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Japón valora activo diálogo con gobierno de Arévalo
Ambos países se comprometen a estrechar los apoyos en ámbitos bilateral y global.
Foto: EFE
Valores y principios como la democracia, libertad y el imperio de la Ley en Guatemala, que impulsa el Ejecutivo, a cargo del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, fueron reconocidos por el Estado de Japón.
En ese sentido, ambas partes se comprometieron ayer a estrechar la cooperación bilateral y global como naciones que comparten convicciones similares y ante la situación de Taiwán o los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.
Ello fue ratificado por los cancilleres guatemalteco y japonés, Carlos Ramiro Martínez y Yoko Kamikawa, respectivamente, en el marco de una visita oficial que realiza el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país a su contraparte nipona.
Martínez viajó a Tokio, luego de asistir en Taipéi a la ceremonia de toma de posesión del presidente de Taiwán, William Lai (Lai Ching-te).
Un socio importante
“Guatemala es un socio importante con el que Japón comparte ideales como la libertad, la democracia, el imperio de la Ley y la economía de mercado”, expresó Kamikawa. Recordó que ambas partes celebrarán en 2025 los 90 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.
La canciller valoró el “activo diálogo de alto nivel” establecido con la nación guatemalteca, encabezado por Arévalo y Herrera, y mostró su voluntad de “elevar el nivel de las relaciones bilaterales y desarrollarlas para el futuro”.
Por su parte, Martínez destacó que Japón es un país amigo, agradeció la cooperación en áreas prioritarias y anunció la voluntad del mandatario guatemalteco de aceptar la invitación nipona para visitar el país asiático el próximo año. El ministro también se refirió al ámbito multilateral en el que los dos estados “comparten los principios de respeto al derecho internacional, coexistencia pacífica y
desarme”.
Además, llevaron a cabo un canje de notas para oficializar los suministros que recibe Guatemala, con el fin de mejorar el abastecimiento de agua potable y de sistemas de alcantarillado.
La crítica situación vial del país, como consecuencia de las lluvias, fue presentada ayer por el Ejecutivo a jefes de bloque del Congreso de la República.
El ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, dijo que se requiere de un estado de calamidad para hacer frente a las emergencias “en esta temporada atípica, con pronóstico de recibir entre 25 y 50 por ciento más de precipitaciones”.
Después de la presentación a los diputados, en el Palacio Nacional de la Cultura, Alvarado subrayó el aspecto financiero como un obstáculo, que podría reducirse con la medida indicada.
El presidente Bernardo Arévalo ha enfatizado la urgencia de atender incidentes como el socavamiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, y otros puntos viales como un derrumbe en la Ruta Nacional 14.
Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), existen 10 mil puntos carreteros vulnerables al invierno.
Nery Ramos, presidente del Parlamento, coincidió en que han ocurrido desastres en el país y espera que la propuesta de un estado de calamidad llegue la próxima semana al Legislativo.
Karina Paz, primera secretaria de la Junta Directiva del Congreso, destacó que de ser solicitado y aprobado, el estado de calamidad permitiría también prever situaciones de emergencia en el resto de la temporada de invierno. “Vamos a estar bajo la lluvia varios meses”, agregó.
Jorge Villagrán, del bloque legislativo Azul, dijo que la propuesta es razonable, pues daría un margen de acción a las instituciones, a fin de atender cualquier emergencia por el temporal en el territorio nacional, aunque adelantó que cuando llegue al Congreso la solicitud debe ser analizada a fondo.
Foto: PNC
En un esfuerzo por mejorar la seguridad en el Hospital Roosevelt, la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades del Ministerio de Salud coordinaron acciones preventivas que garanticen el resguardo de pacientes, personal médico y visitantes.
En ese sentido, jefes de la Comisaría 14 y División de Protección a Personas y Seguridad (DPPS), de la PNC, se reunieron para analizar la vigilancia en las áreas de mayor riesgo y la implementación de controles de acceso más rigurosos en el centro asistencial.
Luis Chávez, director del citado hospital, expresó que debido a los hechos de los últimos días, cuando fue capturado un pandillero que supuestamente cometería un atentado en el recinto, se solicitó aumentar el número de policías. El galeno afirmó que se intensificaron los registros a los visitantes, a fin de proteger a personal y ciudadanos.
Por su parte, el Ministerio de Salud subrayó la importancia de una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidente que comprometa la integridad de las personas en el lugar.
La jefatura de la Comisaría 14 reafirmó el compromiso de la PNC de colaborar con el personal de Salud y del Roosevelt. Se acordó hacer patrullajes más frecuentes, establecer puntos de vigilancia estratégicos y promover la capacitación del personal en materia de seguridad y manejo de emergencias.
La ampliación a la tarifa social de electricidad, aprobada por el presidente Bernardo Arévalo, se verá reflejada en los recibos de consumo de junio, los cuales llegarán a los usuarios en la primera quincena de julio.
Así lo informó el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Víctor Hugo Ventura, quien agregó que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) deberá comunicar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) la aplicación del
beneficio.
A partir del 1 de junio, los guatemaltecos que consuman no más de 100 kilovatios hora al mes serán favorecidos con un aporte para la tarifa social por parte del Ejecutivo, el cual se otorga debido al alza de precios de los productos derivados del petróleo en el ámbito mundial.
La tarifa social surgió, precisamente, como una necesidad de alivio en el gasto de energía para las familias de menores ingresos, afirmó el funcionario en su momento.
Ventura resaltó que este aporte se otorgará con fondos del presupuesto designado para el MEM. En este sentido, se espera financiar con presupuesto del gobierno central, que será de alrededor de 135 millones de quetzales al año y unos 10 o 12 millones de quetzales
mensuales.
