas. Que, de momento, impiden que ondee libre al viento la hermosa bandera.
En 1992, cuando protagonizó Perfume de mujer, una de sus películas más emblemáticas, Al Pacino pronuncia un discurso extraordinario. En síntesis, el actor habla de integridad. Enfatiza que los “líderes deberían estar hechos de eso”, aunque está conciente de que no es así.
“Es demasiado duro llegar a la escrucijada y elegir el camino correcto”, reflexionó el actor, quien ganó el Oscar por su papel del coronel Slater. Sobra decir que muchos de nuestros dirigentes políticos, empresariales, sindicales, sociales o del sistema de justicia han elegido la ruta incorrecta en el manejo de las finanzas públicas o en el ejercicio del poder.
El saqueo de los impuestos que recientemente evidenció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permitió que se hicieran comparaciones matemáticas en las que se dimensiona lo que el Estado pudo adquirir con esos 300 millones de quetzales robados. Cinco millones de menús de pollo frito, que alcanzaría para uno de cada tres guatemaltecos. Ciento treinta y seis apartamentos de lujo o 488 Ferrari modelo 2016 (Plaza Pública, 14 de agosto de 2024). Son algunas equiparaciones.
Pero conviene quedarnos con este dato: con lo hurtado en impuestos se habría comprado 337 mil 636 canastas básicas, con lo cual se pudo alimentar a 28 mil 136 familias por un año. Claro, se necesitaba integridad, vergüenza, probidad, de lo que carecieron los gobernantes anteriores.
Aquí radica la importancia de la cruzada nacional por la nutrición emprendida por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, junto al ministros y viceministros de la cartera de Agricultura, que ayer llegó a Quiché.
De acuerdo con información oficial, de enero a agosto de 2024 se han entregado 364 mil 289 raciones de alimentos en todo el país. De esta forma se comienza a saldar la deuda que se tiene con las comunidades más necesitadas. Sin duda, falta mucho. Nadie ignora que la meta es ambiciosa.
Pero se puede, sobre todo si se tiene integridad. Si los impuestos se utilizan para servir y no para enriquecerse. Este Gabinete se enfrenta a la encrucijada de su vida, pero confiemos en que optará por el camino correcto. Por la decencia. Por los guatemaltecos.
