EN EL PAÍS
El Gobierno apuesta al diálogo como solución
El Gobierno le apuesta, como en otros casos relacionados con el tema de tierras, al diálogo para la solución de un supuesto desalojo de no menos de 2 mil pobladores en 4 comunidades de Zacapa, aseguró el presidente Jimmy Morales.
El Gobierno le apuesta, como en otros casos relacionados con el tema de tierras, al diálogo para la solución de un supuesto desalojo de no menos de 2 mil pobladores en 4 comunidades de Zacapa, aseguró el presidente Jimmy Morales.
Pobladores de las comunidades de Pasabien, Santa Rosalía Mármol, Agua Caliente y San Lorenzo, Río Hondo, Zacapa, aseguran ser los poseedores de las tierras aludiendo a que sus generaciones han vivido no menos de 100 años en el área. No obstante, la finca es reclamada por Rafael Oliveros, quien habría pedido la expulsión de los comunitarios.
“Creo que todo tiene solución, y de manera pacífica. El tema catastral y de registros de propiedad en Guatemala es un problema añejo; tendremos que sentarnos a dialogar para hallarle solución”, consideró el gobernante.
En este sentido, la mesa para abordar el caso se instaló el 14 de marzo, con la participación de los comunitarios, la Municipalidad de Río Hondo, los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación y Agricultura, así como la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación, el Registro de Información Catastral (RIC) y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), detalló Rocael Cardona, coordinador de la Comisión Presidencial de Diálogo.
Consensos
“Entre los acuerdos que ya se alcanzaron está la no expulsión de los pobladores y que cada una de las partes compruebe sus argumentos. Asimismo, se consensuó la coordinación entre la PNC, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Copredeh, para que, en caso de un desalojo, se garanticen los derechos de las personas, además de coordinar cualquier acción dentro del marco de la Ley”, resaltó Cardona.
Carlos Morán Pop, titular de la SAA, entidad que tiene entre sus funciones la implementación de políticas y la gestión del mejoramiento del ordenamiento jurídico e institucional del ámbito agrario, comentó que ahora tocaría al RIC, que tiene el ordenamiento jurídico, realizar un estudio registral y catastral para determinar en qué áreas están ubicadas las comunidades.
Para coadyuvar en las soluciones de los problemas de la tenencia de tierra, “en la SAA partimos del respeto a la propiedad privada legal y legítimamente validada, sin menospreciar el derecho que asiste a los pueblos indígenas en cuanto a sus métodos, culturas, tradiciones y formas de poseer la tierra, siempre y cuando, también, esté debidamente sustentada”, afirmó Morán.
Casos similares
El Presidente recordó cómo al segundo día de este gobierno pobladores tomaron un área cerca de la Hidroeléctrica Chixoy; caso similar se dio en el Polochic y Poptún. “Antes de un desalojo violento llegamos a dialogar, y se encontró la solución pacífica”, dijo.
En el tema del Polochic, en Alta Verapaz, “fue por un problema que se dio desde 2009, en donde el Estado se había comprometido a impulsar algunas acciones que nunca hizo. Ya dimos pasos en la solución, incluso de asignación de los recursos para la compra de una finca que se necesita para poder ubicar a estas personas”, aseguró.
Sobre ese inmueble, la Secretaría de Asuntos Agrarios está coordinando con el Fondo de Tierras la adquisición de la Finca Tucurú, por Q5 millones, que beneficiará a 81 familias del área en mención.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un comunicado del 4 de marzo, instó a atender a la población rural, considerando que el 60 por ciento de esta depende de actividades agropecuarias.
En concordancia con el tema, el Acuerdo Gubernativo 196-2009, Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, establece priorizar a la población rural, especialmente la que está “en situación de pobreza y pobreza extrema, con prioridad en los pueblos indígenas y campesinos con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra”.
La población estudiantil representa un factor vital en la prevención del dengue, ya que reforzar conocimientos sobre esta enfermedad a los alumnos puede salvar vidas.
Lo aprendido en clase a través de la orientación del personal salubrista, permite replicarlo en sus hogares y comunidades.
Esto se reflejó en establecimientos educativos de Coatepeque, Quetzaltenango, así como Catoxá, Chacté, Petén.
A los estudiantes se les capacita de que evitando acumulación de chatarra, botellas, y llantas se puede contrarrestar el dengue.
Mantener limpios los entornos las casas, centros educativos, en el trabajo y lugares de mayor concentración de personas, permite evitar la presencia del mosquito transmisor.
Además, aprendieron sobre la limpieza de pilas, toneles, tanques y recipientes para almacenar agua, con lo cual se evitará la presencia de larvas y la reproducción del zancudo.
Con el propósito de fortalecer la agricultura familiar, impulsar la producción de alimentos y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN), Klemen Gamboa, entregó el Bono Campesino a 974 pequeños agricultores y agricultoras del municipio de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango.
La agricultura familiar es esencial para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, ya que permite a las familias producir sus propios alimentos y generar ingresos.
En este contexto, el Bono Campesino, que incluye 1 libra de lombricompost (fertilizante), un kit de herramientas agrícolas y un kit de semillas de hortalizas, brinda un apoyo clave para que estas familias puedan mejorar su producción.
El kit de herramientas agrícolas contiene machete, lima, azadín y rastrillo, las cuales son fundamentales para que los agricultores puedan realizar actividades como limpiar, cavar, recolectar y preparar la tierra de manera eficiente.
El kit de semillas incluye las variedades de ayote, cebollín, cebolla, güicoy, zuchinni, espinaca, tomate, lechuga y cilantro lo que ofrece una diversidad de cultivos que contribuirán a la nutrición y seguridad alimentaria de las familias.
Del 24 al 27 de septiembre, en Oratorio, Santa Rosa, será el lugar donde la población podrá acceder a diversos servicios ofrecidos por 20 instituciones.
En esta ocasión, la jornada móvil de servicios integrados estará disponible el 24, y 26 de septiembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el 27, el horario de atención será de 8:00 de la mañana a 12:00 horas, brindando una amplia gama de trámites e información.
El Instituto Guatemalteco de Migración se sumará a esta actividad proporcionando información sobre servicios migratorios a los extranjeros residentes en ese departamento del suroriente guatemalteco. Entre los temas que abordará están los requisitos para residencias temporales o permanentes, actualizaciones de datos, solicitudes de visas y se brindará información sobre el proceso de solicitud de certificaciones de arraigos y movimientos migratorios en línea.
Esta jornada tiene como propósito facilitar el acceso a servicios estatales de manera más cercana a la comunidad. Además de Migración, participarán instituciones como RENAP, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la SAT, entre otras.
