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Congreso aprueba el reajuste presupuestario para este año
Fondos ascienden a 14 mil 451 millones 700 mil 391 quetzales y se prioriza la inversión social
De urgencia nacional, el Congreso de la República aprobó la iniciativa de Ley 6403, Ampliación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2024. Luego de un intenso debate, 110 diputados avalaron el proyecto presentado por el Organismo Ejecutivo, el cual asciende a 14 mil 451 millones 700 mil 391 quetzales.
El reajuste tiene como objetivo principal atender las crecientes necesidades de la población y fortalecer la inversión pública, como lo ha mencionado el presidente Bernardo Arévalo y legisladores oficialistas.
La aprobación se dio luego de que el parlamentario Luis Contreras presentó una moción privilegiada, la cual suspendió temporalmente la interpelación de Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), quien llegó para cumplir la rendición de cuentas solicitada por la congresista Sandra
Jovel, y proceder al conocimiento y votación de la citada iniciativa.
Momentos de tensión
El proceso para la aprobación de la Ley 6403 estuvo marcado por la tensión y las acusaciones entre diputados como Allan Rodríguez, del bloque Vamos, quien fue señalado por legisladores electos por el Partido Semilla de llegar al Pleno a intimidar a sus compañeros, a fin de que votaran contra el reajuste.
Samuel Pérez, de la referida agrupación, mencionó que el consenso para que pasara el proyecto se logró con argumentos sólidos.
Otros como Álvaro Arzú, del partido Unionista, y Jovel argumentaron que interrumpir la interpelación del ministro constituía una violación del Artículo 166, de la Constitución Política de la República.
Fue compleja
Pérez reconoció que la votación fue compleja y prolongada e indicó que hubo amenazas de algunos diputados. No obstante, resaltó que el resultado final envía un mensaje positivo a la nación, ya que demuestra el interés de los legisladores de llevar resultados a sus distritos y cumplir con las expectativas de sus electores.
El parlamentario defendió el proceso, al afirmar que si hubiese habido corrupción en la votación, el procedimiento habría sido mucho más rápido.
En lugar de eso, aseguró que fue necesario convencer a cada diputado con argumentos sólidos sobre la importancia de la ampliación presupuestaria, la cual permitirá el desarrollo de diversos programas y proyectos esenciales para el país.
Entre los sectores beneficiados mencionó la construcción de un hospital para la atención del cáncer, la adquisición de fertilizantes y semillas, así como programas de vivienda y apoyo a jubilados y veteranos militares.
Por otro lado, Ronalth Ochaeta, también de Semilla, destacó que, aunque el proceso fue largo, representó un ejercicio democrático valioso para Guatemala.
En su opinión, el aval al reajuste refleja un enfoque en las necesidades de los más pobres, con un mayor énfasis en sectores críticos como salud, educación y seguridad ciudadana.
Implicaciones
La aprobación de la iniciativa de Ley 6403 de Ampliación Presupuestaria marca un momento crucial para el ejercicio fiscal 2024, con un fuerte enfoque en la inversión pública y en la atención a las necesidades más urgentes de la población guatemalteca, coincidieron los parlamentarios de Semilla.
No obstante, el proceso también ha dejado al descubierto las tensiones políticas dentro del Congreso y las críticas sobre la transparencia y legalidad del procedimiento.
Aunque Pérez aseguró que el proceso se enmarcó en la legalidad y transparencia.
“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.
La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.
Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.
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Mineduc garantiza nutrición a 3.1 millones de estudiantes
Programa de Alimentación Escolar ha ejecutado 2 mil 854 millones, de enero a agosto de 2024, superior a lo desembolsado en el mismo período de 2023, según datos de la cartera de Educación
Parte III
Con el propósito de que los estudiantes del sector público tengan una buena nutrición y salud, que les permita rendir más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) había ejecutado 2 mil 854.2 millones de quetzales en el Programa Alimentación Escolar (PAE), hasta el 31 de agosto, en beneficio de 3.1 millones de alumnos, informó la cartera.
El monto representa el 89.67 por ciento de los 3 mil 183.2 millones de quetzales del presupuesto destinado para el proyecto, correspondiente al ciclo lectivo 2024.
Esta iniciativa abarca a la población escolar de los niveles inicial, preprimaria, primaria, básico y diversificado, de acuerdo con datos del Mineduc.
La ejecución de los fondos del PAE, de enero al octavo mes, es superior a la de 2023. En esa ocasión, lo desembolsado fue de 2 mil 840 millones de quetzales, con un porcentaje de 89.22. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, indicó que, a la fecha, se han realizado seis desembolsos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF) y queda un séptimo para lo que resta del año.
Caliente y lista
Cabrera recordó que en el presente período se regresó a la modalidad de comida servida en la escuela, porque garantiza que los alimentos los consuman los estudiantes, a quienes están dirigidos.
Agregó que hay casos en los que todavía se entregan bolsas de víveres, ya que algunos planteles carecen de espacios adecuados para preparar la comida.
Sin embargo, se trabaja en el remozamiento de estas áreas y se pide apoyo a las municipalidades para construirlas, en caso de que las escuelas no tengan estos recintos.
“El ministerio ha orientado que se sirvan los alimentos en los establecimientos de enseñanza, siempre que sea posible, porque el impacto es más grande en la nutrición de los niños”, señaló el funcionario.
Desembolso puntual
Por su parte, Wendy Cardona, presidenta de la OPF de la Escuela Oficial Rural Mixta, en El Renacimiento, Villa Nueva, confirmó que esta instancia ha recibido puntualmente los desembolsos para la compra de alimentos, ya que esta organización es la encargada de determinar la cantidad, el precio y tipo de productos a comprar.
Para ello, deben tomar en cuenta los menús que previamente estableció el Mineduc. Estas instancias familiares también tienen la potestad de seleccionar a los proveedores, pero deben priorizar a los registrados y acreditados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Además, dar preferencia a los que se encuentran en la misma jurisdicción de la escuela en busca de impulsar una economía local. No obstante, si no hubiera proveedores en el lugar, se podrá tomar en cuenta a otros, siempre que estén registrados oficialmente.
El MAGA remarcó que la dotación de productos para el Programa de Alimentación Escolar dinamiza el comercio de los agricultores, en especial los de pequeña escala. Se documenta la participación de 1 mil 141 cultivadores.
“Quienes están registrados en el PAE vendieron a las OPF un estimado de 405.7 millones de quetzales en los primeros cuatro desembolsos de este año. La cifra representa un impulso económico para las comunidades agrícolas”, detalló el citado despacho.
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Misión resalta desafíos en renovación de Cortes
Informe preliminar de comisión de OEA destaca retrasos, conflictos de interés e inclusión de candidatos que figuran en la Lista Engel y señalados por corrupción
Serios desafíos, riesgos y demoras que ponen en riesgo la legitimidad y transparencia de la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), advierte la Misión Especial de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acompaña la renovación de togados en su informe preliminar.
El grupo, conformado por Rosa Celorio y los abogados Rodolfo Pisa y Luis Marrey, ha seguido de cerca el proceso desde mayo de 2024. En conferencia de prensa, ayer, mencionaron que uno de los aspectos más preocupantes es la participación de 11 personas señaladas en la Lista Engel, sancionadas por actos de corrupción, que entregaron sus expedientes para ser considerados como candidatos y que siguen en el proceso.
Además, resaltaron el conflicto de interés de 33 comisionados que se postularon, lo que ha afectado la transparencia del trabajo de las instancias. Además, hicieron evidentes los retrasos enfrentados debido a diferencias sobre la sede de las sesiones y la falta de acuerdos entre los delegados, en detrimento del cronograma inicial.
Refuerza demanda
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que este informe refuerza el deseo de los guatemaltecos por una renovación de Cortes y justicia independiente en el país.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que el Congreso de la República sea un filtro más para evitar que personas con señalamientos lleguen a ocupar uno de estos cargos.
Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que el panorama no es positivo. “Estamos cayendo en el mismo pantano en el que estuvimos hace cinco y 10 años. No hay un cambio en la correlación de fuerzas y se mantienen activos los grupos que buscan usar las magistraturas para sus propios intereses”, explicó.
Además, hizo un llamado para que no se elija a candidatos conocidos por ser actores aliados de la corrupción, ni a magistrados que participaron en las comisiones, pues crean un conflicto de intereses. También se opuso a la reelección de togados que ya ocupan cargos en las Cortes.
Fuerte reto
José Chic, diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), resaltó el compromiso que todos los legisladores deberán tener al momento de evaluar y votar por los candidatos incluidos en los listados.
“No nos podemos dejar llevar por las calificaciones; hay personajes que recibieron cien puntos, pero eso no refleja su idoneidad, honorabilidad, capacidad y honradez, que es lo que debe priorizarse”, comentó. Chic también enfatizó el deber de los parlamentarios de valorar las tachas y señalamientos presentados por la sociedad civil y que no fueron tomados en cuenta durante la evaluación.
Los legisladores Alma Luz Guerrero y Román Castellanos, del partido Movimiento Semilla, coincidieron con la postura de Chic en cuanto a la necesidad de hacer público y de conocimiento del cuórum del Congreso las observaciones presentadas, así como las sanciones internacionales contra algunos candidatos.
“Vamos a votar por la gente más proba y capaz. Trataremos que las personas que han tenido malas prácticas en la justicia no lleguen. Haremos nuestra lucha para que las Cortes mejoren”, afirmó Guerrero.
Castellanos enfatizó: “Desde el Congreso existe la oportunidad de hacer una votación consciente sobre la elección de Cortes para que sean más independientes y apegadas a derecho”.
El informe de la OEA también subraya la falta de incentivos para la participación de mujeres e indígenas en el proceso, y en cómo los estándares internacionales de derechos humanos han sido desatendidos.
Asimismo, reitera la necesidad de garantizar la transparencia y la honorabilidad en la elección de jueces, enfatizando la importancia de la independencia judicial para consolidar la democracia en Guatemala.
Finalizan evaluación de expedientes
El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miquel Cortés, informó que se concluyó la evaluación de expedientes en la segunda parte de la quinta sesión. Se revisaron 312 documentos, de los cuales 113 no superaron la línea de corte de 73 puntos, quedando 199 postulantes.
Además, se recibieron pruebas de descargo y se escuchó al Movimiento de Reconciliación Nacional. La sexta sesión se realizará el 22 de septiembre para la votación final. La nómina se entregará al Congreso el 23 de septiembre, que decidirá quiénes integrarán la Corte Suprema por los próximos cinco años.
Algunas observaciones
• Retrasos significativos al conformar las comisiones y definir una sede.
• Baja representación de mujeres e indígenas.
• Período corto para recibir candidaturas.
• Inclusión de candidatos cuestionados y señalados de corrupción.
• Desestimación de tachas presentadas por la sociedad civil.
• Conflictos de interés por la participación de comisionados.
• Falta de transparencia al momento de calificar méritos éticos.
• Influencias externas y presiones políticas.
• Falta de criterios sólidos y estrictos para evaluar candidatos.
