ECONÓMICAS
Primeros 2 millones de quetzales de los Airbnb
Más de 2 millones de quetzales ha recibido la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por parte de personas con negocios de hospedaje con la aplicación Airbnb. Los contribuyentes han llegado a las cajas fiscales a ponerse al día y saldar el pago de impuestos, informó el jefe de esta entidad,
Marco Livio Díaz.
Hace un mes, la SAT descubrió 2 mil 659 negocios que, en teoría, habrían tenido ingresos por 109 millones de dólares estadounidenses entre 2022 y 2023. Durante esos años alojaron a cerca de 250 mil huéspedes, a quienes no les extendieron factura por los servicios prestados.
“Seguimos atendiendo a toda la población que se está acercando a pagar, y el que no venga, lo tendremos que fiscalizar y multar”, advirtió.
El valor de los tributos a recaudar de este sector es de aproximadamenteQ100 millones de quetzales; quien se rehúse podría recibir medidas de hasta embargo de propiedades, según el plan de la SAT.
De acuerdo con la Superintendencia, 7 mil 242 inmuebles fueron arrendados por medio de la plataforma digital. En Guatemala, Sacatepéquez, Sololá, Escuintla y Santa Rosa funcionan más de estos comercios.
ECONÓMICAS
Contribuyentes se burlan del fisco
En 2023 hubo evasiones millonarias tanto de ISR como del IVA.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló ayer un estudio, según el cual en 2023 no pudo cobrar todo el impuesto al valor agregado (IVA) que debía, pues el 24.8 por ciento eludió el pago.
Tampoco logró captar ni siquiera el 50 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR). Solo recaudó el 30 por ciento de ese tributo; el 70 por ciento no llegó a las arcas fiscales.
El IVA no recolectado fue por 14 mil 571.5 millones, mientras que del ISR fueron 30 mil 618.2 millones.
30 mil 618.2 millones por ISR no pudo cobrar la SAT en 2023.
Los agujeros
El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, aseguró que se identificó más evasión del IVA y un poco menos en el caso del ISR. La burla al fisco se registra mayormente por medio del comercio en línea y toda la actividad informal relacionada con las compras que hacen las personas que reciben remesas.
Las autoridades detallaron que continuarán con las acciones administrativas para reducir estas cifras, por medio de programas permanentes y la promoción del uso de las facturas electrónicas.
Edgar Balsells, exministro de Finanzas Públicas y experto en la materia, le dio la razón a las autoridades de la Superintendencia. Según él, hace falta más auditorías sobre el sector formal, pues es el que más elude, mediante simulaciones de compras o “con empresas de cartón”.
Por ahora, la entidad dijo estar preocupada porque nota una desaceleración en lo recaudado. “Lo hemos visto a junio, ya que por IVA no se logró recaudar el monto previsto, en comparación con el año pasado”, concluyó Díaz.
Llaman a pagar impuesto de circulación
La SAT hizo un llamado para que los contribuyentes paguen en julio el impuesto sobre circulación de vehículos, aprovechando que reciben el bono 14. Se han obtenido por este tributo 588 millones de quetzales, de 1 mil 22 millones previstos, citó.
Por medio del Decreto 13-2024, el Congreso de la República aprobó el 20 de junio la ampliación del plazo para hacer el pago hasta el 30 de septiembre.
Díaz explicó que esta normativa no ha sido sancionada y publicada en el Diario Oficial, por lo que no pueden hacer las gestiones correspondientes para ajustar las plataformas requeridas, las cuales se bloquean al terminar el plazo.
Según datos de la SAT, el parque vehicular activo es de 5 millones 478 mil 296 unidades. La entidad estipula multas del 100 por ciento del impuesto omitido, además del pago de los intereses, por lo que el objetivo de esta medida es evitar que los propietarios enfrenten recargos.
ECONÓMICAS
Ligera baja de créditos con tarjetas
Emisores se preparan para ajustarse a la nueva normativa que cobrará vigencia el 1 de septiembre.
El monto de la cartera de préstamos con tarjetas de crédito mostró una ligera contracción entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. El valor pasó de 9 mil 103.8 millones a 8 mil 025 millones de quetzales (-2.5 por ciento). Sin embargo, las entidades se preparan a marchas forzadas para cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley de Tarjetas de Crédito, que cobrará vigencia a partir del 1 de septiembre de 2024.
Miembros de la Gremial de Emisores de Medios de Pago (GEMP) anticipan que no habrá efectos negativos en este sector, pues la nueva legislación fue diseñada para proteger al usuario.
4 millones de tarjetahabientes es la cifra aproximada en Guatemala.
En ese sentido, Juan Bernardo Rivera, miembro de este conglomerado, reconoció que la normativa es sana para el mercado, no como la promulgada en 2016, la cual establecía tasas de interés límites, una medida que, según él, reñía con la Constitución Política de la República.
Por lo pronto, según Rivera, las compañías emisoras trabajan en sus sistemas operativos y en la planificación de las condiciones fijadas en el reglamento publicado en mayo recién pasado. “Trabajamos en los requerimientos que necesitan ser atendidos, a nivel operativo, y no consideramos que este sector vaya a sufrir alguna contracción”, afirmó.
A su vez, admitió que la norma fue ampliamente consensuada con el Ministerio de Economía (Mineco). “Es una ley muy técnica que nos obliga a dar mayor información al público, a ser más transparentes; tampoco se fijan tasas de interés como la de 2016”, manifestó.
Novedades
Según el reglamento, publicado el 28 de mayo, ahora las compañías responsables de comercializar estos medios de pago tendrán que evaluar con más detalle a las personas, antes de extenderles un plástico, para no abrirles la puerta a sobre endeudarse. Deben considerar la capacidad económica que tienen. De igual manera, cuando se les ofrece extrafinanciamiento.
Se estipulan también que las entidades financieras deben calcular el pago mínimo de sus clientes sumando el dos por ciento de adeudo que tengan al momento del corte. Adicionalmente,
se les obliga a realizar campañas educativas sobre el uso de este medio.
También, según Rivera, los emisores tendrán que avisar a sus clientes, con 45 días de anticipación, en caso haya cambios al contrato inicialmente pactado con el cliente. Por ejemplo, si se sube la tasa de interés, el aviso tendrá que hacerse en ese período, explicó.
Asimismo, añadió que cuando una persona supere el 150 por ciento de su límite de crédito aprobado, se congela la tarjeta y se firmará un convenio, con el propósito de frenar esa carga al usuario. “Por lo demás, estamos satisfechos y no visualizamos ningún freno en esta industria”, concluyó.
De enero a mayo del presente año, el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon) hizo ajustes por 145.9 millones en aduanas y 19 millones de quetzales en mercancías decomisadas, resultado de 784 acciones conjuntas.
Este órgano está compuesto por los ministerios de Gobernación, Defensa Nacional, Finanzas Públicas, Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Salud Pública y Asistencia Social, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ministerio Público (MP) y el sector empresarial organizado.
Se informó que entre las labores ejecutadas destacan 64 operativos en ruta, 51 allanamientos y 62 intervenciones en aduanas.
Asimismo, se interpusieron 152 denuncias, de las cuales 122 se realizaron con el MP y las otras 30 con la entidad recaudadora de impuestos.
