NACIONALES
Comisionado Palomo llega a declarar hoy al MP
Por requerimiento del Ministerio Público (MP), hoy, a las 9:00, el titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, se presentará a la entidad investigadora para declarar como testigo en una denuncia por supuestos pagos anómalos a contratistas, efectuados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
Según Palomo, acudirá para dar su testimonio en el proceso, debido a que hace tan solo una semana (22 de mayo), la exministra del Micivi, Jazmín de la Vega, dijo en su testimonio que había asistido a algunas reuniones institucionales en su calidad de funcionario.
“Asistiré con transparencia en mi calidad de funcionario público y cumpliendo con la ley. La citación no me sorprende. Continuaré con mi trabajo para impulsar políticas públicas que erradiquen la corrupción. Esperamos que con la misma rapidez con la que se me citó, también se aplique esa misma diligencia con otras denuncias”, agregó.
Por dicho requerimiento, el presidente Bernardo Arévalo manifestó su apoyo al funcionario en el procedimiento, y recalcó que Palomo no dudó en ponerse al servicio de los intereses del pueblo.
De acuerdo con el oficio del MP, Jazmín de la Vega manifestó que, mientras fungía como titular de la citada cartera, se reunió en distintas ocasiones con su persona para hablar de temas de corrupción.
La exfuncionaria fue destituida del cargo, por incumplir con procedimientos de pagos a empresas, confirmó en su momento Arévalo.
Para que más ciudadanos se unan a salvar vidas, ayer se lanzó el concurso No dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata de personas, que busca prevenir este delito que viola los derechos fundamentales de las víctimas.
La iniciativa consistirá en seguir a @secretariasvet y @publiledguate en Instagram, mencionar tres de las ubicaciones de las pantallas del circuito @publiledguate y etiquetar a cinco personas para que se sumen al combate del referido flagelo y repliquen la información.
El lanzamiento es un trabajo coordinado entre la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet) y la empresa PubliLed que se unió a la campaña Corazón Azul que implica la sensibilización masiva.
Danissa Ramírez, titular de la Svet, resaltó la importancia que más sectores se unan en la prevención y que no sea únicamente un compromiso estatal.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró arbitraria la privación de libertad del periodista Jose Rubén Zamora, aprehendido desde hace casi dos años.
Según señalaron medios internacionales que tuvieron acceso a la opinión de esa instancia, la detención es arbitraria y contraviene seis artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que pide al Gobierno de Guatemala que adopte las medidas necesarias para remediar la situación.
“El órgano de la ONU con más experticia en detenciones arbitrarias concluyó que la captura del señor Zamora fue resultado del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. Por ello no debería celebrarse ningún juicio”, dijo por medio de sus redes sociales José Carlos Zamora, hijo del periodista.
De acuerdo con la opinión del Grupo de Trabajo, aprobada el 19 de marzo por cuatro expertos internacionales independientes, con todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería ponerlo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparaciones.
Zamora fue aprehendido el 29 de julio de 2022, debido a una investigación del Ministerio Público (MP) donde se le acusaba de los delitos de lavado de dinero, señalamiento que él siempre ha
negado.
Asimismo, diversos organismos internacionales consideran su proceso un claro ataque a la libertad de expresión por las decenas de publicaciones en las que reveló actos de corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
NACIONALES
Califican de ilegal resolución de juez
De acuerdo con la ley, no es posible suspender de nuevo al Movimiento Semilla.
A pocos días de vencerse un año de la suspención del Movimiento Semilla (11 de julio), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó la ampliación del plazo, lo cual fue concedido de inmediato por el juez Fredy Orellana; sin embargo, Samuel Perez, diputado electo por ese partido, enfatizó que no hay ningún sustento legal para ello.
Orellana autorizó y sumado a ello se ordenó la inmovilización de las cuentas de la organización política.
“No se puede prorrogar una medida de este tipo más de un año, de acuerdo con la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta medida es completamente ilegal y fuera de lugar porque no tiene ninguna base en ninguna normativa”, afirmó Pérez.
El parlamentario no descartó interponer una serie de recursos legales para revertir dicha decisión. Con la nueva suspensión del partido político, los lesgisladores aún no puede recuperar derechos como presidir o integrar la Junta Directiva del Congreso, ingresar a sesiones de jefes de bloque y presidir comisiones de trabajo legislativas.
“Es un hecho preocupante porque son medidas supuestamente excepcionales; incluso, entiendo que la propia Ley Contra la Delincuencia Organizada lo prevé para una sola vez. Lo que demuestra es que el único interés de la fiscalía y de la judicatura es entorpecer el funcionamiento del partido de gobierno”, indicó Edgar Ortiz, abogado y experto en derecho constitucional.
También, señaló que Semilla tendrá que apelar la decisión judicial y que “tienen bastantes recursos al alcance” para dicho fin. Asimismo, Luis Cáceres, también de dicha agrupación, comentó que “ese ese es un golpe a la democracia que han intentado dar estos personajes, quienes han llevado a una situación muy complicada al país. Ellos representan a algunos intereses inescrupulosos”, indicó.
Artículo 84
El artículo 84 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada indica: “En los casos en que se debe solicitar la autorización o convalidación de las medidas precautorias, el fiscal deberá presentar solicitud fundamentando la necesidad de la medida, acompañando copia de los elementos de convicción que la justifiquen para el éxito de la investigación.
El fiscal debe indicar el término de duración de la medida solicitada y las especificaciones necesarias para concretarlas; en ningún caso la medida podrá exceder del plazo de un año”.
