NACIONALES
Pesquisidores fueron electos
Diputados determinarán si proceden los señalamientos contra magistrados del TSE.
Ayer quedaron establecidas las comisiones pesquisidoras que evaluarán las solicitudes de antejuicio en contra de magistrados titulares y un suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE); las peticiones fueron presentadas el pasado 9 de abril ante el Congreso.
Los diputados electos, por medio de sorteo, que analizarán la documentación 246-2023 son Luis Cáceres, electo por Movimiento Semilla, que la presidirá; Román Castellanos, electo por Movimiento Semilla; Mario Gálvez, de la UNE; Rodrigo Pellecer, de Elefante, y Mynor de la Rosa, Vamos, quienes revisarán el proceso contra Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, en su calidad de titulares, denunciados por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que cuestionó las actas de la segunda vuelta electoral y puso en duda los resultados finales.
Al respecto, Cáceres señaló que cumplirán con determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas, y agregó que en el plazo que la ley otorga se llevarán a cabo las diligencias, con el fin de escuchar a las partes involucradas y entregar un informe circunstanciado al Pleno.
5 parlamentarios fueron seleccionados para cada comisión.
Se reunirán
“En las próximas horas estaré convocando a la comisión para establecer un cronograma de trabajo y así poder realizar un proceso transparente y abierto”, dijo el parlamentario.
La segunda comisión pesquisidora por el expediente 227-2023 estará presidida por Christian Martínez, de Vamos; Luis López, UNE; Nery Rodas, Cabal; Luis Ventura, electo por Movimiento Semilla, y Gerardin Díaz, de Valor. Le darán seguimiento al proceso contra los magistrados titulares Franco y Palencia, y del suplente Álvaro Cordón Paredes.
A través de esta denuncia fueron señalados por aceptar la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado, pese a que fue condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos, sin tomar en cuenta criterios de honorabilidad e idoneidad.
Existen pláticas para que el Hospital General San Juan de Dios (Hospigen) utilice un área del Centro Médico Militar (CMM) y de esa manera paliar la sobrecarga de demanda de atención médica.
La intención es que se pueda acceder a “un espacio para 36 camas que prácticamente serían para fortalecer” al Hospigen, afirmó Linda Valencia, viceministra de Hospitales, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Es posible, agregó la entrevistada, que de concretarse la iniciativa se envíen a ese lugar pacientes de medicina interna. De acuerdo con lo hablado, el centro asistencial militar proporcionaría el espacio físico y el MSPAS aportará el equipamiento, insumos médicos quirúrgicos y el personal.
La viceministra Valencia “nos invitó a un grupo de médicos para ir a conocer las instalaciones del nosocomio militar porque se va a iniciar un convenio para que nos ayuden con una parte del área física”, señaló Erika Pérez, directora del Hospigen.
También, calificó “de positivo el proyecto”. Además, comentó que, actualmente, hay traslados de pacientes hacia centros asistenciales de La Antigua Guatemala, Enfermedades Respiratorias y de la 13 calle de la zona 1.
Estos enfermos no están en condiciones graves y pueden ser atendidos más rápido en los mencionados lugares, porque aquí, por las emergencias del día a día, se va retrasando la asistencia de quienes no están en riesgo”, agregó Pérez.
Convenio con IGSS
El 19 de abril del año en curso, la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aprobó un convenio con la cartera de la Defensa para la prestación de servicios de hospitalización en el centro médico militar.
Estos incluyen “encamamiento de medicina interna, suministro de oxígeno, exámenes de diagnóstico y servicio de almacenaje, por un plazo de tres años, comprendidos del 30 de abril de 2024 al 29 de abril de 2027”, indicó el Seguro Social.
NACIONALES
Improbación de Estado de calamidad fue un error
Se perdió la oportunidad de mejorar las condiciones para combatir incendios, indican ambientalista y diputados.
Giovanni Pérez y Gustavo Villagrán
Redacción
La crisis ambiental causada por los incendios en el ámbito nacional ha generado preocupación en sectores ambientales, legislativo y de Gobierno.
ese sentido, lamentaron que se haya perdido la oportunidad de mejorar el combate de estos fenómenos, debido a la no aprobación del Estado de calamidad solicitada por el Ejecutivo en abril de 2024.
Jorge Grijalva, del equipo técnico de Fundación Madre Selva, indicó que la medida es necesaria, pues los siniestros aumentaron y hay instituciones involucradas en las tareas de sofocamiento de las llamas que carecen de fondos, porque aunque reciben donaciones, estas sufren atrasos.
“No haberla aprobado fue un error de los legisladores. Creo que en otras emergencias a futuro, como el efecto del fenómeno La Niña, el Gobierno también debe estar preparado para atender eventuales crisis”, comentó Grijalva.
Andrea Villagrán, parlamentaria electa por el Movimiento Semilla, manifestó su preocupación porque el Congreso no avaló lo solicitado, pues hay limitantes para combatir los eventos.
“Los estados de calamidad permiten contar con más recursos en tiempos cortos, lo que nos pudo haber generado mejores condiciones para atender las quemas”, afirmó la dignataria.
Agregó que la época de lluvia, además, les genera preocupación, por lo que no descarta la posibilidad de discutir una nueva solicitud en el Legislativo. Por su parte, Mercedes Monzón, también diputada de Semilla, expresó que es difícil apagar incendios de grandes proporciones con solo un sistema bambi bucket o bolsa para transportar agua.
Monzón resaltó que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tenía contemplado adquirir dos más de estos equipos. Expertos se reunieron ayer por la tarde en el Palacio Nacional para analizar la capacidad de respuesta, mitigación y niveles de contaminación.
Educación suspende actividades al aire libre
Hasta ayer por la tarde, la calidad del aire de la capital y sus áreas de influencia era “extremadamente mala” y se consideraba en condición de emergencia para toda la población que puede ser afectada, según un informe de la Sección Calidad del Aire y Agua, del Departamento de Recursos Hídricos, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Por esa razón, el Ministerio de Educación ordenó suspender actividades al aire libre en los centros de enseñanza en el departamento de Guatemala. La citada cartera indicó que analiza las acciones a seguir en las próximas horas en conjunto con el Ministerio de Salud, Insivumeh y la Conred. “Las clases presenciales continúan y los docentes deben seguir ofreciendo los aprendizajes a los estudiantes”, concluyó.
Vecinos de las zonas 6, 10, 14, 15 y 16 manifestaron preocupación por la tala de árboles en áreas públicas y de reserva ecológica, en el caso de algunos proyectos de construcción que pueden afectar sitios históricos, y demandan a las autoridades tomar medidas al respecto.
Las denuncias fueron presentadas ante el Concejo Municipal, condensadas en un oficio firmado por los concejales octavo, Ninotchka Matute, y noveno, Oscar Girón, quienes solicitaron se revisen los criterios comunales de las licencias para cerciorarse de si están alineados con los estándares respectivos.
Matute explicó que son varios casos con cientos de firmas que piden la regulación de los procesos y atender de forma proactiva para encontrar la manera de resguardar los espacios naturales y servicios ambientales, con regulaciones que puedan aportar control a la desmedida destrucción.
Girón señaló que los residentes apuntan que no se respeta su opinión. “No solo debemos proteger los árboles que existen sino generar un plan para una ciudad más verde”, enfatizó.
Por su parte, la síndico segundo, María Cruz Urrutia, aludió que la primera puerta que se tiene que tocar es con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ya que la responsabilidad no puede recaer solo en la comuna.
