ECONÓMICAS
“Alianzas público privadas no privatizan”
Conocidas como Alianzas Público Privadas (APP), se han convertido en un modelo de contratación importante y exitoso para el desarrollo, principalmente en Sudamérica, según dieron a conocer expertos en su promoción.
En Latinoamérica se aplican distinto que en Asia o en Europa, a diferencia de estas regiones, el bien que se desarrolla o construye se administra para la ejecución del servicio público y el Estado nunca pierde su titularidad, por lo que no es una privatización.
Jaime Li Ojeda, copresidente del Capítulo de Latinoamérica de World Association of PPP Units & Professionals Wappp, explicó que la parte privada tiene una especie de derecho de uso, incluso se le paga durante los años que dure el contrato, pero al final la infraestructura siempre es del Estado.
A inicio de los años 90 comenzó en Chile, saltó a Brasil y luego a Colombia y Perú. En estos dos últimos, hubo un repunte de las carreteras, porque el modelo permitió dar mayor seguridad a la inversión, predictibilidad y promoción.
“En estos países hay más de 100 contratos; en Perú se tiene proyectado firmar este año alrededor de siete proyectos más de APP, entre transporte, saneamiento y electricidad”, dijo el experto.
Guatemala entra al juego
Entre los únicos países donde este modelo debe ser aprobada por el Congreso está Guatemala, debido a que está sujeta a la Ley de Compras y Contrataciones, y el máximo de los contratos es de 30 años, pero puede haber una prórroga.
Recientemente, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció la APP del proyecto de modernización, eficiencia y seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), previo una serie de reparaciones.
La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) reportó que será por 25 años, generará 6 mil empleos directos y 75 mil indirectos. Las obras comenzarán al año de firmarse el convenio.
Li Ojeda resaltó como positiva esta medida. Dijo que en Perú hay 16 aeropuertos puestos en APP, el internacional Jorge Chávez de Lima, fue concesionado en 1996 y ha sido seleccionado varios años como el mejor de la región.
Asumen riesgos
“Al ser sinceros, la empresa privada no llega a hacer caridad, ellos van a ganar dinero; sin embargo, el Estado es el que establece los estándares de calidad y las especificaciones de la obra, por lo que no pueden hacer modificaciones adicionales sin justificación”, aseveró Ojeda.
A diferencia de una condonación pública, el Estado los contrata porque son los expertos constructores y administradores que tienen la obligación de aplicar mejoras tecnológicas, técnicas y constructivas. En ese sentido, si se establece que las empresas no cumplen con los niveles de calidad exigidos, se les pueden aplicar sanciones, tanto contractuales como administrativas. Además, aunque tengan el control de la infraestructura, el contratante no pierde su calidad de fiscalizador, ni de supervisor.
Por ello, los expertos ven positivas las APP. Recomiendan socializar los proyectos con las comunidades y vecinos para indicar el tiempo que demorarán los trabajos, los posibles cierres, cómo estos pueden afectar y qué medidas tomarán las autoridades para que no los afecte.
ECONÓMICAS
Se duplican los valores de operaciones sospechosas
Avisos a la IVE en 2023 fueron por 8 mil 203.4 millones de quetzales
En 2023, la Intendencia de Verificación Especial, adscrita a la Superintendencia de Bancos, recibió 6 mil 385 reportes de transacciones sospechosas o que implicaron presuntamente dinero de dudosa procedencia. Pero de esas, solo fueron presentadas 314 denuncias en el Ministerio Público (MP).
En relación con 2022, hubo un incremento de 809 avisos. El valor de los movimientos avisados se duplicó, al sumar 8 mil 203.4 millones contra los 3 mil 906.8 en 2022, o sea 4 mil 296.6 millones más (109.9 por ciento).
En 2024, los movimientos mantienen un esquema parecido. A agosto de este año, la IVE había recibido 4 mil 099 reportes, por lo que, al cierre del año, los números podrían ser similares o mayores a los del año pasado.
Además del sistema financiero, hay una extensa lista de sociedades o de personas jurídicas obligadas a reportar transacciones que consideren anormales, de acuerdo con parámetros que la misma legislación establece, explicó Jorge Sánchez, funcionario de la SIB. Posteriormente, la Intendencia, luego de hacer un análisis e investigación técnica, establece si amerita presentar las denuncias correspondientes ante el MP.
El valor de los reportes
De acuerdo con la SIB, en el presente año, el monto del dinero que supuestamente proviene de actividades ilegales y denunciado ante la IVE asciende a 5 mil 876.4 millones.
En cuanto a los informes de extinción de dominio de bienes aparentemente adquiridos con recursos de dudoso origen, este año se reportan 32, contra 21 y 19 en 2022 y 2023, respectivamente.
Sobre los montos de las propiedades por extinguir, estos se han elevado. En 2022 fueron por 89.9 millones de quetzales; en 2023, 309.5 millones de quetzales, y en 2024, 304.5 millones, precisa el reporte de la Superintendencia.
Denuncias en el MP
(millones de quetzales)
2021 – 6 mil 134.0
2022 – 3 mil 906.8
2023 – 8 mil 203.8
2024 – 5 mil 876.4*
* A agosto
Fuente: SIB
En los primeros seis meses del año fueron recaudados 265.9 millones de quetzales en concepto de medidas administrativas y ajustes aplicados a mercancías ingresadas anómalamente o de contrabando al país. En relación con el mismo período del año anterior, el valor aumentó un 19.8 por ciento, según cifras oficiales.
Estos fondos fueron captados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el apoyo del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon).
Esta instancia está integrada por diversas instituciones del Estado, la Cámara de Industria y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif).
En 2024 se han recibido 289 denuncias por defraudación aduanera, mientras que en 2023 fueron 333. A junio la captación total de impuestos ascendió a 61 mil 167.5 millones de quetzales, 7.2 por ciento más que al mismo mes de 2023, según la SAT.
ECONÓMICAS
Las primeras quejas relacionadas con la Ley de Tarjetas de Crédito
Usuarios acuden a la Unidad creada en la Diaco a pedir apoyo para firmar convenios de pago
En solo 10 días la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), ya recibió 55 inconformidades de personas que usan tarjetas de crédito y tienen dificultades con su banco emisor.
La Unidad de Servicios Financieros (USF) de esta dependencia, según la Ley de Tarjetas de Crédito, es la receptora de quejas de tarjetahabientes. En ese sentido, el vocero de la Diaco, Carlos Vásquez, explicó que el 35 por ciento de los disgustados llegó a indicar que quiere hacer convenios de pago.
En este caso la Unidad explica al usuario que debe abocarse directamente al banco que le facilitó el plástico y exponer su caso. Y solo cuando no obtiene una respuesta que llene sus expectativas, se interviene para llegar a un acuerdo entre ambas partes.
Puntos y convenios
Las inconformidades expresas por el público, por ahora, han sido diversas. Hay situaciones en las que, por ejemplo, el titular de una tarjeta tiene una deuda de 5 mil quetzales y no puede pagar ni la cuota mínima porque está desempleada. Pretende pagar cuotas de 100 quetzales mensuales, pero la entidad bancaria no aceptaría, porque entonces se demoraría demasiado tiempo en cancelar el saldo.
Otro segmento de clientes llega a decir que en sus estados de cuenta le aparecen cobros indebidos o, incluso, que ha recibido mala atención en las ventanillas que resuelven problemas de adeudos.
Pero también hay usuarios que han llegado, en este período, a decir que reciben hostigamiento por parte de las instituciones financieras, pues los llaman más de una vez al día. También reciben mensajes en sus teléfonos, indicándoles que se pongan al día con las deudas.
Vásquez explicó que estas anomalías no provienen de las instituciones bancarias, pue están sabidas que solo pueden llamar a las personas morosas dos veces al día, y en horarios hábiles. Señaló que seguramente esas comunicaciones telefónicas provienen de oficinas de cobros, manifestó el funcionario. Por consiguiente, en ese tipo de discordias no puede intervenir la Unidad recién creada por mandato de la nueva normativa, porque no está dentro
de sus facultades.
Finalmente, hay quienes se han acercado a reclamar porque están inconformes con la cantidad de puntos que se le han sumado a su historial, como beneficio de compras extras al límite de crédito.
Debido a que la ley es nueva, pues apenas cobró vigencia este mes, la USF lo que hace es explicar el contexto de ese decreto a cada persona y, posteriormente, si es necesario, decirle que el primer paso que debe dar es ir a la entidad que le extendió la tarjeta.
Posteriormente, si hay algún desacuerdo, que acuda de nuevo a esta instancia para apoyarlo en las gestiones. Emisores harán campañas de educación.
Consejos para el buen uso del plástico
• No considere la tarjeta de crédito como dinero extra. Es un préstamo. que debe pagar en el tiempo y condiciones acordadas.
• Utilizarla para facilitar sus pagos, pero en base a sus ingresos.
• Revise estados de cuenta y consumos.
• Cubra puntualmente sus aportes.
• Procure abonar el total o más de la cuota mínima prescrita en el estado de cuenta.
• Revise las tasas de interés.
• Lea bien el contrato que firma.
