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Congreso gasta 27.5 millones de quetzales en alquiler de oficinas
Son 34 contratos que datan de diciembre de 2021, algunos ya vencieron y unos más se prolongan hasta los primeros meses de 2025, según los datos públicos del Organismo Legislativo
El Legislativo ha asumido en los últimos años compromisos por 27.5 millones de quetzales para la renta de oficinas para uso de los 160 diputados, 16 bloques legislativos y personal administrativo, de acuerdo con información a junio del año en curso de ese órgano del Estado.
Lo anterior “en virtud de que los espacios físicos propiedad del Congreso de la República no son suficientes para las tareas parlamentarias”, se argumenta en el reporte de los 34 contratos firmados con 24 edificios, todos en los alrededores del Palacio Legislativo.
Del total de convenios, uno es de diciembre de 2021 y finaliza en noviembre de 2024; otro es de febrero de 2022 y concluyó en el segundo mes del año en curso.
Mientras, 15 pactos fueron rubricados entre abril y octubre de 2023 y vencen entre agosto y diciembre de 2024. En tanto que 17 fueron signados durante el presente año y finalizan, algunos, en diciembre, y otros entre enero y mayo de 2025.
Moneda y calidad
Del total de convenios legales, en 11 el valor se establece en moneda estadounidense y suman 2.5 millones de dólares (unos 19.1 millones de quetzales).
En otros 23, el pago es en moneda nacional y suman 8.4 millones, según se infiere del listado de contratos hechos públicos por el Legislativo.
No todos los espacios de trabajo rentados ofrecen las mismas comodidades a los legisladores. Algunas edificaciones son antiguas, mientras que los servicios con que cuentan y los salones para reuniones de trabajo son pequeños.
“En el edificio que yo estoy no se puede instalar aire acondicionado porque los flipones eléctricos son tan viejos que no dan para eso”, cuenta Andrea Reyes, diputada electa por el Movimiento Semilla. Agregó que hay legisladores “que tienen mejores espacios y existen oficinas que son bastante codiciadas como, por ejemplo, las del Edificio 7-10”.
Edificio propio
La necesidad de construir un edificio que albergue las oficinas de todos los legisladores es un tema que se ha hablado por mucho tiempo; sin embargo, a la fecha no se ha concretado nada.
“Es complicado conseguir un terreno cerca”, aseguró Reyes. Aunque consideró que la actual legislatura podría dar los primeros pasos para que ese sueño se haga realidad. Algunos inmuebles en donde se encuentran las oficinas alquiladas han evidenciado que no son los suficientemente seguros. Así quedó demostrado el pasado 17 de julio, cuando una persona con el rostro cubierto entró en la oficina de la diputada oficialista Elena Motta y se llevó equipos de computación y objetos personales.
Fernando Bon, director de Alianza por un Congreso Eficiente, indicó que siempre va a ser necesario que el Parlamento cuente con espacios adecuados para operar.
El experto indicó que el presupuesto de asignaciones globales actual de ese Organismo del Estado es de 81.7 millones de quetzales; es decir, arriba de 480 por ciento más en comparación con el de 2023 (14 millones de quetzales).
Ello se debe en buena medida, explicó, a que “se dejó una partida presupuestaria de 64.7 millones de quetzales para la compra y construcción del Parlamento Legislativo. Habrá que ver si se dejó un proyecto en marcha o solo asignados los recursos”.
A mediados de año, Nery Rodas, tercer vicepresidente del Congreso de la República, señaló que se han tenido reuniones con inversionistas, por lo que no hay que descartar la construcción de un edificio para el Legislativo.
Asimismo, explicó que se ha visto un lugar para su ubicación, que sería en los terrenos de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), que está destinado para un Centro de Gobierno, donde habría varios inmuebles.
“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.
La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.
Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.
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Mineduc garantiza nutrición a 3.1 millones de estudiantes
Programa de Alimentación Escolar ha ejecutado 2 mil 854 millones, de enero a agosto de 2024, superior a lo desembolsado en el mismo período de 2023, según datos de la cartera de Educación
Parte III
Con el propósito de que los estudiantes del sector público tengan una buena nutrición y salud, que les permita rendir más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) había ejecutado 2 mil 854.2 millones de quetzales en el Programa Alimentación Escolar (PAE), hasta el 31 de agosto, en beneficio de 3.1 millones de alumnos, informó la cartera.
El monto representa el 89.67 por ciento de los 3 mil 183.2 millones de quetzales del presupuesto destinado para el proyecto, correspondiente al ciclo lectivo 2024.
Esta iniciativa abarca a la población escolar de los niveles inicial, preprimaria, primaria, básico y diversificado, de acuerdo con datos del Mineduc.
La ejecución de los fondos del PAE, de enero al octavo mes, es superior a la de 2023. En esa ocasión, lo desembolsado fue de 2 mil 840 millones de quetzales, con un porcentaje de 89.22. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, indicó que, a la fecha, se han realizado seis desembolsos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF) y queda un séptimo para lo que resta del año.
Caliente y lista
Cabrera recordó que en el presente período se regresó a la modalidad de comida servida en la escuela, porque garantiza que los alimentos los consuman los estudiantes, a quienes están dirigidos.
Agregó que hay casos en los que todavía se entregan bolsas de víveres, ya que algunos planteles carecen de espacios adecuados para preparar la comida.
Sin embargo, se trabaja en el remozamiento de estas áreas y se pide apoyo a las municipalidades para construirlas, en caso de que las escuelas no tengan estos recintos.
“El ministerio ha orientado que se sirvan los alimentos en los establecimientos de enseñanza, siempre que sea posible, porque el impacto es más grande en la nutrición de los niños”, señaló el funcionario.
Desembolso puntual
Por su parte, Wendy Cardona, presidenta de la OPF de la Escuela Oficial Rural Mixta, en El Renacimiento, Villa Nueva, confirmó que esta instancia ha recibido puntualmente los desembolsos para la compra de alimentos, ya que esta organización es la encargada de determinar la cantidad, el precio y tipo de productos a comprar.
Para ello, deben tomar en cuenta los menús que previamente estableció el Mineduc. Estas instancias familiares también tienen la potestad de seleccionar a los proveedores, pero deben priorizar a los registrados y acreditados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Además, dar preferencia a los que se encuentran en la misma jurisdicción de la escuela en busca de impulsar una economía local. No obstante, si no hubiera proveedores en el lugar, se podrá tomar en cuenta a otros, siempre que estén registrados oficialmente.
El MAGA remarcó que la dotación de productos para el Programa de Alimentación Escolar dinamiza el comercio de los agricultores, en especial los de pequeña escala. Se documenta la participación de 1 mil 141 cultivadores.
“Quienes están registrados en el PAE vendieron a las OPF un estimado de 405.7 millones de quetzales en los primeros cuatro desembolsos de este año. La cifra representa un impulso económico para las comunidades agrícolas”, detalló el citado despacho.
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Misión resalta desafíos en renovación de Cortes
Informe preliminar de comisión de OEA destaca retrasos, conflictos de interés e inclusión de candidatos que figuran en la Lista Engel y señalados por corrupción
Serios desafíos, riesgos y demoras que ponen en riesgo la legitimidad y transparencia de la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), advierte la Misión Especial de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acompaña la renovación de togados en su informe preliminar.
El grupo, conformado por Rosa Celorio y los abogados Rodolfo Pisa y Luis Marrey, ha seguido de cerca el proceso desde mayo de 2024. En conferencia de prensa, ayer, mencionaron que uno de los aspectos más preocupantes es la participación de 11 personas señaladas en la Lista Engel, sancionadas por actos de corrupción, que entregaron sus expedientes para ser considerados como candidatos y que siguen en el proceso.
Además, resaltaron el conflicto de interés de 33 comisionados que se postularon, lo que ha afectado la transparencia del trabajo de las instancias. Además, hicieron evidentes los retrasos enfrentados debido a diferencias sobre la sede de las sesiones y la falta de acuerdos entre los delegados, en detrimento del cronograma inicial.
Refuerza demanda
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que este informe refuerza el deseo de los guatemaltecos por una renovación de Cortes y justicia independiente en el país.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que el Congreso de la República sea un filtro más para evitar que personas con señalamientos lleguen a ocupar uno de estos cargos.
Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que el panorama no es positivo. “Estamos cayendo en el mismo pantano en el que estuvimos hace cinco y 10 años. No hay un cambio en la correlación de fuerzas y se mantienen activos los grupos que buscan usar las magistraturas para sus propios intereses”, explicó.
Además, hizo un llamado para que no se elija a candidatos conocidos por ser actores aliados de la corrupción, ni a magistrados que participaron en las comisiones, pues crean un conflicto de intereses. También se opuso a la reelección de togados que ya ocupan cargos en las Cortes.
Fuerte reto
José Chic, diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), resaltó el compromiso que todos los legisladores deberán tener al momento de evaluar y votar por los candidatos incluidos en los listados.
“No nos podemos dejar llevar por las calificaciones; hay personajes que recibieron cien puntos, pero eso no refleja su idoneidad, honorabilidad, capacidad y honradez, que es lo que debe priorizarse”, comentó. Chic también enfatizó el deber de los parlamentarios de valorar las tachas y señalamientos presentados por la sociedad civil y que no fueron tomados en cuenta durante la evaluación.
Los legisladores Alma Luz Guerrero y Román Castellanos, del partido Movimiento Semilla, coincidieron con la postura de Chic en cuanto a la necesidad de hacer público y de conocimiento del cuórum del Congreso las observaciones presentadas, así como las sanciones internacionales contra algunos candidatos.
“Vamos a votar por la gente más proba y capaz. Trataremos que las personas que han tenido malas prácticas en la justicia no lleguen. Haremos nuestra lucha para que las Cortes mejoren”, afirmó Guerrero.
Castellanos enfatizó: “Desde el Congreso existe la oportunidad de hacer una votación consciente sobre la elección de Cortes para que sean más independientes y apegadas a derecho”.
El informe de la OEA también subraya la falta de incentivos para la participación de mujeres e indígenas en el proceso, y en cómo los estándares internacionales de derechos humanos han sido desatendidos.
Asimismo, reitera la necesidad de garantizar la transparencia y la honorabilidad en la elección de jueces, enfatizando la importancia de la independencia judicial para consolidar la democracia en Guatemala.
Finalizan evaluación de expedientes
El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miquel Cortés, informó que se concluyó la evaluación de expedientes en la segunda parte de la quinta sesión. Se revisaron 312 documentos, de los cuales 113 no superaron la línea de corte de 73 puntos, quedando 199 postulantes.
Además, se recibieron pruebas de descargo y se escuchó al Movimiento de Reconciliación Nacional. La sexta sesión se realizará el 22 de septiembre para la votación final. La nómina se entregará al Congreso el 23 de septiembre, que decidirá quiénes integrarán la Corte Suprema por los próximos cinco años.
Algunas observaciones
• Retrasos significativos al conformar las comisiones y definir una sede.
• Baja representación de mujeres e indígenas.
• Período corto para recibir candidaturas.
• Inclusión de candidatos cuestionados y señalados de corrupción.
• Desestimación de tachas presentadas por la sociedad civil.
• Conflictos de interés por la participación de comisionados.
• Falta de transparencia al momento de calificar méritos éticos.
• Influencias externas y presiones políticas.
• Falta de criterios sólidos y estrictos para evaluar candidatos.
