EN EL PAÍS
Comisión dictamina a favor del presupuesto
Plan de gastos 2023, enviado por el Gobierno, refuerza el desarrollo social inclusivo.
Foto: Cortesía Congreso
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió dictamen favorable de la iniciativa 6135, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023.
La iniciativa proyecta Q113.9 mil millones de gasto público y contempla asignaciones para el fortalecimiento de varias instituciones y el cumplimiento de decretos aprobados por el Legislativo.
El presidente de la sala referida, Cándido Leal, informó que el dictamen enviado a Dirección Legislativa tiene un aumento de Q1.6 mil millones, dadas las proyecciones de recaudación fiscal.
30 de noviembre es la fecha límite para la aprobación o improbación por el Pleno.
Explicó que los fondos añadidos responden a la urgencia de aumentar los presupuestos de seguridad ciudadana y de salud, así como para garantizar el cumplimiento de decretos aprobados por este alto Organismo del Estado.
Reiteró que el financiamiento provendría de la recaudación fiscal estimada en Q84.6 mil millones en 2023, que representa el 75.3 por ciento de gasto público de todo el año, “lo cual va de la mano con el 3.5 por ciento de crecimiento del producto interno bruto (PIB) estimado para el próximo año. De acuerdo con los diputados, dicho plan de gastos responde a una “visión de desarrollo de país, en el que los esfuerzos del Gobierno se concentran en definir programas y proyectos que permitan superar los rezagos económicos de Guatemala”.
A un año del inicio de las acciones por preservar el Estado de derecho, el Frente Amplio por la Defensa de la Democracia, conformado por estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac), locatarios del mercado La Reformita y vecinos de la zona 12 capitalina, reconoció ayer el liderazgo de los pueblos indígenas y movimientos civiles que, por más de tres meses, se plantaron frente al Ministerio Público (MP).
Entre el 2 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024, el MP fue el escenario principal de una manifestación histórica, convocada por siete pueblos ancestrales que exigían la renuncia de la jefa del ente investigador Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana, señalados de intentar anular las elecciones que dieron el triunfo al binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
“Se hace un reconocimiento a los pueblos originarios por los 106 días de resistencia y por estar presentes en favor de la democracia”, declaró Darwin Ramírez, representante estudiantil de la Facultad de Derecho de la Usac.
Los miembros del Frente anunciaron una marcha simbólica, mañana, para conmemorar la fecha, la cual partirá de la univeridad y conectará con el Periférico, a las 15:30 horas. Desde allí, se caminará hacia la calzada Raúl Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12, uno de los puntos que fueron bloqueados como medida contra los intentos antidemocráticos del MP.
La inspección para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad en el sistema aeroportuario, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), concluyó ayer por parte de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
“Tuvimos la reunión de cierre con los delegados que practicaron la auditoría”, confirmó Azucena Zelaya, directora interina de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La funcionaria refirió que hay que esperar para conocer el informe oficial y determinar las acciones correctivas que haya que hacer. El referido documento podría estar disponible en un plazo aproximado de dos meses, afirmó.
La evaluación busca determinar si se respetan los protocolos, lineamientos, y planes nacionales, entre otros, en materia de aeronavegabilidad. Durante la auditoría se inspeccionó si, por ejemplo, se hacen patrullajes en las instalaciones internas así como en los alrededores del aeródromo y si los usuarios pasan por los escáneres, para verificar qué artículos ingresan y cómo lo hacen.
La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la apelación promovida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (Usac), lo que obliga al Consejo Superior Universitario (CSU) a convocar, en un plazo no mayor de 15 días, a sesión para elegir Vocal I de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Esta decisión se da luego del fallo emitido el 23 de septiembre por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, en calidad de Tribunal de Amparo, otorgó un recurso a favor de Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y otros representantes del CSU. Esta resolución ordenaba que en un plazo de cinco días se convocara a dicha elección.
La presidenta en funciones, Karin Herrera, expresó que la decisión de la CC representa una oportunidad para fortalecer la democracia dentro de la casa de estudios. “Es tiempo de que la comunidad universitaria se reúna en torno al legado de nuestros líderes y mártires universitarios, construyendo juntos un futuro”, compartió.
