EDITORIALES
Lucha contra el narco dejó resultados visibles
En el informe de seguridad ciudadana, que el Gobierno presentó a las autoridades electas, destaca el apartado sobre el combate al narcotráfico, el cual visibiliza los resultados que los ministerios de Gobernación (Mingob) y de la Defensa (Mindef) alcanzaron entre 2020 y 2023.
En síntesis, el documento concentra los golpes a los cárteles del crimen en dos rubros: decomiso de drogas, bienes y efectivo, y erradicación de plantaciones de marihuana, amapola y coca. El primero se cotiza en Q3.7 millardos, mientras que el segundo, en Q6.4 millardos, lo que supera los Q10.1 millardos.
Pero más allá de la cuantificación material, cuya importancia no puede cuestionarse, destaca los beneficios sociales que implican las acciones. Por citar uno, tal vez el más importante, es que el Organismos Ejecutivo, por medio de sus instituciones, evitó que la producción y comercialización de estupefacientes llegara a los connacionales; en especial, a niños y jóvenes.
A ello hay que agregar que, en el período citado, se registraron 6535 capturas vinculadas con estos crímenes; 111 de ellas, con órdenes de extradición. Es decir, que no solo se debilitaron sus capacidades de fabricación, sino las operativas y financieras.
Adicionalmente, el Organismo Ejecutivo mantiene estratégias para identificar pistas clandestinas, que guiaron la destrucción de 64 espacios que permitían el ingreso de aeronaves, presuntamente, cargadas con mercancía ilegal.
Además, este esfuerzo combinado entre las carteras citadas ha reducido el aterrizaje de avionetas, las que pasaron de 41 en 2020 a 3 durante este año.
Lo cierto es que como describe el eje de Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, de la Política General de Gobierno 2020-2024, la administración que lidera el presidente Alejandro
Giammattei ha fortalecido el Estado de derecho, lo que redundó en la mejora de la convivencia pacífica y generó condiciones favorables para la inversión.
Es usual escuchar decir a padres de familia que la única herencia que le dejarán a sus hijos es el estudio. Claro, en estos tiempos es imposible que niños, jóvenes y adultos no dimensionen las ventajas que conlleva la adquisición de conocimientos. Hoy, pocas personas se atreven a contradecir que apostar por la enseñanza es construir el futuro.
Desafortunadamente, Guatemala va en desventaja. La experiencia y resultados muestran que lejos de avanzar en la materia, en especial en el sector público, los anteriores gobiernos encontraron en el Ministerio de Educación (Mineduc) una máquina para hacerse de riqueza indebida. Algo triste, que implicó retrocesos en la matrícula y en la calidad educativa.
Hoy, la situación ha cambiado. También la mentalidad y prioridades de las autoridades. En este sentido, hay que destacar el papel que en esta revolución de la enseñanza desempeña la vicepresidenta Karin Herrera, una persona con una trayectoria académica incuestionable y un prestigio indiscutible en el sector docente. Igual reconocimiento deben tener el mandatario Bernardo Arévalo y Anabella Giracca, titular del Mineduc.
Es en este marco que se debe valorar la inauguración del primer Club de Ciencias en Guatemala. Un centro que busca despertar el interés, de niños y jóvenes, en la investigación, en el conocimiento. Uno de los 190 que el Gobierno proyecta abrir en 2024.
Dicha iniciativa, liderada por Herrera y por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), evidencia las motivaciones que hay detrás de quienes entienden que sin educación este país no saldrá adelante. Que saben que la ignorancia retrasa el desarrollo y la prosperidad de los pueblos.
Quienes ya peinan canas, que vivieron aquellos tiempos cuando se reprimía y castigaba el conocimiento, observarán con esperanza estos nuevos tiempos. Incluso, aquellos que huyeron de su patria por pensar y expresarse sabrán apreciar estos cambios. Ellos serán los principales portavoces de esta revolución educativa.
Porque, hay que entenderlo, la patria está cambiando. El país avanza. Crece. Hoy, el conocimiento se inculca. No se reprime.
Desolador. Contundente. Duro, pero cierto. El informe preliminar de los delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observan el proceso para integrar las Cortes, también es repetitivo en cuanto a sus reflexiones.
Como para la mayoría de guatemaltecos, es normal que a ellos les sea frustrante ver candidatos cuya reputación causa más pena que gloria. Que concita mayor rechazo que respaldo. Que genera más temor que esperanza.
El documento que la OEA hizo público ayer defiende el criterio de que las personas que lleguen a los puestos deben ser idóneas, con honorabilidad y un fuerte compromiso con los principios democráticos y el Estado de derecho.
De igual manera, repara en el hecho de que se hayan ignorado los cuestionamientos que pesan sobre varios aspirantes, en especial porque 11 de ellos figuran en la Lista Engel, donde Estados Unidos incluye a quienes considera “actores corruptos y antidemocráticos”.
Los temores de la Misión de la OEA fueron advertidos 24 horas antes por el presidente Bernardo Arévalo. Una selección objetiva y rigurosa pidió el jefe del Ejecutivo. El pacto de inmorales sabe que el tiempo se le termina y quiere conservar su poder real y fáctico en el sistema de justicia.
Está consciente que perdió su dominio en el Organismo Ejecutivo y, con él, su poder absoluto para disponer y repartir el erario. Además, ve que sus influencias en el Congreso mermaron, así que le apuestan a retener la mafia que impera en algunos juzgados y magistraturas.
Eso explica tanto descaro. Tanta desvergüenza. Tan poco pudor. Por eso la insistencia de los delegados de la OEA de pedir candidatos idóneos, honorables. Ajenos a los politiqueros y al crimen organizado. En el informe, la OEA tampoco olvida el papel del Ministerio Público.
Ni de sus persecuciones fantasiosas y recordó que el ente investigador citó a comisionados, aunque no tenían registros ni evidencias que respaldaran la apertura de procesos.
Por todo lo anterior, los observadores encuentran desafíos que representan un riesgo significativo en la selección de Cortes. Por eso, la ciudadanía está a tiempo de evitar la prolongación del pacto de mafiosos.
En el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones. Hay diputados que se resisten a ser instrumentos del pacto de corruptos y se les ve dispuestos a velar por el bien común. En fin, el Parlamento parece reinventarse. Y la ciudadanía lo está notando.
La primera señal puso en su sitio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La mayoría de legisladores hizo valer su determinación de aumentar la inversión social y volvió a aprobar un decreto anulado por el máximo tribunal del país. Con más votos. Similar ejercicio ocurrió con la Ley de Clases Pasivas del Estado, que contiene mayores beneficios para los jubilados, en su mayoría personas de la tercera edad.
Hoy, los dignatarios cierran filas a favor de las fuerzas civiles de seguridad. Un sector sobre el que pesa un prejuicio injusto, que ha invisibilizado muchas de sus necesidades y escamoteado sus derechos.
Ahora este organismo encamina una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), creada hace 27 años. Una iniciativa humana, que efectivamente pretende dignificar la labor de los agentes.
Por ejemplo, el anteproyecto contempla cambios en el régimen de Previsión Social Complementario, que incluye apoyo a las viudas e hijos menores de edad que perdieron a su progenitor durante la prestación del servicio. Además, se promueve asistencia especial a personal que haya quedado discapacitado por el cumplimiento de su deber.
De igual manera, proyecta mejoras salariales, un régimen más equitativo de escalafón y pone especial énfasis en el auxilio póstumo, así como maximiza la atención médica, la cual se extiende a padres, cónyuges y descendientes menores de 18 años.
Sin duda, el mundo cambia mucho después de 27 años y nuestras normativas deben estar a la altura, sobre todo en materia se seguridad ciudadana. Lo bueno es que en el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones y el ciudadano lo sabe.
