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Giammattei manejó cinco Estados de Calamidad
Diputados también avalaron ocho prórrogas a estas medidas de Excepción en 2020 y 2022.
Rodrigo Pérez/ Josselinne Santizo Redacción
Durante 2020 y 2022 los diputados del Congreso de la República ratificaron cinco Estados de Calamidad Pública por 30 días, decretados por el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, cuatro de ellos por los efectos de tormentas tropicales y uno por la pandemia del Covid-19. Luego los prorrogaron ocho veces, de acuerdo con estadísticas del Organismo Legislativo.
De esa cuenta, a través del Decreto 50-2022, los diputados respaldaron el Estado de Excepción en todo el territorio nacional por efectos de la época lluviosa y el ciclón tropical Julia.
Luego, con el Decreto 35-2022 dieron su visto bueno para el Estado de Calamidad en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa.
Ello, por las precipitaciones pluviales y el ciclón tropical Celia. Durante este tiempo, Shirley Rivera, de Vamos, presidió el Legislativo.
Avales y prórrogas
También, mediante el Decreto 30-2020, los parlamentarios ratificaron la medida de excepción en los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso y
Santa Rosa por la depresión tropical Eta.
En esa ley, se ratificó, por separado, la medida para Huehuetenango y por el mismo fenómeno climático. Esto ocurrió durante la presidencia de Allan Rodríguez.
Luego de estos dos Estados de Calamidad se ampliaron por 30 días más, por la misma depresión tropical, en los mencionados departamentos, con excepción de Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa, por medio del Decreto 34-2020.
Pandemia
Fue durante la gestión de Rodríguez que se aprobó el Decreto 8-2020 que ratificó el Estado de Calamidad por la anterior administración para atender la emergencia por la pandemia del Covid-19.
La medida se amplió seis veces entre marzo y agosto de ese año a través de los decretos: 7-2020, 8-2020, 9-2020, 12-2020, 15-2020 y 17-2020. Por qué es necesario el Estado de Calamidad actualmente La Comisión Permanente del Congreso de la República convocó a sesión extraordinaria, mañana, y entre los puntos a conocer está el Estado de Calamidad decretado por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, con el cual se busca atender necesidades en salud, daños en carreteras y dotar de alimentos a familias que se han visto o sean afectadas por las lluvias.
El Consejo de Ministros publicó, el pasado lunes, en el Diario de Centro América (DCA), el Acuerdo Gubernativo número 2-2024, en el que se decreta la citada medida. De ser aprobada, la acción permitirá emprender, de urgencia, atenciones inmediatas en salud, carreteras, evitar demoras en el comercio y anticiparse a más incidentes.
Adicionalmente, dotar de alimentos a personas que se han visto o sean afectadas por el temporal, así como buscar solución inmediata a la situación de la agricultura, pues las cosechas han sido dañadas.
Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), afirmó que es importante que se recobre la conciencia en el Congreso de la República, en relación con el Estado de Calamidad.
“Si hay diputados distritales que no ven conveniente la aprobación de la medida solicitada por el Ejecutivo, que lo hagan saber a sus electores, ya que hay departamentos muy lastimados en su infraestructura y cosechas”, comentó Zelaya.
La acción planteada por el Gobierno aplicará para todo el país durante 30 días. Con ella se busca que los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), de Agricultura, de Salud, de Economía y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realicen compras de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar, únicamente, situaciones derivadas del invierno.
Transparencia
En el Decreto se establece la transparencia en todas las actuaciones de las carteras citadas, que garantizan la legalidad de los procesos y dejarán en evidencia el buen actuar.
La Conred deberá asumir las acciones necesarias para prevenir o mitigar los daños causados por la temporada de lluvias. También, coordinar con los albergues la protección de personas damnificadas. Según el Artículo 2 de dicho Acuerdo, el Estado de Calamidad fue declarado por los altos índices de acumulación de lluvia y saturación de suelos en el país que aumentan el riesgo a desastres
naturales.
Ministerio de Economía
Debido a las complicaciones viales en la carretera de Palín a Escuintla, existe toda una red comercial que se ve afectada actualmente: costos directos e indirectos incrementan significativamente cuando la movilidad aumenta en tiempos de viaje y demoras.
Una débil infraestructura vial condiciona el acceso a mercados nacionales e internacionales, y va de la mano con el aumento de costos de transporte que se traduce en un incremento de precios de productos al consumidor.
Afecta la eficiencia logística, ya que crecen las interrupciones en la cadena de suministros, haciendo que el comercio sea menos fiable y predecible. Se forman cuellos de botella y la incertidumbre generada por una productividad más baja y falta de capacidad en despacho de mercancías puede presentar un riesgo para las relaciones comerciales con nuestros socios más importantes.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Las lluvias de junio no solo afectaron la infraestructura crítica para la atención en salud, sino que aumentaron el riesgo de la población frente al dengue, las infecciones respiratorias agudas, principalmente en personas albergadas.
Hay peligro de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, derivado de la afectación en las condiciones sanitarias relacionadas con letrinas, pozos artesanales, contaminación del medio por arrastre de basura y la no aplicación de medidas de higiene, principalmente de manos en albergues y comunidades por falta de agua segura.
Finalmente, el aumento del riesgo de desnutrición aguda (DA) dadas las pérdidas en las cosechas de consumo familiar en las zonas de impacto por inundaciones y deslizamientos.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Según datos de la cartera de Comunicaciones, hay 37 puentes afectados y cinco destruidos por los efectos del invierno, así como 470 carreteras con daños. Además, se necesita comprar puentes temporales para cubrir las emergencias.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Es de vital importancia la respuesta institucional inmediata a la atención de la población a través de dotación de raciones de alimentos, a efecto de velar por la seguridad alimentaria ante la vulnerabilidad del sector agropecuario por la amenaza de deslizamientos e inundaciones que afectan la producción agrícola, vital para la economía y la seguridad alimentaria del país.
Para el financiamiento del impacto del reciente temporal de lluvia en la infraestructura crítica o servicios a cargo de la cartera, que pudiera ocurrir, sería necesario incrementar el presupuesto de la Dirección de Desarrollo Agrícola, del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (Vider), en 15 millones 773 mil 156 quetzales, para apoyar la reactivación productiva del cultivo en mención, con el fin de adquirir semilla certificada de maíz por una cantidad de 11 mil 267 quintales.
Los recurrentes desastres derivados de eventos climáticos, en su mayoría, exponen a la población a crisis alimentarias en diferentes lugares del país, cada año, por lo que es indispensable que el MAGA cuente con insumos alimentarios suficientes para responder a las necesidades urgentes de la población más vulnerable y con ello garantizar los derechos fundamentales a la vida y a la alimentación y nutrición.
“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.
La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.
Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.
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Mineduc garantiza nutrición a 3.1 millones de estudiantes
Programa de Alimentación Escolar ha ejecutado 2 mil 854 millones, de enero a agosto de 2024, superior a lo desembolsado en el mismo período de 2023, según datos de la cartera de Educación
Parte III
Con el propósito de que los estudiantes del sector público tengan una buena nutrición y salud, que les permita rendir más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) había ejecutado 2 mil 854.2 millones de quetzales en el Programa Alimentación Escolar (PAE), hasta el 31 de agosto, en beneficio de 3.1 millones de alumnos, informó la cartera.
El monto representa el 89.67 por ciento de los 3 mil 183.2 millones de quetzales del presupuesto destinado para el proyecto, correspondiente al ciclo lectivo 2024.
Esta iniciativa abarca a la población escolar de los niveles inicial, preprimaria, primaria, básico y diversificado, de acuerdo con datos del Mineduc.
La ejecución de los fondos del PAE, de enero al octavo mes, es superior a la de 2023. En esa ocasión, lo desembolsado fue de 2 mil 840 millones de quetzales, con un porcentaje de 89.22. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, indicó que, a la fecha, se han realizado seis desembolsos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF) y queda un séptimo para lo que resta del año.
Caliente y lista
Cabrera recordó que en el presente período se regresó a la modalidad de comida servida en la escuela, porque garantiza que los alimentos los consuman los estudiantes, a quienes están dirigidos.
Agregó que hay casos en los que todavía se entregan bolsas de víveres, ya que algunos planteles carecen de espacios adecuados para preparar la comida.
Sin embargo, se trabaja en el remozamiento de estas áreas y se pide apoyo a las municipalidades para construirlas, en caso de que las escuelas no tengan estos recintos.
“El ministerio ha orientado que se sirvan los alimentos en los establecimientos de enseñanza, siempre que sea posible, porque el impacto es más grande en la nutrición de los niños”, señaló el funcionario.
Desembolso puntual
Por su parte, Wendy Cardona, presidenta de la OPF de la Escuela Oficial Rural Mixta, en El Renacimiento, Villa Nueva, confirmó que esta instancia ha recibido puntualmente los desembolsos para la compra de alimentos, ya que esta organización es la encargada de determinar la cantidad, el precio y tipo de productos a comprar.
Para ello, deben tomar en cuenta los menús que previamente estableció el Mineduc. Estas instancias familiares también tienen la potestad de seleccionar a los proveedores, pero deben priorizar a los registrados y acreditados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Además, dar preferencia a los que se encuentran en la misma jurisdicción de la escuela en busca de impulsar una economía local. No obstante, si no hubiera proveedores en el lugar, se podrá tomar en cuenta a otros, siempre que estén registrados oficialmente.
El MAGA remarcó que la dotación de productos para el Programa de Alimentación Escolar dinamiza el comercio de los agricultores, en especial los de pequeña escala. Se documenta la participación de 1 mil 141 cultivadores.
“Quienes están registrados en el PAE vendieron a las OPF un estimado de 405.7 millones de quetzales en los primeros cuatro desembolsos de este año. La cifra representa un impulso económico para las comunidades agrícolas”, detalló el citado despacho.
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Misión resalta desafíos en renovación de Cortes
Informe preliminar de comisión de OEA destaca retrasos, conflictos de interés e inclusión de candidatos que figuran en la Lista Engel y señalados por corrupción
Serios desafíos, riesgos y demoras que ponen en riesgo la legitimidad y transparencia de la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), advierte la Misión Especial de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acompaña la renovación de togados en su informe preliminar.
El grupo, conformado por Rosa Celorio y los abogados Rodolfo Pisa y Luis Marrey, ha seguido de cerca el proceso desde mayo de 2024. En conferencia de prensa, ayer, mencionaron que uno de los aspectos más preocupantes es la participación de 11 personas señaladas en la Lista Engel, sancionadas por actos de corrupción, que entregaron sus expedientes para ser considerados como candidatos y que siguen en el proceso.
Además, resaltaron el conflicto de interés de 33 comisionados que se postularon, lo que ha afectado la transparencia del trabajo de las instancias. Además, hicieron evidentes los retrasos enfrentados debido a diferencias sobre la sede de las sesiones y la falta de acuerdos entre los delegados, en detrimento del cronograma inicial.
Refuerza demanda
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que este informe refuerza el deseo de los guatemaltecos por una renovación de Cortes y justicia independiente en el país.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que el Congreso de la República sea un filtro más para evitar que personas con señalamientos lleguen a ocupar uno de estos cargos.
Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que el panorama no es positivo. “Estamos cayendo en el mismo pantano en el que estuvimos hace cinco y 10 años. No hay un cambio en la correlación de fuerzas y se mantienen activos los grupos que buscan usar las magistraturas para sus propios intereses”, explicó.
Además, hizo un llamado para que no se elija a candidatos conocidos por ser actores aliados de la corrupción, ni a magistrados que participaron en las comisiones, pues crean un conflicto de intereses. También se opuso a la reelección de togados que ya ocupan cargos en las Cortes.
Fuerte reto
José Chic, diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), resaltó el compromiso que todos los legisladores deberán tener al momento de evaluar y votar por los candidatos incluidos en los listados.
“No nos podemos dejar llevar por las calificaciones; hay personajes que recibieron cien puntos, pero eso no refleja su idoneidad, honorabilidad, capacidad y honradez, que es lo que debe priorizarse”, comentó. Chic también enfatizó el deber de los parlamentarios de valorar las tachas y señalamientos presentados por la sociedad civil y que no fueron tomados en cuenta durante la evaluación.
Los legisladores Alma Luz Guerrero y Román Castellanos, del partido Movimiento Semilla, coincidieron con la postura de Chic en cuanto a la necesidad de hacer público y de conocimiento del cuórum del Congreso las observaciones presentadas, así como las sanciones internacionales contra algunos candidatos.
“Vamos a votar por la gente más proba y capaz. Trataremos que las personas que han tenido malas prácticas en la justicia no lleguen. Haremos nuestra lucha para que las Cortes mejoren”, afirmó Guerrero.
Castellanos enfatizó: “Desde el Congreso existe la oportunidad de hacer una votación consciente sobre la elección de Cortes para que sean más independientes y apegadas a derecho”.
El informe de la OEA también subraya la falta de incentivos para la participación de mujeres e indígenas en el proceso, y en cómo los estándares internacionales de derechos humanos han sido desatendidos.
Asimismo, reitera la necesidad de garantizar la transparencia y la honorabilidad en la elección de jueces, enfatizando la importancia de la independencia judicial para consolidar la democracia en Guatemala.
Finalizan evaluación de expedientes
El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miquel Cortés, informó que se concluyó la evaluación de expedientes en la segunda parte de la quinta sesión. Se revisaron 312 documentos, de los cuales 113 no superaron la línea de corte de 73 puntos, quedando 199 postulantes.
Además, se recibieron pruebas de descargo y se escuchó al Movimiento de Reconciliación Nacional. La sexta sesión se realizará el 22 de septiembre para la votación final. La nómina se entregará al Congreso el 23 de septiembre, que decidirá quiénes integrarán la Corte Suprema por los próximos cinco años.
Algunas observaciones
• Retrasos significativos al conformar las comisiones y definir una sede.
• Baja representación de mujeres e indígenas.
• Período corto para recibir candidaturas.
• Inclusión de candidatos cuestionados y señalados de corrupción.
• Desestimación de tachas presentadas por la sociedad civil.
• Conflictos de interés por la participación de comisionados.
• Falta de transparencia al momento de calificar méritos éticos.
• Influencias externas y presiones políticas.
• Falta de criterios sólidos y estrictos para evaluar candidatos.
