NACIONALES
Continúan desacuerdos por disposiciones de la UNE contra sus diputados
Foto: cortesía Congreso
Por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) quedó en firme la separación de Adim Maldonado e Inés Castillo de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por lo que tendrían que ser declarados como diputados independientes; sin embargo, aún falta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirme la medida.
La UNE busca la expulsión de ambos parlamentarios desde enero pasado, luego de que los sancionados votaron a favor de la planilla de Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, para presidir el Congreso de la República.
Por su parte, Maldonado hizo un llamado a través de sus redes sociales a no tergiversar la información, pues aduce que “las personas (diputados) no quedan expulsadas automáticamente, hay todo un proceso obligatorio y se puede apelar”.
Agregó: “Le recuerdo a la señora (Sandra Torres) que, ayer, el Pleno de magistrados del TSE le
notificó que por la vía administrativa le rechazó in limine un recurso de apelación. Esos abogados que tiene contratados en el Renap que la asesoren mejor”, expuso.
Foto: PNC
Una jornada de reforestación de 1 mil árboles de diferentes especies realizaron ayer elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y voluntarios en la aldea Llanos de Urbina, Cantel, Quetzaltenango.
La acción responde al programa Siembra de Árboles para mi País, en el cual participaron agentes de la División de Protección a la Naturaleza, el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, entre otras entidades. Asimismo, integrantes de las reservas militares, las municipalidades de Cantel y San Mateo, así como diferentes colegios y grupos organizados.
Foto: PNC
En cumplimiento con el plan Escuelas Seguras, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) brindan seguridad en centros de enseñanza, en apoyo a la comunidad educativa de varios municipios de San Marcos, informó la institución. Asimismo, la Comisaría de Quetzaltenango ofrece resguardo e implementa acciones preventivas en diferentes planteles con la participación de estudiantes y padres de familia.
Por cuánto es la solicitud de reajuste presupuestario y cómo se invertirán los recursos económicos fueron los temas principales que ayer dieron a conocer los ministros de Agricultura, Trabajo, Desarrollo Social y el titular del Instituto de la Víctima ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Legilativo.
Abelardo Pinto, jefe de la cartera de Desarrollo Social, explicó al salir de la reunión que se pide un reacomodo de 1 mil 200 millones de quetzales, de los cuales el 32 por ciento se destinará a programas sociales; 24.78 por ciento, para el Fondo de Desarrollo Social; 4.64 por ciento, para el Registro Social de Hogares, y el 37.9 por ciento, para el pago a los veteranos militares contemplado en la Ley Temporal de Desarrollo Integral.
“Existe una gran necesidad de la población y nosotros en este momento solo contamos con el presupuesto para cubrir con los beneficiarios que actualmente tiene cada uno de los programas. Hemos venido a explicar eso”, afirmó el funcionario.
Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, indicó: “Venimos a plantear las necesidades claras que tiene la institución para poder servir a la población. Estamos trabajando con un personal sumamente reducido, únicamente tenemos seis sedes a nivel nacional. Eso se debe a que nuestro presupuesto es muy bajo, que se va básicamente en ejecución y pago de salarios”.
